Los socios del Gobierno amplían temporalmente su flexibilidad con la legislatura

Compás de espera política pero sin dejar de pedalear. Esta observación la comparten PSOE, Sumar y los socios del Gobierno. Las negociaciones siguen en marcha, en todos los terrenos, pero pueden pararse en cualquier momento si surgen evidencias de que los casos de corrupción que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se extiende a otras figuras o si hay indicios de una posible financiación irregular de PSOE.

Los partidos nacionalistas e independentistas dan oxígeno al Gobierno al flexibilizar sus plazos y sus exigencias. ERC, tan duro negociador como comprensivo con la situación del Ejecutivo, no va a meter prisa para empezar a concretar las fórmulas que culminen con la aprobación de un sistema de financiación singular para Cataluña. Junts empieza a recuperarse del shock que le ha producido la imputación de Cerdán ―principal negociador socialista con el partido de Puigdemont― y esperan que el PSOE nombre a una figura para intentar cerrar todos los asuntos pendientes. Las conversaciones continúan a menor nivel de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Los de Puigdemont han dejado claro a los socialistas que el nuevo interlocutor no puede ser miembro del PSC. Esa es la pretensión de Junts. Los neoconvergentes tienen enormes dificultades para asumir que el PSC gobierna Cataluña. Las negociaciones son con el Gobierno y por ello procuran estar lo más lejos posible de los socialistas catalanes y de su presidente, Salvador Illa. Tampoco ERC tiene simpatía política por los socialistas catalanes, su principal rival por los votos de sectores de la izquierda. Entre ambas fuerzas políticas independentistas, el Gobierno mantiene un difícil equilibrio: pactar con ERC sin restar atención a Junts. Estos últimos vigilan permanentemente la relación y los acuerdos del partido que lidera Oriol Junqueras con el Ejecutivo.

Del comité federal socialista del próximo sábado saldrá un nuevo secretario de organización, que no tiene por qué ser el sustituto de Santos Cerdán en las negociaciones con Junts. Para tratar con ERC seguirán Montero y Bolaños. Entre los republicanos se afianza la impresión de que Montero, en tanto líder de los socialistas andaluces y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, no tiene fácil negociar la titularidad de la financiación de Cataluña. Solo el planteamiento coloca en pie de guerra a muchas comunidades autónomas, desde luego a las del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, puede hacerse fuerte frente a Montero solo con el argumento de que la aspirante a presidir Andalucía es quien negocia “la ruptura de la igualdad”. Los republicanos se preguntan si ella es la mejor opción para pilotar la negociación con Cataluña. Una preocupación que por ahora no tiene el Gobierno, ni tampoco la propia Montero.

El último modelo de financiación autonómica fue aprobado en 2009 ―con Zapatero en el Gobierno― y caducó en 2014. Rajoy nunca abordó la aprobación de un nuevo modelo, al que tampoco ha sido capaz de lograr Pedro Sánchez.

Antes de plantearse abrir unas negociaciones, el presidente del Gobierno ha tanteado con sus socios lo esencial: si quieren que la legislatura continúe. La mayoría apuesta por ello siempre que no aparezcan nuevas irregularidades. En el Gobierno aseguran que nada temen sobre corrupción, pero dan por seguro que les queda por vivir situaciones muy incómodas con la posible publicación de nuevos audios y conversaciones. Dentro del PSOE temen que se hagan públicas grabaciones entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno donde hablan de socios, personajes, partidos nacionalistas e independentistas e incluso de gente propio partido, pero descartan todo lo que tiene que ver con mordidas o pagos.