Una veintena de acusados confiesa en el último juicio de Gürtel

Ya están las cartas sobre la mesa en el último juicio del caso Gürtel, que ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional y que se centra en las estructuras societarias urdidas por el grupo criminal para blanquear dinero y eludir los pagos a Hacienda. Durante su primer turno de palabra, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que 20 acusados (de los 25 que se sientan en el banquillo) han admitido los delitos que se les imputan a través de sendos escritos enviados al tribunal en los días previos a la celebración de la vista oral. Entre los procesados confesos, que buscan así una rebaja de las penas de cárcel que se reclaman para ellos, se encuentran los principales cabecillas de la red corrupta (Francisco Correa y su antiguo número dos, Pablo Crespo); los asesores fiscales Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; el empresario y constructor José Luis Ulibarri; y Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno y del PP, donde anidó la trama.

El ministerio público ha precisado que solo cinco acusados no admiten los hechos: Jesús Calvo Soria, Guillermo Martínez Lluch, Carmen Leonor Hallax Ledesma, José Antonio López Rubal y Antoine Sánchez. Todos ellos, presuntos colaboradores de la trama.

La Audiencia Nacional ha dado este lunes el pistoletazo de salida al último juicio sobre Gürtel, para el que ha reservado cinco semanas y cuyo final se ha previsto para el próximo 20 de noviembre. Esta será la duodécima vista oral que se celebra sobre esta red corrupta, una de las mayores de la actual etapa democrática. Así lo demuestran los datos (94 personas han sido condenadas ya a más de 750 años de prisión) y su trascendencia política: los tribunales han considerado acreditado que la trama penetró hasta el corazón del PP, que se financió irregularmente y que contaba con una caja b (gestionada por su extesorero Luis Bárcenas). Es más, el Partido Popular acumula tres condenas por beneficiarse de las actividades del grupo criminal y, de hecho, la primera de ellas detonó la moción de censura de Pedro Sánchez (PSOE) que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Este último juicio se centra en la “compleja” telaraña mercantil de empresas pantalla y testaferros; impulsada por la trama para lavar dinero de forma “masiva”, “permanente” y a escala “industrial” —como lo definió el juez instructor José de la Mata—. Gran parte de los ingresos blanqueados procedían de los negocios que se hicieron con el partido conservador. En esta línea, el magistrado concluyó que, por ejemplo, Correa percibió casi 31 millones de euros por “su intermediación” en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto a otros ingresos, ocultó a Hacienda a través de “una compleja estructura societaria y financiera”, con ramificaciones en paraísos fiscales.

“Francisco Correa constituyó y lideró desde finales de 1999 hasta 2009 un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el PP”, resumió el juez De la Mata al acabar esta parte de la investigación sobre Gürtel: “La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos […] Para ello crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos”.