Las seis universidades públicas de Madrid luchan por sobrevivir entre los desafíos financieros, los recortes y la necesidad de buscar créditos. Los trabajadores de la Complutense no cobrarán ni el sueldo de diciembre ni la extra de Navidad, si el Ejecutivo autonómico no les concede un préstamo de 34,4 millones de euros, mientras la Rey Juan Carlos enfrenta una situación deficitaria, según ha revelado el consejero de Educación, Emilio Viciana, tras anunciar que su equipo supeditará 10 millones anuales a que las universidades cumplan una serie de objetivos. Así lo recogerá la futura Ley regional de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que por ahora solo es un borrador, aunque la Comunidad de Madrid pretende llevarla en diciembre a la Asamblea para que entre en vigor el próximo curso.
La Comunidad de Madrid pretende llevar en diciembre la Ley de Universidades a la Asamblea, que por ahora solo es un borrador, para que entre en vigor el próximo curso
Las seis universidades públicas de Madrid luchan por sobrevivir entre los desafíos financieros, los recortes y la necesidad de buscar créditos. Los trabajadores de la Complutense no cobrarán ni el sueldo de diciembre ni la extra de Navidad, si el Ejecutivo autonómico no les concede un préstamo de 34,4 millones de euros, mientras la Rey Juan Carlos enfrenta una situación deficitaria, según ha revelado el consejero de Educación, Emilio Viciana, tras anunciar que su equipo supeditará 10 millones anuales a que las universidades cumplan una serie de objetivos. Así lo recogerá la futura Ley regional de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que por ahora solo es un borrador, aunque la Comunidad de Madrid pretende llevarla en diciembre a la Asamblea para que entre en vigor el próximo curso.
Su resultado final parece asemejarse poco al proyecto que se anunció hace más de dos años. Uno de los grandes cambios incluye esta financiación por méritos, un concurso anual con un premio de 10 millones de euros a repartir entre las seis universidades públicas de Madrid, siempre y que demuestren el cumplimiento de una serie de requisitos. Si todas alcanzasen esta meta, les tocaría a cada una poco más de un millón y medio de euros. Una cifra muy escasa dada la grave situación que atraviesan las facultades.
Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en sus campus por alumno. Atendiendo a los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales, es la región que cuenta con menos transferencias corrientes y de capital recibidas por estudiante, así como la de mayor recaudación por alumno en concepto de precios públicos, algo más de 1.700 euros. Son datos que recoge el análisis Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024, publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Fuentes de la Universidad Complutense aseguran no tener confirmación oficial “sobre la cifra ni la financiación de la que dispondrán las universidades públicas para el próximo año”. Hasta que se comuniquen esos detalles de manera formal, prefieren no hacer valoraciones sobre esos 10 millones de euros por los que competir. El año pasado, esta entidad recibió 412,4 millones para transferencias corrientes, 14,75 millones menos que lo que la comunidad le entregó en 2010 y 2011.
En el curso 2021-2022, las transferencias aportaron 4.779 euros por alumno matriculado en grado en Madrid, cuando la media española estaba en 6.118 euros. En gastos en personal por empleado, con la renta per cápita más alta de España, invirtió 34.738 euros, frente a la media española: 35.688.
La lista de objetivos se ha simplificado y abre la posibilidad de que cada centro pacte establecer los que más se adecúen a sus características con la Administración regional, que también podrá añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno. Entre los que recoge el borrador consta la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica, o el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.
Así se ha detallado el capítulo de financiación por objetivos, que junto a la cobertura económica básica para el normal funcionamiento de los centros y la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas, como la rehabilitación de edificios históricos, conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, cuyo importe total aún se desconoce.
La Comunidad de Madrid valoraba esta financiación extraordinaria en la partida de objetivos, pero, en un principio, la ayuda iba a ser mucho más ambiciosa. No se trataba de un presupuesto cerrado con metas fijadas, esa financiación pretendía premiar la excelencia. Por ello, se abordaron asuntos como el reconocimiento a los profesionales que se sometiesen a pruebas especifícas para acceder a la carrera docente, pero de esto ya nada se sabe.
El texto, que todavía no es ni anteproyecto de ley, parece apostar por la autofinanciación de las universidades, aunque esto también está en el aire. Viciana se replantea el reparto de la cobertura económica, que inicialmente dependía en un 70% del Gobierno autonómico y en un 30% de cada universidad.
De mantenerse estas cifras, el porcentaje mayoritario de los ingresos dependerá de las transferencias contempladas en los presupuestos regionales y el minoritario lo asumirán los propios centros mediante, por ejemplo, convenios con otras entidades o proyectos de investigación. Tampoco se conoce todavía el presupuesto que la Comunidad de Madrid destinará a las universidades madrileñas en los Presupuestos de 2026, que se presentan en unas semanas.
Organización de los campus
Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto recoge ahora que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y otro por el Consejo social.
Dentro del contenido normativo de la nueva ley se fija un importe máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario. Entre estas, no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibicición de pancartas no autorizadas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aguarda convertir el texto en anteproyecto para someterlo a información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Después, la futura Ley regional de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia se enviará a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación definitiva. Según los tiempos con los que trabaja Viciana, se prevé que estas cuestiones puedan debatirse y aprobarse en la primavera de 2026, para que entren en vigor cuando comience en septiembre el nuevo curso.
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