La UE está negociando en Bruselas con los talibanes para enviar de vuelta a afganos refugiados en territorio comunitario y esto ha suscitado un fuerte debate. Afganistán es un Estado donde las mujeres, las minorías y los opositores al régimen sufren una fortísima represión, pero la cuestión a debatir no es si Europa actúa mal o bien por deportar personas a un país seguro o inseguro, sino si esas deportaciones violan el principio de non-refoulement, o no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura o tratos inhumanos. En el marco del derecho internacional, este principio está recogido en la Convención de Ginebra de 1951, la Convención contra la Tortura y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros instrumentos.
Bruselas y sus Estados miembros impulsan acuerdos migratorios con países cuestionados por torturas, expulsiones ilegales y abusos, mientras exige respeto a los derechos fundamentales en su acción exterior
La UE está negociando en Bruselas con los talibanes para enviar de vuelta a afganos refugiados en territorio comunitario y esto ha suscitado un fuerte debate. Afganistán es un Estado donde las mujeres, las minorías y los opositores al régimen sufren una fortísima represión, pero la cuestión a debatir no es si Europa actúa mal o bien por deportar personas a un país seguro o inseguro, sino si esas deportaciones violan el principio de non-refoulement, o no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura o tratos inhumanos. En el marco del derecho internacional, este principio está recogido en la Convención de Ginebra de 1951, la Convención contra la Tortura y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros instrumentos.
Por otra parte, el de los talibanes no es el único Gobierno al que la Unión Europea condena por violar derechos humanos y con el que, al mismo tiempo, acepta negociar. Hay al menos otra media docena de países cuestionados por Naciones Unidas, organismos internacionales e incluso por la propia UE y sus Estados miembros que, sin embargo, firman acuerdos de cooperación bilateral cuando de control migratorio se trata.
La UE define su acción exterior por el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho y aplica un principio de condicionalidad: muchos de los acuerdos comerciales y de cooperación incluyen cláusulas vinculantes que permiten su suspensión si hay constancia de que se cometen violaciones graves de derechos humanos.
Esta es la letra de la canción, pero la melodía cuenta otra cosa. La UE, como tal, no ejecuta deportaciones directamente, sino que lo hacen sus Estados miembros. Sin embargo, tanto estos por separado como las instituciones europeas negocian y firman alianzas con países acusados de violar sistemáticamente derechos fundamentales.
En ciertos casos, el debate gira en torno al incumplimiento del principio de no devolución, mientras que en otros, las deportaciones no son el problema, sino el hecho de que Bruselas considere socios estratégicos a países que acumulan denuncias por violar derechos fundamentales. Estos son los más controvertidos:
Afganistán
El control de los talibanes ha sido condenado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que consideran inseguro el retorno. De hecho, tras el regreso del régimen fundamentalista en 2021, la mayoría de países europeos suspendieron las deportaciones, aunque ahora algunos intentan reactivarlas. Alemania, por ejemplo, lo ha hecho para aquellos con antecedentes penales y Austria está en ello. Suecia, Países Bajos y Finlandia son otros ejemplos.
En este sentido, hay una sentencia ejemplar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de marzo de 2026,D.M. contra Suecia, en la que el tribunal resolvió que este país no podría deportar a un solicitante de asilo afgano de la etnia hazara porque existía un riesgo real de sufrir tratos inhumanos o degradantes, por lo que violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia no dice que todas las deportaciones a Afganistán sean ilegales, pero sí que hay que analizar cada caso individualmente.
Libia
Es un ejemplo paradigmático porque la ONU y los tribunales europeos han documentado numerosísimos casos de torturas, detenciones arbitrarias, esclavitud y abusos contra migrantes. Un ejemplo es la sentencia del TEDH Hirsi Jamaa y otros contra Italia porque establece que un Estado europeo sigue teniendo la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos incluso cuando actúa fuera de su territorio. En este caso fue en el Mediterráneo, cuando Italia interceptó una embarcación llena de migrantes que intentaban llegar a Europa y fueron devueltos a Libia. El tribunal determinó que se había vulnerado el principio de no devolución. Catorce años después de este episodio, Italia mantiene una estrecha colaboración con este país, al que ha cedido patrulleras que luego se han vinculado con operaciones violentas contra inmigrantes. La UE, por su parte, ha destinado alrededor de 700 millones de euros para reforzar las estructuras libias relacionadas con el control migratorio, que también han sido objeto de denuncias.
Siria
Tras la caída del régimen del dictador Bachar el Asad, después de 14 años de guerra, y la instauración de un Gobierno de transición, la UE registró un descenso muy marcado de las solicitudes de asilo de nacionales de este país: un 72%, hasta situarse en torno a las 42.000 en 2025. Pese al giro político, Acnur ha recalcado que no debería haber retornos forzosos hasta que se consolide la estabilidad del país. Sin embargo, varios Estados miembros están explorando acuerdos de repatriación o medidas para suspender nuevas solicitudes de asilo, revisar estatus de protección, preparar marcos legales para futuras expulsiones o fomentar retornos voluntarios.
