La Corporación Pública ha sacado los dientes para defender con todas sus armas a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas tras el informe realizado por el Consejo de Informativos de TVE Leer La Corporación Pública ha sacado los dientes para defender con todas sus armas a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas tras el informe realizado por el Consejo de Informativos de TVE Leer
Fue la semana pasada cuando el presidente de RTVE, José Pablo López, visibilizó en la Comisión Mixta de Control Parlamentario a la Corporación el malestar y desacuerdo con el informe sobre Malas Lenguas y Mañaneros 360, realizado por el Consejo de Informativos de TVE, tras la apertura de una investigación interna, a la que se vieron empujados a hacer tras la decena de quejas de los trabajadores de los servicios informativos de RTVE contra ambos programas.
Las declaraciones de López fueron el aviso de lo que estaba por llegar contra el CdI de TVE, pues, aunque la tensión entre la dirección de la Corporación y el Consejo de Informativos es vox populi, nunca había llegado al grado que ha llegado este martes. La mecha que ha encendido de nuevo la hoguera es la contestación de siete páginas de la Corporación a dicho informe, en el que RTVE carga con extrema dureza contra el Consejo de Informativos, uno de los órganos de mayor relevancia en la televisión pública, cuya labor en la defensa de los servicios informativos de la casa.
«Con esta respuesta buscan la intimidación y el enfrentamiento», aseguran fuentes de RTVE, conocedoras de la respuesta en cuestión. Bajo el título Hechos verificables que refutan el informe del Consejo de Informativos de TVE sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas, la Corporación arremete contra el informe del CdI, al que acusa, entre otras muchas cosas, de «contener afirmaciones y valoraciones de notable gravedad referidas a programas concretos de la parrilla de TVE, así como a los profesionales que los realizan».
Resulta cuanto menos sorprendente la defensa de la Corporación a dos programas de producción externa -es decir, los realizan dos productoras externas- en detrimento de un órgano que vela por los trabajadores de la casa y por el cumplimiento del Mandato Marco que rige la Corporación y la labor de servicio público a la que está destinada RTVE.
«Es una vergüenza», aseguran a EL MUNDO varios trabajadores de los servicios informativos. «Es impropio e injustificable que la Corporación ataque a un órgano que representa a sus trabajadores y defienda a dos programas externos, con presentadores externos y con unos contenidos que han puesto en el disparadero la reputación de la televisión pública», sentencian.
De hecho, la respuesta de la Corporación al CdI, a la que ha tenido acceso este periódico, afirma que «desde el inicio de las actuaciones del Consejo en mayo de 2025 (con el anuncio de una investigación a dos programas de actualidad) (…) ha tenido una incidencia significativa en la percepción pública de la Corporación, afectando a su reputación y a la confianza depositada en RTVE como operador público». Una afirmación que contrasta, precisamente, con la imagen, denunciada por el CdI y por los trabajadores, que dichos programas han transmitido precisamente de la televisión pública.
RTVE asegura que «en la medida en que se formulan imputaciones relativas, entre otros extremos, a presunto sesgo ideológico, falta de rigor profesional y difusión de contenidos susceptibles de ser interpretados como constitutivos de delitos de odio -como son las que recoge el informe del CdI-, se produce un efecto directo sobre el honor profesional de las personas afectadas y sobre el desarrollo ordinario de su actividad».
Es por esto por lo que justifican esta demoledora respuesta, asegurando que «la Corporación no puede permanecer en silencio ante acusaciones de tal entidad, que trascienden el ámbito interno y se proyectan de forma inmediata al espacio público, con consecuencias profesionales y reputacionales para RTVE y para quienes prestan sus servicios en ella».
La respuesta no se queda ahí, sino que establece varios puntos en los que señala lo que denominan «deficiencias», las cuales «podrían consolidar en la opinión pública un relato erróneo sobre el cumplimiento por RTVE de sus obligaciones de servicio público y sobre la actuación profesional de sus trabajadores». El informe del CdI sobre los programas de Javier Ruiz y Jesús Cintora, precisamente, denunciaba que estos programas sí que incumplen precisamente con esas obligaciones de servicio público que reclama la Corporación.
La primera deficiencia, «carencias relevantes, conclusiones no suficientemente sustentadas y afirmaciones inexactas o directamente falsas», como las califica la dirección de RTVE, se refieren al muestreo, algo que ya señaló López en la Comisión. El informe del Consejo de Informativos de RTVE se realizó con el análisis de 13 de cada programa «sobre un total emitido de más de 400, es decir, apenas un 3 % del universo». Cierto que solo se analizaron meticulosamente 13 programas, pero de solo esos 13 programas el CdI detectó decenas de incumplimientos.
