El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha dado este miércoles una vuelta de tuerca más en su pulso por la política migratoria con el ejecutivo central, que lidera Pedro Sánchez, al reclamar que se haga cargo de 50 menores migrantes residentes en la región que han pedido asilo. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, solo un día después de que la líder conservadora exigiera el cierre de los centros de acogida a migrantes de la región, y anunciara su intención de denunciar ante los tribunales y la Unión Europea las decisiones del Estado en materia de extranjería. Esa batería de reclamaciones políticas, administrativas y judiciales, que incluye haber recurrido ante el Constitucional el reparto de menores extranjeros por toda España, o haber solicitado la expulsión de una veintena, certifican que Madrid actúa como punta de lanza del PP nacional, que este fin de semana, en su congreso, apostó por endurecer su posición en política migratoria.
Madrid sigue el camino de Canarias y hace un requerimiento previo a acudir al Supremo que se suma a la petición de cerrar centros de asilo y repatriar menores
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha dado este miércoles una vuelta de tuerca más en su pulso por la política migratoria con el ejecutivo central, que lidera Pedro Sánchez, al reclamar que se haga cargo de 50 menores migrantes residentes en la región que han pedido asilo. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, solo un día después de que la líder conservadora exigiera el cierre de los centros de acogida a migrantes de la región, y anunciara su intención de denunciar ante los tribunales y la Unión Europea las decisiones del Estado en materia de extranjería. Esa batería de reclamaciones políticas, administrativas y judiciales, que incluye haber recurrido ante el Constitucional el reparto de menores extranjeros por toda España, o haber solicitado la expulsión de una veintena, certifican que Madrid actúa como punta de lanza del PP nacional, que este fin de semana, en su congreso, apostó por endurecer su posición en política migratoria.
“Hacemos un requerimiento para que el Estado atienda, el gobierno central atienda, a 50 menores no acompañados que son peticionarios de protección internacional y se encuentran atendidos en centros de la Comunidad de Madrid”, ha dicho García Martín tras la reunión semanal del consejo de gobierno regional. “Es un requerimiento previo a la interposición del correspondiente recurso para que los menores extranjeros que han llegado hasta nuestra comunidad no por generación espontánea, sino porque los ha traído el gobierno de Pedro Sánchez, y son peticionarios de asilo, de protección internacional, sean atendidos directamente por la administración general del Estado, como así está establecido en el ordenamiento jurídico vigente”, ha seguido. Y ha rematado: “El gobierno no puede plantear como única solución al caos migratorio que vive nuestro país la apertura de macrocampamentos”.
El requerimiento de Madrid se basa en un precedente: en marzo, el Supremo instó al ejecutivo central a hacerse cargo de 1.221 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que estaban a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. Para llegar a ese punto, el gobierno de Fernando Clavijo dio los mismos pasos que ahora pretende dar el de Díaz Ayuso: primero un requerimiento por la vía administrativa, y, en su caso, recurrir al Supremo.
En el caso de Canarias, el tribunal concluyó que la gestión de las peticiones de asilo corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el real decreto 220/2022. El tribunal, además, reprochó al Gobierno que no hubiera puesto a disposición de estos menores el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo “pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores —según resulta notorio— se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.
Aunque desde entonces la situación no se ha desbloqueado, lo que ha llevado a que el Supremo ordene a los gobiernos central y canario un informe quincenal sobre la atención a los menores solicitantes de asilo, Madrid cuenta con que el precedente sea suficiente para que el Estado acepte su petición sin acudir a la justicia.
“Tienen un mes para contestar al requerimiento”, ha dicho García Martín sobre el Ejecutivo central, que se ha comprometido con Canarias a recibir a los niños en centros de la Península o a financiar su estancia en las islas. “Lo tienen fácil. Que no hagan perder el tiempo a los órganos judiciales. Ya ha habido un pronunciamiento claro”, ha seguido. “Lo lógico y normal es que asuman su responsabilidad y sus competencias”.
Nada hace esperar que la resolución de este asunto, si llegara, cierre el capítulo de choques por la política migratoria entre la administración regional y la central. El PP ha encontrado aquí una bandera para su estrategia de oposición contra Sánchez, y en Vox un rival que le presiona para endurecer su posición. Un contexto en el que el gobierno de Ayuso se mueve como pez en el agua, y en el que tiene fácil encontrar puntos de conflicto: ahora con los peticionarios de asilo, y ayer y mañana con los menores migrantes que próximamente llegarán a la región como resultado del acuerdo para repartir a los que se hacinan en Canarias y Ceuta.
“Esos menores están bajo la protección del Gobierno de Canarias: como no tenemos comunicación de ningún tipo, no hemos podido aceptar ni rechazar lo que no nos han ofrecido, y ese reparto no se va a poder producir”, ha dicho García Martín. “Defenderemos los intereses de la Comunidad de Madrid”, ha añadido. Una frase que suena a aviso: el pulso entre las dos administraciones por la política migratoria no ha terminado.
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