El ex presidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel ha asegurado este lunes que no tuvo ningún conocimiento previo del proyecto para urbanizar 600 hectáreas de terrenos protegidos junto al Mar Menor a comienzos de los 2000, ni tomó ninguna decisión política sobre este “pelotazo” que pretendía construir unas 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles.
El exdirigente popular declara como testigo en el juicio contra siete ex altos cargos de su Gobierno por presunta prevaricación en la recalificación de terrenos protegidos
El ex presidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel ha asegurado este lunes que no tuvo ningún conocimiento previo del proyecto para urbanizar 600 hectáreas de terrenos protegidos junto al Mar Menor a comienzos de los 2000, ni tomó ninguna decisión política sobre este “pelotazo” que pretendía construir unas 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles.
El ex dirigente del PP, que ocupó la presidencia murciana entre 1995 y 2014, ha declarado como testigo este lunes en la décima sesión del juicio por el denominado caso Novo Carthago, en el que también estuvo investigado, aunque los cargos contra él fueron archivados. La Audiencia Provincial de Murcia trata de terminar si siete ex altos cargos de su Gobierno modificaron de manera irregular planes urbanísticos y de protección para legalizar esa macro urbanización en un área dentro de la Red Natura 2000. Esa protección hizo que la Unión Europea se posicionara en contra del proyecto, lo que, sumado al estallido de la burbuja inmobiliaria, llevó a que le proyecto no se llevara a cabo.
En su declaración, el ex presidente ha insistido en que solo conoció este macro proyecto de urbanización en terrenos con diversas figuras de protección ambiental cuando recibió una invitación a la presentación pública oficial del mismo, en un evento que tuvo lugar en julio de 2003 en un hotel en La Manga del Mar Menor. La invitación llegó a la sede de presidencia autonómica, como la de otros miles de proyectos, ha dicho, y se decidió que él mismo asistiría en calidad de presidente al entender que era “un proyecto de interés para la Región de Murcia”. No obstante, ha negado que su consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, principal investigado en este procedimiento, le diera ninguna información previa ni ningún tipo de información sobre los escollos de la iniciativa por estar ubicada en terrenos protegidos.
Cerdá y otros seis ex altos cargos del Gobierno murciano están acusados de haber promovido la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el plan general de urbanismo de Cartagena para adecuarlos a este proyecto y poder darle luz verde.
Valcárcel ha insistido en que “en absoluto” conocía este tipo de detalles técnicos, ni de este ni de ningún otro proyecto, ya que no era “su misión” entrar en valoraciones técnicas, por lo tanto no recibió información sobre las modificaciones de estos planes, ni sobre ningún problema relacionado con él. “Si hubiera tenido la más mínima duda de la viabilidad del proyecto, no estaríamos aquí en este momento, ni el consejero, ni yo”, ha subrayado.
Valcárcel ha negado también que participase en ninguna reunión previa con técnicos sobre este asunto ni que tomara ninguna decisión política al respecto, como sí se hizo en otro proyecto urbanístico similar en una zona aledaña, conocida como Lo Poyo, y que tampoco llegó a edificarse. Con respecto a ese proyecto sí ha asegurado que se plantearon dudas por lo que él mismo llegó a afirmar en la Asamblea Regional de Murcia que no se pondría allí “ni un ladrillo”, como así fue.
En la sesión de este lunes ha declarado también como testigo el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, quien llegó al cargo a finales de 2004 en sustitución de Antonio Cerdá, y que ha puesto de relieve que el proyecto Novo Carthago ya estaba practicante finalizado cuando él tomó posesión, por lo que “no tenía una idea precisa” de los condicionantes y obstáculos que pudieron surgir durante su desarrollo.
Ha defendido también las modificaciones llevadas a cabo en el PORN tras su aprobación inicial, como algo habitual en el planeamiento de la comunidad autónoma. Era, ha insistido, una posibilidad real, y “muchos proyectos se han ajustado legalmente a la realidad que se pretendía” tras esa tramitación inicial.
Tras la sesión de hoy, faltan todavía por pasar ante el tribunal los dos principales acusados, el ex consejero Cerdá, para quien el fiscal pide tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación por un supuesto delito de falsedad en documento público y otro continuado de prevaricación por haber promovido la supuesta recalificación ilegal de los terrenos, así como la que fuera su asesora, Maria Antonieta Fernández Cano, que afronta penas de tres años y ocho meses de prisión por los delitos de prevaricación y blanqueo de capitales.
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