El Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno insiste en la contratación a dedo con la sanidad privada, pese a que este sistema de adjudicaciones sin concurrencia competitiva y publicidad utilizado para los contratos de emergencia entre 2020 y 2024 están siendo investigados en los tribunales. El Ejecutivo autónomo acaba de prorrogar por seis meses los contratos de asistencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las provincias de Almería y Sevilla y, tal y como han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, en las próximas semanas se hará lo mismo con el del resto de territorios de la comunidad.
La Junta andaluza mantiene un sistema de adjudicación sin publicidad y concurrencia que inició en 2020 con los contratos de emergencia para aligerar las listas de espera
El Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno insiste en la contratación a dedo con la sanidad privada, pese a que este sistema de adjudicaciones sin concurrencia competitiva y publicidad utilizado para los contratos de emergencia entre 2020 y 2024 están siendo investigados en los tribunales. El Ejecutivo autónomo acaba de prorrogar por seis meses los contratos de asistencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las provincias de Almería y Sevilla y, tal y como han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, en las próximas semanas se hará lo mismo con el del resto de territorios de la comunidad.
Esta última modalidad de adjudicaciones a dedo fue anunciada por la anterior consejera de Salud, Catalina García, en febrero del año pasado dentro de un plan de choque para paliar las listas de espera. Esta nueva iniciativa, denominada Plan de Garantía Sanitaria, contemplaba una inversión de283 millones, de los que el 42% se destinaría a conciertos sin libre concurrencia con la sanidad privada para reducir unas listas de espera disparadas. Entonces se justificó esta decisión como una solución provisional a las trabas para sacar adelante el nuevo sistema de contratación del SAS, que incluía dos acuerdos marco de 734 millones de euros con la sanidad privada, uno de los cuales había sido recurrido ante los tribunales. En ese momento, García informó de que esas nuevas adjudicaciones se desarrollarían hasta diciembre de 2024 y que, aunque eran prorrogables por espacio de seis meses, “esperaba no tener que hacerlo”.
Finalmente, la nueva consejera, Rocío Hernández, ha hecho efectivas esas prórrogas otros seis meses. Las primeras que se han aprobado en Consejo de Gobierno han sido las relativas a los contratos de asistencia quirúrgica de la provincia de Almería, por importe de 17 millones de euros, el pasado 14 de enero, y la de Sevilla, por 31,5 millones de euros, en el consejo de esta misma semana, tal y como ha adelantado ElDiario.es. Las fuentes de la Consejería de Salud consultadas insisten en que no se tratan de contratos de emergencia, que son los que están siendo investigados por un juzgado de Sevilla, sino que son prórrogas que están reconocidas en los pliegos, que fueron adelantadas por la propia consejera a finales de diciembre y que servirán para cubrir la asistencia sanitaria hasta que los acuerdos marco estén ultimados.
Estas prórrogas, sin embargo, implican un incremento del presupuesto inicial destinado a estas adjudicaciones, de 119,9 millones de euros, según está consignado en el plan de choque que se presentó el año pasado, hasta los más de 220 millones. Este tipo de adjudicaciones negociadas sin publicidad se limitan a la concurrencia de tres aspirantes, pero la anterior consejera aseguró que se abrirían a todos los concurrentes privados que se quisieran presentarse. Sin embargo, finalmente la mayoría han ido a parar a las grandes cadenas hospitalarias privadas de la comunidad: Quirón, Asisa (a través de su red de hospitales HLA), Viamed, Cruz Roja, Vithas y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. En el caso de los contratos prorrogados en Sevilla, los beneficiarios son esas seis entidades que concurrieron a través de cuatro UTE y, en el de Almería, ejecutará esa ampliación de seis meses la UTE integrada por Asisa y Vithas.
Abuso de las adjudicaciones a dedo desde 2020
La Junta comenzó la dinámica de realizar la adjudicación sin concurrencia competitiva en 2020, aprovechando el marco normativo habilitado por motivo de la pandemia que permitía la contratación por la vía de emergencia. Sin embargo, el Gobierno de Moreno continuó prorrogando esos contratos cuando ese amparo legal había decaído, contraviniendo incluso una instrucción de 2021 de su propia Consejería de Hacienda en la que advertía a la de Salud de que ese tipo de contratación de emergencia debía tener carácter residual. Pese a ello, esas adjudicaciones a dedo se prorrogaron hasta 2024, pasando de los 70 a los 243 millones de euros. Son estas adjudicaciones exprés, de las que la inspección de la Junta andaluza ha emitido informes desfavorables, alegando que el SAS hizo un “uso indebido” de esa contratación, las que ahora se están investigando como un presunto delito de prevaricación administrativa en el que están imputados los tres gerentes del SAS que ha tenido Moreno desde que llegó al Gobierno de la comunidad en 2019.
Fue precisamente la publicación de esas prorrogas al margen del procedimiento legal que las amparaba, la que determinó a la Junta a anunciar, en marzo de 2023, que terminaba con ese procedimiento de adjudicaciones a dedo para volver al sistema público de concurrencia competitiva y publicidad que se iba a modificar. En ese contexto, en octubre de ese año, la Consejería de Salud anunciaba un nuevo marco de contratación pública que incluía dos contratos públicos por 734 millones para que la sanidad privada realizara operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, a partir de 2024. Un marco que quedó truncado apenas un mes después, cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Administración autónoma acordó la anulación del procedimiento de adjudicación de uno de los dos contratos, obligando a redactar el nuevo pliego.
Desde entonces todo ese procedimiento ha quedado congelado y la Junta ha vuelto a recurrir a la contratación a dedo para aliviar las listas de espera. Una forma de adjudicación que se prolongará, al menos, otros seis meses más.
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