«Con una muestra tan exigua, y sin acreditar un diseño mínimamente representativo de selección aleatoria, ni un sistema de codificación replicable, ni criterios de evaluación estables, ni control de sesgos, es improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas y mucho menos trasladarlo como un identificativo de la Corporación RTVE«, critica la dirección de la televisión pública.
Añaden que «una cosa es exigir rectificaciones sobre contenidos determinados y otra muy distinta es estigmatizar y desacreditar a programas enteros y a los profesionales que trabajan en ellos, extendiendo la sospecha colectiva a partir de una base empírica mínima y sin garantías de representatividad. Una cosa es exigir rectificaciones sobre contenidos determinados y otra muy distinta es estigmatizar y desacreditar a programas enteros y a los profesionales que trabajan en ellos, extendiendo la sospecha colectiva a partir de una base empírica mínima y sin garantías de representatividad».
Y va más allá, poniendo en duda la garantía de un Consejo de Informativos que lleva décadas velando por los trabajadores y que ha batallado por esto con todos los gobiernos, de todos los colores y estuviese quien estuviese en la presidencia de la Corporación.
El segundo punto contra el que cargan es la afirmación del informe sobre «los delitos de odio». El informe del Consejo de Informativos de TVE concluyó lo siguiente: «Es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad». Según la dirección de RTVE, esta afirmación que el CdI sostuvo con ejemplos de ambos programas, es «una imputación institucional de máxima gravedad: la naturaleza de lo que se está acusando, la ausencia total de prueba que lo sostenga y la autoridad de quien lo afirma».
«No se trata ya de cuestionar una cobertura concreta, sino de sostener que la actuación de RTVE provoca o alimenta un efecto social nocivo, lo que instala una tesis totalizante, «RTVE polariza», con consecuencias devastadoras para la credibilidad y la legitimidad del servicio público audiovisual», continúa, pese a que es una afirmación que no solo realizó el CdI en su investigación sino otros análisis y estudios de empresas ajenas a RTVE.
El tercer punto habla de la siguiente conclusión del informe: «No se nos ha dicho quiénes son los verdaderos responsables editoriales de estos programas» y que «no tenemos constancia de quiénes son los verdaderos responsables editoriales». Hay que recordar que en las conclusiones del informe el CdI advertía de que de todas las preguntas enviadas a la dirección de Magacines de RTVE había una precisamente sobre esto a la que dicha dirección respondió de la siguiente manera: «La línea editorial la marca la Dirección de Magacines y la dirección de TVE y en cada programa hay personas de RTVE en el equipo de dirección que trabajan diariamente en la escaleta y la selección de contenidos». Lo que el CdI exigía era precisamente esos nombres para poder identificar a los responsables, pues en otra respuesta de dicha dirección también advierte de la imposibilidad de controlar al cien por cien todo lo que se emite en estos programas.
Para RTVE la afirmación del CdI es «falsa» y «agrava definitivamente el problema», además de que «deja de ser un defecto interno y se convierte en un vector activo de daño reputacional, con potencial lesivo para el honor y la reputación corporativa de RTVE y para los profesionales afectados».
El resto de la respuesta es un compendio de argumentos intentando desmontar punto por punto cada valoración y análisis del CdI sobre ambos programas. En ningún caso se asume ninguna de las responsabilidades por parte de la dirección ni tampoco se tiene en cuenta que la investigación del Consejo de Informativos partió de decenas de quejas de los trabajadores, después de meses reclamando a la dirección distintas correcciones sobre estos programas.
Por último, la dirección de RTVE «obliga» al CdI a corregir todo lo que exponen en la respuesta de 19 páginas: «En una televisión pública, acusar de manipulación, propaganda o falta de neutralidad no es una crítica ligera: es imputar el quebranto de responsabilidades profesionales nucleares. El informe proyecta el reproche sobre presentadores y tertulianos, alcanza también de lleno a los responsables editoriales y directivos de TVE, a quienes, implícita o explícitamente, se atribuye fallar en funciones esenciales y vertebradoras de su cargo como es garantizar el cumplimiento de los principios del servicio público, fijar criterios editoriales compatibles con pluralismo y rigor, ordenar y supervisar la línea de contenidos, y responder institucionalmente por la arquitectura del programa».
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