“Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”. Así acaba de rechazar el alto tribunal una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a los que acusaban de malversación por la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco.
Organizaciones como Manos Limpias o Hazte Oír llenan los juzgados de querellas ideológicas. Varios juristas reflexionan sobre esta anomalía española: “Es spam judicial”
“Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”. Así acaba de rechazar el alto tribunal una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a los que acusaban de malversación por la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco.
El auto describe la denuncia como un “muy confuso relato”, construido “en términos manifiestamente temerarios, superponiendo fragmentos de informaciones incompletas de distinta índole, mezclados con simples y desnudas insinuaciones carentes del más mínimo sustento”, así como “una muestra de indolente desprecio por los límites más elementales en el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia” que “patentiza una absoluta falta de consideración por la grave función que la Constitución asigna al Tribunal Supremo”. Abogados Cristianos tiene, según su presidenta, Polonia Castellanos, “un centenar de casos abiertos” en los tribunales.
Otras acusaciones populares, como el pseudosindicato Manos Limpias o el grupo ultracatólico Hazte Oír, acumulan decenas de demandas y querellas que, con distinto recorrido judicial, les han proporcionado grandes espacios en el debate público, es decir, poder, dinero e influencia. Contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ―con una denuncia que contenía informaciones falsas, como que había recibido una subvención pública, cuando se trataba de otra mujer con el mismo nombre―; contra el hermano de Pedro Sánchez por un puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz ―la jueza ha decidido sentarlo en el banquillo―; contra la magistrada que investiga la gestión de la dana de Valencia ―asegurando Manos Limpias en su presentación, sin más prueba que “la intuición”, de que el Gobierno central ocultó “una veintena” de muertos―; contra el humorista Quequé por hacer chistes sobre Cuelgamuros ―un juzgado de instrucción lo procesó y la Audiencia Provincial archivó la causa―; contra el exdiputado de Podemos Pablo Echenique por un tuit sobre curas pederastas ―una magistrada abrió juicio oral contra él―; contra los presentadores de Nochevieja en TVE David Broncano y Lalachús por mostrar la estampita de una vaquilla durante la gala; contra el programa infantil Los Lunnis, por entender que promovía la homosexualidad; contra la Guardia Civil, por permitir que parejas gays resisidan en las casas-cuartel; contra un grupo de bomberos que realizaron una protesta en calzoncillos; contra Carles Puigdemont, Miriam Nogueras, el fiscal general del Estado; el presidente del Tribunal Constitucional; los exministros Irene Montero y Alberto Garzón; el portavoz de ERC Gabriel Rufián…
¿Existe una patente de spam judicial? ¿Tiene la acusación popular en España un poder desproporcionado sobre el debate público?
Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, recuerda que la acción popular, esto es, la posibilidad de cualquier ciudadano no víctima de un delito de llevar a otro como acusado a un proceso penal, solo existe en el ámbito europeo en España y Andorra y tiene un origen peculiar. A finales del siglo XIX, el conocido como crimen de la calle Fuencarral (1888) desató una gran alarma social e inauguró la crónica negra en el país. Francisco Silvela, abogado que representaba a la prensa, defendió que pudieran participar como actor popular en el proceso para tener acceso al sumario de la investigación y así vender más ejemplares, aprovechando la ambiguedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. “Algunas asociaciones o actores populares”, afirma el catedrático, “utilizan hoy esa figura, prevista en la Constitución, para hacer política y crear un efecto atemorizador. Son casos que no tienen la seriedad necesaria y que se plantean por cuestiones puramente ideológicas. Prueban suerte a ver si encuentran algún juez que comparta su ideología y a veces suena la flauta porque en un colectivo de 5.000 jueces puede haber alguno que lo haga. Les ha salido bien, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, donde han encontrado a un juez que ha llegado a pedir la imputación, a mi modo de ver, de una manera totalmente injustificada, del ministro Bolaños”.
Abogados Cristianos se constituyó en 2021. Preguntada por cuáles han sido los éxitos judiciales de la fundación, su presidenta cita “la retirada de una multa por terapias LGTBI”. Se refiere a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular la sanción de 20.002 euros impuesta por el Gobierno autonómico a una mujer por “la promoción y realización de terapias de conversión” de homosexuales. Manos Limpias ganó gran repercusión pública al lograr, en el caso Nóos, la imputación de la infanta Cristina, pero tanto la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 condenó a su presidente, Miguel Bernad, a cuatro años de cárcel por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y tentativa (al entender que, junto a Ausbanc, se dedicaban a extorsionar a entidades bancarias y empresas a cambio de que no iniciasen acciones judiciales o pusieran en marcha campañas de descrédito contra ellas), como la del Supremo de 2024 que lo absolvió (al considerar que, aunque “éticamente reprochables”, no concurría en esas conductas el factor de “intimidación” necesario para el delito) recuerdan que Manos Limpias ofreció retirar la acusación de Cristina de Borbón a cambio de dos millones de euros.
