El condado de Cirat, un pueblo del interior de Castellón que hoy cuenta con poco más de 200 habitantes, fue otorgado en 1626 por el rey Felipe IV a favor de don Bernardo de Vilarig y Carroz. Los miembros de esta familia de la nobleza valenciana ya venían desempeñando importantes cargos para la monarquía. Los Carroz ejercieron, por ejemplo, como bayles (batlles, en valenciano), impartiendo la justicia de la época en poblaciones como Navajas o Segorbe o nombrando funcionarios en la antigua Corona de Aragón. Y desde principios del siglo XVII, también ocuparon el oficio real de veedor general de la costa del Reino de Valencia, que se encargaba del control de las torres de guaita que vigilaban el territorio frente a los ataques y desembarcos de piratas berberiscos del norte de África.
La policía autonómica recupera 30 manuscritos de los siglos XVI y XVII del archivo de la familia noble sobre las funciones que ejercían de control de las torres vigía o impartiendo justicia
El condado de Cirat, hoy un pueblo del interior de Castellón de 200 habitantes, fue otorgado en 1626 por el rey Felipe IV a favor de don Bernardo de Vilarig y Carroz. Los miembros de esta familia de la nobleza valenciana ya venían desempeñando importantes cargos para la monarquía. Los Carroz ejercieron, por ejemplo, como bayles (batlles, en valenciano), impartiendo la justicia de la época en poblaciones como Navajas o Segorbe o nombrando funcionarios en la antigua Corona de Aragón. Y desde principios del siglo XVII, también ocuparon el oficio real de veedor general de la costa del Reino de Valencia, que se encargaba del control de las torres de guaita que vigilaban el territorio frente a los ataques y desembarcos de piratas berberiscos del norte de África.
Fue una familia con mucha historia y su archivo así lo refleja. Alfonso Merchante y Martínez de Pisón, conde de Cirat, donó el suyo al Archivo Provincial de Castellón en 2013, siete años antes de fallecer. Pero otra rama emparentada con la familia vendió a un anticuario vasco parte de su legado que, a su vez, fue adquirido lícitamente por particulares.
Los documentos, 30 manuscritos de los siglos XVI y XVII, entre otros, procedían de los marqueses del Puerto (País Vasco) y Ciriñuela (La Rioja). Con su participación para la venta, un archivo pierde buena parte de su valor en conjunto y es de los problemas más frecuentes con que se enfrentan los expertos.
La policía adscrita a la Generalitat se enteró de que una web ofrecía esos documentos protegidos por las leyes nacional y autonómica de Patrimonio, y procedió a recuperarlos. Se vendían por 30 euros, 300 o 3.000 euros, según fuentes policiales que insisten en que su valor es sobre todo patrimonial. Este lunes, han sido presentados en el Archivo del Reino de Valencia, donde se han depositado para ser inventariados y someterse a medidas de conservación para garantizar su integridad.
Están escritos en valenciano, latín y castellano. El valenciano era el idioma predominante en los textos legales y administrativos hasta el siglo XVIII en todo el antiguo Reino de Valencia, incluso en poblaciones de predominio castellano como Orihuela, apuntan fuentes del Archivo del Reino.
Entre los manuscritos se puede leer la condena por ahorcamiento de un ladrón en Segorbe en 1583; el juicio por intento de violación a dos mujeres en Cirat en 1622; la acusación criminal de un asesinato en Navajas de 1628 (en valenciano); la relación de tropas en la defensa costera de San Joan de Alicante o la lista de gente que servía en las torres vigía de Vila-Joiosa o Xàbia.
Juan Carlos Valderrama, consejero de Emergencias e Interior, ha explicado que estos documentos están relacionados en su mayoría con el cargo de ‘veedor general de la Defensa Costera del Reino de Valencia’. Además, también hay manuscritos relacionados con procedimientos judiciales del partido judicial de Segorbe y, en menor medida, con nombramientos de cargos municipales en diferentes localidades de la provincia de Alicante.
Devolución a los propietarios
Una vez cumplidos los trámites, y dado que la compraventa fue legal y no revistió ningún tipo de ilícito penal, serán devueltos a sus propietarios con la obligación de que cumplan las medidas específicas de conservación que requieren estos bienes, protegidos por la ley estatal de Patrimonio Histórico y la ley autonómica de Patrimonio Cultural, apuntan fuentes de la consejería. En caso de no poder cumplir estas medidas, los documentos serán custodiados por la Generalitat en el archivo que se determine, cumpliendo con la ley reguladora del Sistema Archivístico Valenciano.
Estos 30 documentos fueron intervenidos en su mayoría en la Comunidad Valenciana, aunque también se localizaron algunos en Barcelona, Toledo y Cantabria, y se conoce además la existencia de otros dos documentos, que todavía no han sido localizados, porque fueron revendidos.
El cargo de ‘veedor general de la Defensa Costera del Reino de Valencia’, con rango de oficial real, era ejercido por las personas que estaban en posesión del título de conde de Cirat. Están relacionados con esta actividad 13 documentos intervenidos a particulares y los cinco de la Universitat de València, que los adquirió para conservarlos. Y se refieren en concreto a actuaciones del oficial real en Alicante, Sant Joan d’Alacant, Jávea, Villajoyosa, Calp, València, Oliva, Sagunto, Canet d’En Berenguer, Castellón de la Plana, Moncofa y Peñíscola.
Justicia
El conde de Cirat también tenía bajo su jurisdicción la impartición de justicia bajo la figura de un cargo destinado para este fin, y precisamente centrados en este cometido se han localizado 12 manuscritos, que están vinculados con Segorbe, Cirat, Navajas y Jérica. Finalmente, se han recuperado cinco actas de nombramientos de cargos en las corporaciones municipales de Agres, Sella, Benimeli y Villafranqueza, actualmente perteneciente a la ciudad de Alicante.
La Policía de la Generalitat ha contado con la colaboración del Archivo Provincial de Castellón, así como del Archivo del Reino de Valencia. La investigación ha sido dirigida por el Grupo de Patrimonio de Alicante, con la participación de efectivos de la sede de Castellón y del Grupo de Patrimonio de Valencia, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, la Abogacía de la Generalitat, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura y la Jefatura de Coordinación Archivística del Ministerio de Cultura.
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