La Audiencia Nacional ordena investigar las maniobras policiales contra Miguel Urbán como parte de la guerra sucia contra Podemos

La Audiencia Nacional ha otorgado a Miguel Urbán, antiguo eurodiputado de Podemos, la condición de víctima en la investigación que el juez instructor Santiago Pedraz mantiene abierta sobre la guerra sucia urdida contra Podemos desde el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, miembro del Gobierno de Mariano Rajoy. La Sala de lo Penal ha concluido que el juez Pedraz, que dirige esas pesquisas, debe considerar a Miguel Urbán como perjudicado e indagar en el intento de implicarle en un caso de tráfico de drogas en 2016, cuando la formación política se encontraba en pleno auge y se multiplicaron las maniobras contra ella.

El pasado diciembre, el juez Pedraz rechazó la personación de Miguel Urban en la causa abierta sobre las maniobras contra Podemos, al considerar que sus pesquisas no tienen un “vínculo” con el “montaje policial” impulsado contra el exeurodiputado. Sin embargo, el exdirigente político recurrió esa decisión. La Fiscalía lo respaldó. Y, finalmente, la Sala de lo Penal le ha dado la razón. A través de una resolución fechada este 20 de marzo, avanzada por eldiario.es y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal corrige a Pedraz y otorga la condición de víctima al exparlamentario. En su dictamen, la Sala incide en que, cuando trataron de relacionar con un caso de narcotráfico, Urban ejercía “funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España”: “Lo que haría, aún si cabe, de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

La investigación contra Urbán se impulsó en enero de 2016, cuando el comisario José Luis Olivera, que está procesado actualmente por el caso Kitchen y que era entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), envió un escrito a la Fiscalía Antidroga sobre “el posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína”. Dicho documento apuntaba contra Urbán y se remitió en pleno apogeo de la guerra sucia contra Podemos: solo 10 días antes, la web Okdiario había publicado el falso informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima); y el secretario de Estado de Seguridad del PP y mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, andaba en ese momento reclamando trapos sucios de miembros del partido de Pablo Iglesias.

El comisario Olivera aportó al ministerio público una supuesta “nota informativa” policial (sin firma, ni sello, ni autor declarado), donde se relataba que un confidente aseguraba que Urbán había acudido a un pub del barrio madrileño de Malasaña cargado con 40 kilos de cocaína “procedentes de Venezuela” que quería cambiar por dinero para “financiar los gastos de campaña de Podemos”. La Fiscalía Antidroga abrió entonces unas pesquisas que declaró secretas y que, posteriormente, cerró tras no encontrar nada.

Los abogados de Urbán mantienen que esa “actuación policial” guarda una auténtica conexión con la guerra sucia contra Podemos que investiga el juez Pedraz. En su recurso, el eurodiputado incide en que la ejecutó el “mismo grupo de policías”, dependiente de Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en ese momento y considerado el muñidor de la policía patriótica. “Realizaron un auténtico montaje policial”, subraya el exdirigente de la fuerza política, que explica que, gracias a esa estratagema, pudieron acceder a sus cuentas corrientes y “justificar” búsquedas en bases de datos sobre altos cargos de la formación.

La Sala de lo Penal deja en manos del juez Pedraz la posibilidad de abrir una línea de investigación separada dentro de la causa para indagar sobre las maniobras contra Urbán.

En las pesquisas de Pedraz se acumulan pruebas sobre la guerra sucia activada contra Podemos entre 2015 y 2016, cuando varios mandos de la cúpula policial se afanaban en buscar presuntos trapos sucios de la formación: en esa época, por ejemplo, se elaboró y publicó el llamado informe Pisa, un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias; y se contactó con exmandatarios venezolanos para que declarasen contra la fuerza política —varios agentes viajaron incluso a EE UU (a costa de las arcas públicas)—.