“Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción puede ser algo inevitable, pero no puede ser justificable y, en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio”. Así presentó José Luis Ábalos en mayo de 2018 en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española. Ocho años después, el exministro socialista fue condenado a 24 de cárcel por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y su mano derecha, Koldo García, a 19. Este último asegura ahora que acordó con el abogado del PP Alberto Durán el pago de sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de facilitar información que sirviera para hacer caer a Pedro Sánchez. La exabogada de García, Leticia de la Hoz, aportó a la Audiencia Nacional dos facturas para acreditar que sus servicios fueron costeados por la web Okdiario. El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Presionados por diversos escándalos, PP y PSOE han formulado propuestas de prevención similares que nunca terminan de aplicarse
“Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción puede ser algo inevitable, pero no puede ser justificable y, en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio”. Así presentó José Luis Ábalos en mayo de 2018 en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española. Ocho años después, el exministro socialista fue condenado a 24 de cárcel por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y su mano derecha, Koldo García, a 19. Este último asegura ahora que acordó con el abogado del PP Alberto Durán el pago de sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de facilitar información que sirviera para hacer caer a Pedro Sánchez. La exabogada de García, Leticia de la Hoz, aportó a la Audiencia Nacional dos facturas para acreditar que sus servicios fueron costeados por la web Okdiario. El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
No ha habido gobierno en las últimas décadas que no haya anunciado un plan integral contra la corrupción y es porque tanto el PP como el PSOE la han tenido entre sus filas. El programa electoral de los populares de finales de 2011, las primeras elecciones que ganó Rajoy ((con 186 diputados), incluía un capítulo titulado Una democracia ejemplar, que prometía medidas de lucha contra la corrupción que en algunos casos coincidieron con las que 14 años después anunció un presidente socialista, Pedro Sánchez, tras elcaso Ábalos-Cerdán. Pero esas medidas naufragan luego en las tramitaciones parlamentarias y las grietas por las que se cuela la corrupción en el sistema permanecen intactas.
El subtítulo del libro La corrupción en España (Tirant Humanidades, 2026) habla de “un problema enquistado”. El estudio, del magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de ciencia política Fernando Jiménez, analiza las raíces y las consecuencias de una patología política corrosiva para la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, y por tanto, alentadora de populismos —sobran ejemplos dentro y fuera de España—. Pero los autores recuerdan que “enquistado” no es sinónimo de “irresoluble”. El diagnóstico está hecho hace años, a nivel interno e internacional, por el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa), pero si se repiten los mismos patrones en los hechos probados de las sentencias por este tipo de escándalos es porque no se han aplicado las recetas y reformas necesarias para atacar esas debilidades estructurales.
Cuando Sánchez compareció en junio en el Congreso para dar explicaciones por los últimos frentes abiertos en los tribunales por sendas investigaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díez, ninguna de las 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado que había anunciado un año antes en el mismo lugar tras el estallido del caso Ábalos-Cerdán estaba completamente implementada. La gran mayoría de esas iniciativas (12 de 15) dependen, fundamentalmente, del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que llegó a la Cámara baja el pasado septiembre y aún no ha sido aprobada. El informe de seguimiento que +Democracia, organización que se dedica a aportar ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y la consultora TactioTeal, hicieron de ese plan anticorrupción ya advertía que “la brecha entre anuncio e implementación es, en sí misma, un problema de integridad pública”. Dicha ley aparece, de hecho, en el programa electoral del principal partido del Gobierno, el PSOE, como un “compromiso”. El PP incluye en el suyo propuestas similares.