Polonia Castellanos admite que los procedimientos “se alargan mucho en el tiempo” porque suelen recurrir las resoluciones adversas hasta el final y asegura que se financian “exclusivamente por donaciones”. La web de Abogados Cristianos, donde periódicamente hacen llamamientos para recaudar fondos, asegura que de cada euro recibido, 84 céntimos van a financiar “la lucha en los tribunales en defensa de la vida y la libertad religiosa”.
Preguntada por si creen que están contribuyendo a la saturación del sistema, afirma: “La justicia está saturada, pero no por nuestra culpa, sino por la okupación”. El año pasado los juzgados recibieron 2.309 demandas por okupación de vivienda habitual y el total de denuncias por allanamiento o usurpación en 2024 supone el 0,06% sobre el parque total de viviendas.
Hazte Oír, que dice aglutinar a cerca de 19.000 ciudadanos con la misión de “frenar a los grupos de presión que tratan de imponer una agenda ideológica radical”, también es un inquilino habitual en los juzgados. Según las cuentas que publica en su web, el año pasado ingresó casi dos millones de euros entre cuotas y donativos, de los que invirtió 1,3 millones en “campañas”.
El magistrado Joaquim Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia, afirma: “El spam judicial existe en España. Hay un intento continuado y muy amplio, especialmente en los últimos años, de instrumentalizar la justicia con finalidades políticas y el sobrecargado sistema judicial español no está para eso. Muchas de estas acciones judiciales no tienen el más mínimo fundamento jurídico y generan expectativas que luego en la mayor parte de los casos no llegan a materializarse, pero que contribuyen a la crispación en el espacio público y provocan una erosión creciente de la confianza en las instituciones. Que haya iniciativas y posturas de todo tipo es saludable para la pluralidad y el debate público, pero utilizar a la justicia, manipularla con fines espúreos es un problema y a veces se actúa con demasiada flexibilidad a la hora de abrir causas que no merecen ser abiertas”.
El objetivo de Manos Limpias, una de las acusaciones populares más activas, es, según su página web, “la independencia del Poder Judicial y la verdadera democratización de las instituciones”. Pero su presidente, Miguel Bernad, acaba de firmar, junto al golpista Antonio Tejero, entre otros, un manifiesto de “agradecimiento” a Franco en el que se asegura que el dictador, al que presentan como “soldado heroico” y “cristiano ejemplar”, fue el artífice de “una próspera y prolongada paz”, “murió perdonando”, “guardó silencio sobre las brutalidades del PSOE y del Frente Popular” y “ha sido objeto de las más brutales acusaciones falsas”. Bernad no atendió la petición para responder a las preguntas de este periódico.
Poner coto
Varios proyectos legislativos tratan de poner coto a lo que tanto el catedrático Nieva-Fenoll como el magistrado Bosch entienden como distorsiones del sistema, limitando, por un lado la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos, prohibiendo la admisión de denuncias basadas “en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad” y por otro, eliminando del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos.
“En una sociedad democrática y aconfesional”, afirma el magistrado Bosch, “lo que deben protegerse son los derechos de las personas, no sus sentimientos. En el ámbito de la libertad religiosa eso es proteger el derecho a acudir a ceremonias de una determinada confesión, pero no el estado de ánimo de quien se molesta por lo que otros digan. Esa es la línea de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Para Nieva-Fenoll, en el caso de la acusación popular, “bastaría con reducir su ámbito de aplicación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que no pueda abrirse o mantenerse un proceso en contra del parecer de la Fiscalía o de la víctima”, y ahí incluye a los partidos políticos. “Por nobles que hayan sido, en ocasiones, las causas que hayan defendido en los tribunales, su misión es trasladar unas ideas a la población para tratar de formar un Gobierno y componer un poder legislativo, no intentar desgastar al rival utilizando a la justicia para ganar unas elecciones”. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, considera que la limitación de la acusación popular que plantea el PSOE podría ser “inconstitucional”, si bien su presidenta, María Jesús del Barco, ha admitido el mal uso que se hace a veces de esa figura.
El contexto en el que el grupo parlamentario socialista ha propuesto la reforma legislativa para acotar la acusación popular, justo cuando varias causas que tienen su origen en este tipo de denuncias afectan directamente al entorno del presidente del Gobierno, ha lastrado la iniciativa. Pero el debate, afirman las fuentes consutadas, es pertinente y viejo.
De hecho, el PP, que ahora se opone frontalmente, ya intentó impulsar una reforma parecida en 2017. Para Bosch, “los problemas que genera la acusación popular en España son, sobre todo, el síntoma de otros mucho más importantes en el sistema judicial español y de los que el Consejo de Europa advierte hace años, como las injerencias partidistas en la configuración de la Fiscalía General del Estado y de los altos tribunales del país”.
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