Austria es el país que ha llegado más lejos con el anuncio de un programa de “repatriación y deportación” que afectaría a 40.000 sirios y en julio de 2025 ejecutó la primera deportación conocida en la UE de un sirio desde el inicio de la guerra. Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Austria, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Grecia y Noruega han suspendido o congelado las solicitudes de asilo de los sirios. Es más, Alemania ha declarado públicamente su intención de reanudar las deportaciones, principalmente de delincuentes. Dinamarca, además, lleva años revisando permisos de protección de algunos sirios y promoviendo retornos, e incluso ha ofrecido incentivos económicos para el regreso.
Turquía
Bruselas y Ankara firmaron en 2016 un acuerdo millonario para frenar las entradas irregulares por las fronteras europeas, y este pacto ha convertido el caso de Turquía en uno de los más peculiares por las consecuencias jurídicas de considerar a este país lo suficientemente seguro para los solicitantes de asilo. El problema radica, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones, en si el sistema turco ofrece garantías suficientes a los expulsados, ya que estas devoluciones impiden evaluar si las personas afectadas luego fueron enviadas a países que no son en absoluto seguros. Es decir, que al final queda en entredicho el cumplimiento del principio de no devolución. Un ejemplo es que en enero de 2025 el TEDH condenó a Grecia por practicar las llamadas devoluciones en caliente. El tribunal consideró que existían fuertes indicios de una práctica sistemática de expulsiones en la frontera del río Evros.
Ruanda
Ruanda ha sido propuesta como tercer país al que enviar solicitantes de asilo rechazados en caso de que no puedan ser devueltos a sus países de origen porque no los acepten o porque operativamente no se les pueda devolver. El primer Estado miembro en explorar esta opción fue Dinamarca, y también lo ha intentado el Reino Unido, ambos sin éxito porque los tribunales los frenaron.
El país tiene una imagen internacional de estabilidad y desarrollo, pero está en el punto de mira debido a las repetidas denuncias de ONG y opositores al Gobierno de Paul Kagame, que lleva tres décadas en el poder, sobre las restricciones a las libertades políticas y de expresión. También se han documentado abusos contra refugiados en su territorio.
Túnez
La UE incluyó a Túnez el pasado abril en su lista de países seguros, una categoría que permite agilizar la tramitación y la denegación de las solicitudes de asilo procedentes de ciudadanos de estas nacionalidades, pese a que el país acumula críticas por la represión política bajo el mando del presidente Kaïs Saïed, que incluye el encarcelamiento de opositores, y también por los abusos y la violencia racista contra migrantes, llegando incluso a documentarse expulsiones al desierto con fondos europeos, como documentó EL PAÍS. Diversas organizaciones denuncian que Túnez no cumple los criterios exigidos por el derecho europeo, pero tanto la UE como Italia aportan fondos para reforzar el control migratorio. El acuerdo más relevante es el memorando de entendimiento de 2023, cuyo paquete inicial contemplaba 105 millones de euros para estos fines.
Egipto
Egipto es otro de los ejemplos más recientes de la contradicción entre el discurso europeo sobre derechos humanos y sus políticas migratorias. Este país ha sido señalado por Amnistía Internacional, HRW y expertos de Naciones Unidas por la represión a la oposición política, los ataques a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de tortura bajo el régimen de Abdel Fattah Al Sisi. Sin embargo, la UE lo ha incluido en su lista de países seguros y en 2024 firmó con El Cairo un acuerdo de asociación financiado con 7.400 millones de euros que incluye cooperación en materia económica, energética y migratoria. No se contemplan deportaciones masivas, pero sí apoyo en la gestión de fronteras, lucha contra las redes de tráfico y limitación de salidas irregulares hacia Europa.
Marruecos
Marruecos es uno de los socios más importantes de la UE en materia de control migratorio en el Mediterráneo occidental, y tanto Bruselas como varios Estados miembros, incluido España, financian desde hace años programas de vigilancia fronteriza destinados a reducir las salidas irregulares desde ese territorio, y la UE le ha pagado cientos de millones de euros para ello. Sin embargo, y pese a que este país se desarrolla a pasos agigantados y sus instituciones son estables, también existen denuncias de restricciones a la libertad de expresión, persecución de periodistas y activistas, vulneración de derechos en el Sáhara occidental y abusos a los migrantes subsaharianos, especialmente tras la tragedia de Melilla de junio de 2022, en la que decenas murieron cuando intentaban saltar la valla que separa la ciudad autónoma española de territorio marroquí.
Mauritania
Es otro ejemplo similar al de Marruecos y Egipto: recibe duras críticas por abusos y a la vez es financiado por Bruselas para controlar sus fronteras y que no lleguen migrantes a territorio comunitario. Human Rights Watch documentó el año pasado casos de tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas —estas, documentadas también por EL PAÍS— y otras violaciones de derechos humanos contra migrantes y solicitantes de asilo. Pero Nuakchot es también un socio fuerte para la UE a la hora de contener la migración hacia Canarias. El acuerdo más reciente, de marzo de 2024, fue un paquete por valor de 210 millones de euros para lograr tal objetivo.
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