El magistrado Bosch, que ha analizado a fondo las sentencias relacionadas con la corrupción en España, afirma que es un problema de “carácter estructural” porque, “aunque el comportamiento institucional mayoritario es honesto, están muy implantadas dinámicas minoritarias, pero de bastante entidad, por su carácter cualitativo, que salpican de forma habitual a las principales fuerzas políticas, a cargos públicos muy relevantes y a casi todas las administraciones del país”. “Y, además, la financiación de los principales partidos se ha completado en diversas ocasiones por irregularidades fraudulentas”. Para adquirir esa condición de problema “estructural”, añade, ha sido determinante “la falta de voluntad política para afrontarlo, ya que nunca han asumido el compromiso de actuar sobre el fondo y han optado por quedarse en cuestiones cosméticas, como endurecer las penas, crear organismos sin apenas competencias o efectuar periódicamente grandes declaraciones retóricas”. El GRECO reprendió a España el pasado junio al considerar que sus recomendaciones no se habían “implementado de forma satisfactoria”.
El magistrado, autor, también, del libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, (Ariel, 2022) pone como ejemplo el caso de Estonia, donde “las principales fuerzas políticas llegaron en 2012 a acuerdos parlamentarios de consenso, con medidas a corto, medio y largo plazo que en una década han permitido reducir de forma considerable la corrupción y mejorar la calidad democrática”. Bosch echa en falta en los programas de los dos principales partidos iniciativas similares, “quizás por la percepción de que las reformas necesarias suponen una renuncia a privilegios políticos y la pérdida de espacios de poder”. “Un sistema más objetivo en la contratación pública”, añade, “dificultaría el amiguismo en la gestión del dinero público; la profesionalización de la gestión y la supresión de miles de cargos de confianza y asesores innecesarios en la administración y en las empresas públicas sería un gran paso adelante porque ese tipo de cargos son una pieza clave para entender gran parte de los casos recientes de corrupción. Asimismo, como nos recuerdan los organismos europeos, los aforamientos en España suponen un blindaje injustificado que dificulta la lucha contra la corrupción, al impedir la celeridad de las actuaciones policiales y judiciales contra los aforados”.
Si se unen las respuestas que tienen que ver con “el Gobierno y los partidos políticos”; “el mal comportamiento de los políticos”; “la corrupción y el fraude” y “lo que hacen los partidos” en la clásica pregunta del CIS sobre cuáles son los principales problemas del país, el asunto escala a los primeros puestos de preocupación social. Belén Barreiro, expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas y directora de 40dB, la casa que hace las encuestas para EL PAÏS, ha analizado el impacto en el voto de este tipo de escándalos desde los años noventa. La socióloga niega la creencia extendida de que el votante del PP es más permisivo o tolerante con la corrupción. “No sería justo decir que su electorado castiga menos en ese sentido porque en 2018 se percibió de una manera muy evidente: su intención de voto llegó a caer a la mitad”.
No obstante, Barreiro destaca que la factura que pase a cada formación política depende no tanto del caso de corrupción en sí como “de la reacción ante ese escándalo”. “Si el partido afectado reacciona de forma contundente, con ceses o exigiendo dimisiones, el precio que paga es menor. En general, el razonamiento de la ciudadanía es que un líder político no es responsable de la honradez de todos los miembros de la organización, pero sí de cómo actúa cuando se detecta un caso de corrupción. Cuando estalló el caso Ábalos-Cerdán, por ejemplo, el PSOE sufrió una caída en la intención de voto, pero luego se recuperó”. Los socialistas expulsaron a Ábalos en febrero de 2024, cuando la Ejecutiva le exigió que renunciara a su escaño después de la detención de Koldo García. En el caso de Santos Cerdán, Sánchez explicó que le pidió la dimisión después de que se conociera un demoledor informe contra él de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) que incluía conversaciones explícitas sobre el presunto pago de comisiones por obras públicas.
La reacción del electorado tampoco es uniforme. “Generalmente, la corrupción incide más en el votante de centro, menos ideologizado, que puede refugiarse en la abstención o en otro partido”. Según los últimos trackings de 40dB, los socialistas pueden mantener en las generales del próximo 29 de noviembre un nivel de apoyo muy similar al que obtuvieron en las urnas en 2023, antes de que estallaran los escándalos de corrupción vinculados al partido.
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