Donald Trump volvió a hacer este lunes historia de la democracia estadounidense al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en crear un fondo de dinero público para recompensar a los suyos. En concreto, a aquellos que, según el Departamento de Justicia actual, al frente del cual está de manera interina Todd Blanche, que fue abogado personal de Trump, fueron “perseguidos” judicialmente durante los años de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).
El fiscal interino Blanche defiende en el Senado la decisión, que carece de precedentes y abre la puerta a que el presidente pueda pagar con dinero público a los insurrectos del 6 de enero de 2021 y otros aliados políticos
Donald Trump volvió a hacer este lunes historia de la democracia estadounidense al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en crear un fondo de dinero público para recompensar a los suyos. En concreto, a aquellos que, según el Departamento de Justicia actual, al frente del cual está de manera interina Todd Blanche, que fue abogado personal de Trump, fueron “perseguidos” judicialmente durante los años de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).
La medida fue recibida con una queja de 93 congresistas demócratas y críticas de que en realidad se trata de un “fondo para sobornos”. Aún hay muchos flecos sueltos en la propuesta; también quiénes serán sus beneficiarios, pero se da por hecho que en esa lista habrá participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 —1.500 de los cuales indultó el presidente en su primer día en el Despacho Oval—, así como el propio Trump, su familia y los que le acompañaron en su aventura de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, una derrota que aún se niega a admitir.
El fondo está dotado con 1.776 millones de dólares (1.530 millones de euros). Es un guiño a la independencia de Estados Unidos; se declaró en 1776, el 4 de julio hará 250 años. El anuncio llegó después de que Trump retirara su demanda —en la que exigía al menos 10.000 millones de dólares— contra Hacienda. Era una aventura judicial surrealista, en la que el presidente exigía daños y perjuicios a Estados Unidos, así que los abogados de uno y otro lado estaban a las órdenes del demandante.
“El aparato gubernamental nunca debería ser utilizado como arma contra ningún ciudadano estadounidense, y es intención de este departamento reparar los agravios cometidos anteriormente, garantizando al mismo tiempo que esto nunca vuelva a ocurrir”, declaró Blanche, fiscal general interino. “Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legítimo para que las víctimas de la ‘guerra jurídica’ [de Biden] y de la instrumentalización de la ley sean escuchadas y puedan solicitar reparación”.
“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.
Krugman no ha sido el único en criticar el plan. “Es pura corrupción”, sentenció el gobernador de California, Gavin Newsom, en una reunión de su partido en Washington, auspiciada este martes por el laboratorio de análisis Centro para el Progreso Estadounidense (CAP son sus siglas en inglés). “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros», añadió el político, destacado en la carrera para representar a los demócratas en las presidenciales de 2028.
“Se trata, seguramente, del acto más corrupto que [Trump] haya cometido hasta la fecha”, había insistido antes el congresista demócrata Robert Garcia (California) en el acto del CAP, mientras unas calles más allá, el presidente de Estados Unidos improvisaba una conferencia de prensa ante las obras para sustituir el ala este de la Casa Blanca, derribada sin avisar, por un salón de baile, cuyo proyecto le han parado en los tribunales. “Hay que sumarlo a todas sus operaciones inmobiliarias, a la venta de acceso a la Casa Blanca por parte de sus allegados, a sus manejos con criptomonedas, a la manera en que gestiona la política exterior —enriqueciendo simultáneamente a sus empresas—, a los fondos discrecionales multimillonarios gestionados junto a [su yerno] Jared Kushner… y la lista continúa interminablemente“.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró, en una rara muestra de disenso con el líder, que no es un “gran fan” de la idea, cuyos promotores quieren poner en la perspectiva de un fondo que en los tiempos de Barack Obama se bautizó como Keepseagle: entonces eran 760 millones de dólares para compensar reclamaciones por racismo institucional. “No tengo claro para qué exactamente piensan usarlo, dado que acaban de anunciarlo. Aunque no, no le veo el sentido”, dijo Thune a los periodistas en el Capitolio.
Tampoco está claro qué cinco personas formarán la comisión que designará a los merecedores de esas compensaciones. “No tengo ni idea”, admitió Blanche en una audiencia celebrada este martes en el Senado. Sí se sabe que Trump podrá despedirlos en cualquier momento, y que no cobrarán por ese trabajo salvo en concepto de “dietas, servicios administrativos, gastos de personal, viajes y otros apoyos que resulten necesarios”, según el Departamento de Justicia.
El fiscal interino anticipó que el fondo, que está previsto que expire el 15 de diciembre de 2028, en los estertores de la segunda presidencia de Trump, se someterá un “examen exhaustivo” en su paso por el Capitolio durante la aprobación del presupuesto. “Mi suposición es que, a juzgar por parte de la reacción adversa surgida desde que se anunció esto, se le prestará una atención considerable”, afirmó en el Senado.
Blanche —sustituto, al menos, de momento, de la fiscal general Pam Bondi, destituida por Trump por no hacer lo suficiente por perseguir a sus enemigos políticos— también sugirió que los legisladores republicanos cuyos registros telefónicos fueron incautados en 2023 por el fiscal especial Jack Smith podrían estar entre los compensados por el Gobierno. “En cierto modo, [aquello]. fue la peor forma de abuso por parte del Departamento de Justicia”, agregó sobre la orden que Smith dio como parte de su investigación sobre los intentos de Trump de revertir el resultado electoral a base de bulos y mentiras.
El anuncio de la creación del fondo para las víctimas de la “persecución política” no tardó en cobrarse su primera víctima. El principal asesor jurídico del Departamento del Tesoro dimitió el lunes. Hacía solo siete meses que Brian Morrissey había sido confirmado por el Senado. Todo indica que no fue capaz de pasar por la última maniobra de su jefe.
Feed MRSS-S Noticias
