Los servicios de inteligencia de Marruecos disponen de distintos programas de ciberespionaje, además del más conocido, el israelí Pegasus: controlan las comunicaciones en zonas de tránsito de los aeropuertos y se infiltran en tiendas de telefonía para infectar móviles. Así lo asegura una reciente investigación de Amnistía Internacional (AI), que proyecta nuevas sombras sobre la red de escuchas de espionaje del país magrebí. La ONG con sede en Londres ha contado en sus últimas pesquisas con el testimonio de un exagente de inteligencia marroquí, que denuncia la existencia de un entramado de vigilancia masiva destinado a rastrear y, en última instancia, a silenciar a periodistas, activistas y disidentes mediante el uso de grabaciones obtenidas de su vida pública y privada.
Una investigación de la ONG, que incluye el testimonio de un exagente marroquí, responsabiliza a los servicios de inteligencia de un entramado de vigilancia masiva a activistas, periodistas y disidentes
Los servicios de inteligencia de Marruecos disponen de distintos programas de ciberespionaje, además del más conocido, el israelí Pegasus: controlan las comunicaciones en zonas de tránsito de los aeropuertos y se infiltran en tiendas de telefonía para infectar móviles. Así lo asegura una reciente investigación de Amnistía Internacional (AI), que proyecta nuevas sombras sobre la red de escuchas de espionaje del país magrebí. La ONG con sede en Londres ha contado en sus últimas pesquisas con el testimonio de un exagente de inteligencia marroquí, que denuncia la existencia de un entramado de vigilancia masiva destinado a rastrear y, en última instancia, a silenciar a periodistas, activistas y disidentes mediante el uso de grabaciones obtenidas de su vida pública y privada.
“Marruecos ha adoptado plenamente las prácticas tecnoautoritarias, para lo que ha adquirido una amplia variedad de tecnologías de la vigilancia con el fin de establecer y activar un sistema represivo diseñado específicamente para infundir miedo […] dentro y fuera del país”, aseguró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional tras la presentación del informe Empezamos por la sentencia. Dentro de la maquinaria de vigilancia de Marruecos.
El texto basado enel testimonio de un denunciante interno de irregularidades, datos de vigilancia filtrados, registros gubernamentales del software espía y material de las empresas que venden dichas herramientas de vigilancia, cotejados con 103 números de teléfono marroquíes. Junto al célebre programa espía Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, Amnistía Internacional ha detectado otros sistemas de la firma italiana Hacking Team (Memento Labs) y de la germanobritánica Gamma Group, que diseñó el malware FinFisher.
La ONG defensora de los derechos humanos ya había publicado anteriormente informes sobre infecciones de móviles con el programa Pegasus atribuidas a los servicios de espionaje de Marruecos. Su última investigación apunta a la responsabilidad de la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST, servicio de inteligencia interior), que comenzó a utilizar Pegasus a partir de 2017. Un exagente de la DGST apodado Safir ha revelado ahora todos esos detalles a Amnistía Internacional, al colectivo de periodismo de investigación Forbidden Stories y a un consorcio de medios que han participado en las pesquisas.
Según este mismo desertor de los servicios de espionaje, las llamadas telefónicas de activistas y disidentes son interceptadas sistemáticamente y se rastrea también su ubicación. Safir explicó a los investigadores que los agentes de la DGST captan tiendas de telefonía para que vendan teléfonos móviles preinfectados con software espía, y reclutan como informantes a personas vecinas de sus objetivos. Estas tácticas de vigilancia, adoptadas sin autorización judicial, se extienden a familiares, amistades y redes profesionales.
“Las herramientas que utilizan son muy amplias, pero el objetivo es claro: chantajear, desacreditar, humillar y, si es necesario, encarcelar injustamente a quienes se pronuncian en defensa de los derechos humanos en Marruecos”, asegura Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional tras la difusión de un informe que subraya que “la vigilancia del Estado se extiende más allá de las fronteras” de Marruecos.
En su testimonio, el exagente Safir ha señalado que estos métodos se han utilizado sistemáticamente contra personas en tránsito en aeropuertos marroquíes. También a través de proveedores de teléfonos, por al menos una compañía operadora, e incluso en los cibercafés. “Los agentes sobre el terreno nos decían qué cibercafé iba a visitar el objetivo. Teníamos visibilidad sobre lo que estaban haciendo porque habíamos infectado previamente todas las máquinas del establecimiento”, reveló en la investigación.
En España se ha investigado la pista marroquí, pero la negativa del Estado de Israel a proporcionar a la justicia española información sobre la empresa NSO, creadora del programa Pegasus, frustró a comienzos de este año el caso abierto en la Audiencia Nacional. Quedó así archivada por segunda vez la causa sobre la interceptación de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, presuntamente atribuida a Rabat en 2021, tras la anterior crisis migratoria de Ceuta. Preguntado sobre este presunto espionaje por alumnos de la Universidad de Harvard el pasado 25 de septiembre, Sánchez replicó: “Es cierto que fuimos hackeados por Pegasus. No sabemos quién lo hizo, pero [el caso] estaba bajo investigación y lo denunciamos ante la Audiencia Nacional”.
La prensa marroquí apenas se ha hecho eco del nuevo informe de Amnistía Internacional, publicado el pasado jueves. Hace un año, los medios de comunicación locales sí airearon ampliamente el caso de Mehdi Hijaouy, un ex alto cargo de los servicios de inteligencia, después de que el diario Le Monde diera cuenta de su situación a través de sus abogados franceses. Hijaouy, quien durante dos décadas perteneció a la Dirección General de Estudios y Documentación (espionaje exterior), abandonó Marruecos y pasó por varios países, entre ellos España, antes de refugiarse en un Estado europeo no determinado. Las autoridades de Rabat han solicitado a través de Interpol su detención y entrega para ser juzgado por los delitos de falsificación y estafa.
De acuerdo con la información publicada por el periódico de francés, el exagente de los servicios de inteligencia exterior había cobrado notoriedad en Marruecos por haber salido en 2022 en defensa de los hermanos Azaitar, alemanes de origen marroquí vinculados a las artes marciales y miembros del círculo más cercano al rey Mohamed VI. Una parte de la prensa más oficialista lanzó en aquel momento una campaña de acusaciones contra los supuestos privilegios que los Azaitar gozaban por su cercanía al soberano de la dinastía alauí.
A través de la red social X, el exministro marroquí Lahcen Haddad cuestiona ahora, como parlamentario y académico, aspectos técnicos de la nueva investigación de Amnistía Internacional. Considera que la selección de 103 números de teléfono no implica que fueran también infectados, y que el hecho de que se haya localizado un rastro del programa Pegasus “no basta, por sí solo, para demostrar toda la cadena de atribución [de responsabilidad]: desde la infraestructura técnica hasta el servicio [de inteligencia] y, finalmente, la decisión política”. Además, destaca que “la interceptación sistemática de llamadas y la colocación de dispositivos ocultos en domicilios se apoyan en un testimonio anónimo”.
Marruecos niega sistemáticamente desde 2021 “las graves acusaciones contra autoridades públicas” lanzadas por Amnistía Internacional sin aportar “la más mínima prueba tangible”, y ha emprendido acciones legales “por difamación y falsedad” contra dicha ONG y sus colaboradores por informes basados en filtraciones de supuestos exagentes de la inteligencia. Las denuncias presentadas por los abogados de Rabat en varios países europeos no han prosperado ante los tribunales, en general por no haber sido admitidas a trámite.
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