El proceso de regularización de inmigrantes seguirá adelante. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el decreto aprobado en abril por el Gobierno y ha acordado que el proceso siga en marcha mientras resuelve los recursos presentados contra la norma, a la que ya han pedido acogerse más de medio millón de inmigrantes. La decisión la ha tomado la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras las cinco vistas que se han celebrado este viernes para debatir la petición cautelar de suspensión del proceso de regularización solicitada por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica). Tras tres horas de deliberación, los magistrados han negado la legitimación de estas asociaciones para recurrir, por lo que sus impugnaciones no se van a estudiar. El tribunal sí ha aceptado la potestad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del partido de Santiago Abascal para pleitear contra la regularización, pero ha desechado todos los argumentos que han esgrimido para suspenderla de forma cautelar, como el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral. Desde el Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado en una entrevista en la Cadena SER que la decisión del alto tribunal es “justicia frente a la irresponsabilidad de algunos”.
La Sala de lo Contencioso desestima la petición cautelar de la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones
El proceso de regularización de inmigrantes seguirá adelante. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el decreto aprobado en abril por el Gobierno y ha acordado que el proceso siga en marcha mientras resuelve los recursos presentados contra la norma, a la que ya han pedido acogerse más de medio millón de inmigrantes. La decisión la ha tomado la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras las cinco vistas que se han celebrado este viernes para debatir la petición cautelar de suspensión del proceso de regularización solicitada por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica). Tras tres horas de deliberación, los magistrados han negado la legitimación de estas asociaciones para recurrir, por lo que sus impugnaciones no se van a estudiar. El tribunal sí ha aceptado la potestad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del partido de Santiago Abascal para pleitear contra la regularización, pero ha desechado todos los argumentos que han esgrimido para suspenderla de forma cautelar, como el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral. Desde el Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado en una entrevista en la Cadena SER que la decisión del alto tribunal es “justicia frente a la irresponsabilidad de algunos”.
Las vistas que ha acogido la Sala de lo Contencioso-Administrativo se enmarcan en los recursos que habían presentado la Comunidad de Madrid, Vox y las tres asociaciones contra el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Estas sesiones no estaban destinadas a debatir el fondo del asunto (si la regularización es o no legal), solo si hay razones para paralizar el proceso de forma cautelar hasta que el Supremo resuelva las impugnaciones. Pero algunos de los recurrentes, como Vox y la Comunidad de Madrid, han cargado directamente contra la regularización, abundando en los argumentos con los que se están oponiendo políticamente al proceso. La Abogacía, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes han rechazado que existan esos riesgos, les han reprochado que se basen en “fuentes abiertas” y datos no contrastados y se han opuesto a que se paralice el proceso.
El Supremo ya rechazó en abril la suspensión urgente de la regularización de inmigrantes que habían reclamado las asociaciones ultras que han intentado recurrir la norma y que ahora han sido expulsadas del proceso. En aquella ocasión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo argumentó que no se daba el requisito de “especial urgencia” que exige la ley para adoptar una medida cautelarísima (sin audiencia previa del Ejecutivo) y ordenó tramitar la petición de suspensión cautelar del decreto por la vía ordinaria y dio 10 días a la Administración para que presente alegaciones.
Un tribunal de siete magistrados de la Sala de lo Contencioso ha escuchado durante más de cuatro horas este viernes los argumentos a favor de la suspensión del decreto, y los de la Abogacía y las dos asociaciones que defienden la regularización. Tras acabar la vista, los magistrados se han reunido directamente para deliberar y poder dar una respuesta rápida que pusiera fin a la amenaza de paralización que pendía sobre el proceso. Con ese fin, la sala ha anunciado su decisión en cuanto la ha adoptado, pero los autos en los que se recogerán sus argumentos no se publicarán hasta dentro de unos días.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado este viernes en una entrevista en Hora 25 que la decisión del Supremo de no paralizar cautelarmente la regularización “supone despejar el presente y el futuro de las personas que ya habían presentado la solicitud y mantiene la esperanza de todos aquellos que la van a pedir”. Saiz, que ha hablado de que “algunos han intentado poner piedras en el camino”, en referencia a Comunidad de Madrid, Vox, Hazteoír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, ha valorado la decisión del alto tribunal como una “buena noticia para la sociedad, para las personas, para las empresas…”. “Es justicia frente a la irresponsabilidad de algunos”, ha zanjado.
Los servicios jurídicos del Estado han rechazado durante la vista que la mera solicitud de obtener la regularización genere derechos que, en el hipotético caso de que el Supremo acabe anulando el decreto, sean irreversibles. La Abogacía ha contrarrestado también las acusaciones de “arbitrariedad” contra el decreto y ha rechazado que este pueda implicar la “entrada” de miles de inmigrantes, como ha sostenido el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que este viernes se ha puesto la toga para representar jurídicamente al partido. “Aquí no hablamos de entrada, sino de personas que a 1 de enero de 2026 estaban en España y pueden acreditar al menos cinco meses de residencia”, ha recordado el representante de la Abogacía, quien ha puesto el foco en que los migrantes en situación irregular tienen un déficit de acceso a derechos básicos como la sanidad.
Ese acceso a los servicios públicos es, sin embargo, una de las razones que han invocado Vox o la Comunidad de Madrid para pedir la paralización del proceso. “Son personas que van a ser demandantes de prestaciones, por lo que esos servicios se tienen que redimensionar de forma abrupta o se va a causar un conflicto social”, ha asegurado el letrado de la Comunidad de Madrid. “Se puede intuir el colapso que van a sufrir los servicios públicos”, ha asegurado. El abogado del Estado le ha acusado de exponer “ideas, posibles riesgos y situaciones sobre personas que ya residen en España”. “Con lo cual ya acceden a estos derechos; el problema es si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad de estas personas”, ha advertido.
El representante del Servicio Jesuita a Migrantes ha reprochado los argumentos del Gobierno de Ayuso, que considera contrarios a la protección de la salud pública. “No entendemos cómo la Comunidad puede no defender el derecho a la salud pública. Ya hemos sufrido con el covid el riesgo de no tener a todo el mundo con acceso a la atención sanitaria”. En el mismo sentido, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos ha recordado también que los solicitantes de asilo (que son un grupo importante de los que pretenden acogerse a la regularización) ya tienen derecho a la tarjeta sanitaria; y el resto son personas que, cuando accedan a la regularización, podrán trabajar y, por tanto, cotizar; además de niñas y niños. Según las cifras aportadas por esta letrada, la previsión es que el decreto saque a 147.000 menores de la situación irregular en la que ahora viven, por lo que paralizar el proceso tendría un impacto directo en la población infantil, en la que las tasas de irregularidad administrativa son superiores a las de adultos.
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