Cataluña se asoma a la pacificación total pese a las grietas de la amnistía

En octubre de 2017, con media España conteniendo el aliento por la fugaz declaración de independencia en el Parlament de Cataluña, el 55% de los catalanes situaban el conflicto territorial en la cima de los problemas a los que se enfrentaban. Y eso que todavía estaba por llegar el encarcelamiento de buena parte de los miembros del Govern de Carles Puigdemont y la salida de España de los que quisieron esquivar la cárcel. Ello por no recordar que la Generalitat se dirigía a una intervención total por parte del Gobierno que acabó en unas elecciones anticipadas. Menos de ocho años después, el conflicto Cataluña-España ya no es el primer problema de los catalanes, sino el séptimo, según el Centro de Estudios de Opinión, el equivalente al CIS en Cataluña. Otros problemas más acuciantes del día a día y para el bolsillo, como el drama de la vivienda o la inmigración encabezan el ranking de preocupaciones, y sitúan a Cataluña en línea con las inquietudes que asolan al conjunto de Europa. A ello se refería este jueves Salvador Illa, cuando, nada más conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía, proclamaba: “Hoy las cosas van mejor en Cataluña”.

Este “ir mejor”, al menos en el terreno político, se observa nada más bajarse de un AVE en la estación de Sants. A quien no haya pisado Barcelona el último lustro le sorprenderá la práctica ausencia de banderas en el espacio público, ni independentistas ni españolas. Y que las manifestaciones pro y anti secesión que llegaron a formar parte del paisaje diario han quedado relegadas a días simbólicos como el 11 de septiembre o el 12 de octubre. Pese a los muchos problemas que quedan por resolver se respira mejor dentro del decorado catalán. Y no son pocos quienes, con cierta socarronería, se jactan de que el procés, con su griterío, su división y sus dosis de surrealismo “se ha trasladado a Madrid”.

La sentencia de ayer del Tribunal Constitucional llega después de dos años en los que todos los partidos sin excepción han tenido que hacer sorprendentes giros respecto a Cataluña. El PSOE, que inicialmente no veía ni los indultos ni mucho menos la amnistía, ha tenido que afrontar ambos procedimientos en aras a normalizar la vida política en Cataluña y, sobre todo, contentar a sus socios tanto para la investidura de Pedro Sánchez como la de Salvador Illa. Y a juzgar por las cuotas de poder que han conseguido, especialmente en Cataluña las cosas les han ido bien. Los socialistas gobiernan en la Generalitat con el apoyo de Esquerra Republicana y de los comunes y en solitario -o con pactos puntuales- tanto en Barcelona como en la mayor parte de los grandes municipios de Cataluña. Los independentistas también han hecho auténticas contorsiones. Junts, sin ir más lejos, aceptó investir a Sánchez tras haberlo rechazado en campaña con la amnistía como principal trofeo. Y algo parecido hizo ERC al ir levantando los cordones sanitarios contra los socialistas ya con los indultos.

Pero hablar de “normalidad” o de “pacificación” de Cataluña sigue molestando sobremanera al independentismo, que recuerda los problemas que siguen -y seguirán- existiendo para hacer efectiva la amnistía. Si bien es cierto que unas 300 personas ya se han beneficiado de la medida de gracia no ha sido así con los líderes del procés. El caso de Carles Puigdemont -que sigue en Bélgica para evitar la cárcel- y el de Oriol Junqueras, que preside ERC pero está inhabilitado para ejercer un cargo público son especialmente sangrantes. En el Parlament sigue habiendo dos escaños vacíos -el de Puigdemont y el del exconsejero de Cultura Lluís Puig- y la figura del jefe de la oposición, que en teoría debería ejercer el primero sigue vacante.

Junqueras no es más optimista. En declaraciones a EL PAÍS el presidente de ERC, que pudo salir de prisión en 2021 gracias a los indultos, considera que la sentencia de ayer cambiará poco o nada su situación personal. “Está muy bien que el TC diga que la amnistía es Constitucional pero el Tribunal Supremo ya ha dicho que no me la piensa aplicar, que le da igual”. Ello le provoca un perjuicio importante. Como presidente de ERC aspira a presentarse a las próximas elecciones catalanas, y mientras no se aclare si el delito de malversación por el que fue condenado es amnistiable, seguirá en esta situación. Y no solo esto. “Es que tampoco puedo ejercer mi trabajo, el de profesor universitario” lamenta.

Toni Comín, que forma parte del grupo de independentistas que no pueden regresar a España si quieren evitar ser detenidos recibió con optimismo la sentencia de ayer. Comín confirma que en breve tanto él como Puigdemont presentarán un recurso de amparo acompañado de una petición para que el Tribunal Supremo levante las cautelares que les impiden regresar a España sin ser detenidos. “La capacidad de rebelión del Supremo es limitada; el Constitucional tiene mecanismos para forzar a la ejecución de su sentencia”, defiende. En el terreno político, Comín valora la sentencia como una “rectificación” del Estado sobre lo que pasó durante el procés y lo celebra como una victoria de Junts: “Nosotros pactamos la amnistía sin hacer renuncias políticas más allá de investir a Pedro Sánchez”.

En cualquier caso, el Partit del Socialistes quiere exprimir al máximo la nueva situación que la Amnistía ha abierto en Cataluña. Illa goza de una popularidad inaudita no solo entre su base de votantes, sino que también la tiene entre los sectores económicos, históricamente mucho más próximos a lo que fue Convergència i Unió. Huérfanos de esta opción nacionalista moderada y escarmentados por la década de inestabilidad del procés, los empresarios se han puesto en brazos de Illa, incluso sin haber conseguido la ansiada bajada de impuestos que le reclaman día sí y día también. Patronales, sindicatos y buena parte de la sociedad civil siguen viendo en Illa un valor seguro para reafirmar la pacificación iniciada con la amnistía.