Casi siete años después de la sentencia que condenó por sedición a nueve líderes del procés, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a destruir el material intervenido durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que sirvió como prueba en la investigación y en el juicio que se celebró dos años después. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal que juzgó el procés da luz verde a los Mossos para deshacerse de las urnas, las papeletas, los sobres, las actas y otros objetos y documentos recopilados por los agentes, pero les insta a conservar “una o dos muestras” de cada prueba y a enviarla a la sede del Supremo para que sea custodiada.
La Sala Penal da luz verde a la petición que formuló la policía autonómica
La Sala Penal da luz verde a la petición que formuló la policía autonómica
Casi siete años después de la sentencia que condenó por sedición a nueve líderes del procés, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a destruir el material intervenido durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que sirvió como prueba en la investigación y en el juicio que se celebró dos años después. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal que juzgó el procés da luz verde a los Mossos para deshacerse de las urnas, las papeletas y otros objetos y documentos recopilados por los agentes, pero les inst a conservar “una o dos muestras” de cada prueba y a enviarla a la sede del Supremo para que sea custodiada.
La decisión del alto tribunal llega a raíz de un oficio enviado a la Sala Penal por la Dirección General de Policía de la Generalitat, en el que solicitó a los jueces permiso para destruir el material intervenido durante la jornada del referéndum que dio origen a la causa judicial que acabó con condenas de prisión para exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, otros cinco miembros del Govern y LOS líderes de la ANC y Òmnium. La apertura de esa causa es también la que derivó de la salida de España del expresident Carles Puigdemont, a quien el Supremo mantiene procesado en rebeldía.
En la resolución de la Sala Penal, fechada el 14 de abril, los jueces establecen que la destrucción deberá desarrollarse en presencia de un letrado de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales, que deberá levantar acta y, una vez realizada, remitirla al alto tribunal, junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, “para que sean custodiadas en las dependencias” del Supremo.
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