Más de 800 afectados conocidos y un fraude que en sus primeras estimaciones supera los cinco millones de euros solo en España. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado 23 de julio en Madrid a J. G. B., considerado el representante legal de la filial española de Lyoness, un entramado societario internacional nacido en Austria al que se señala como responsable de una supuesta estafa piramidal que lleva funcionando desde hace 14 años en España y hace más de 20 en otros países europeos.
Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011
Más de 800 afectados conocidos y un fraude que en sus primeras estimaciones supera los cinco millones de euros solo en España. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado 23 de julio en Madrid a J. G. B., considerado el representante legal de la filial española de Lyoness, un entramado societario internacional nacido en Austria al que se señala como responsable de una supuesta estafa piramidal que lleva funcionando desde hace 14 años en España y hace más de 20 en otros países europeos.
El supuesto fraude se sustentaba en un programa de membresía, fidelización y captación de socios en el que las víctimas debían hacer un primer desembolso de 2.000 euros para, posteriormente, realizar pagos de entre 99 y 399 euros mensuales con la promesa de “obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios” ―la trama llegaba a prometer rentas de 50.000 euros mensuales― que, finalmente, nunca recibían, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero y los supuestos intereses prometidos ―“inviables financieramente”, según los investigadores― les era imposible.
La bautizada Operación Peldaño se inició en marzo de 2023, después de que 803 afectados, agrupados en la Asociación Nacional de Afectados por Estafas y Esquemas Piramidales (Andape), presentasen en la Audiencia Nacional una querella contra una decena de directivos del grupo empresarial ―entre ellos el ahora arrestado― así como contra siete sociedades del entramado como presuntos autores de un delito de estafa. En el escrito, las víctimas aseguraban que habían intentado negociar durante un año con los responsables en España de la sociedad para conseguir la devolución de las cantidades aportados, pero que no habían llegado a un acuerdo.
El abogado de los denunciantes, Miguel Ángel Fernández-Salinero, asegura que la estafa “es a la vez simple y sofisticada” y sitúa el epicentro del supuesto fraude en Lyoness Holding Europe AG. Esta sociedad, con sede en Austria, lleva desde 2003 captando como clientes a particulares y comercios por todo el mundo con el fin de configurar una denominada “comunidad de compras” en la que a unos y a otros se les prometen diferentes beneficios al adquirir en los establecimientos adheridos y que cuenta con millones de afiliados, principalmente en Europa. En 2011, el grupo comenzó a operar en España a través de una filial.
Los perjudicados aseguran que esta mercantil ofertaba a las víctimas formar parte del sistema como usuarios, de modo que, tras la entrega de una cantidad inicial recibían un vale de compra que les permitiría ahorrar importantes cantidades al comprar en establecimientos asociados a través de un sistema de cashback (reembolso por parte del establecimiento de una determinada cantidad del precio en forma de vale). Posteriormente, les ofrecían formar parte de la sociedad y convertirse en distribuidores de la comunidad de compras con la promesa de ir escalando de nivel ―y, por tanto, de beneficios― mediante un sistema de puntos en su denominado “programa de compensación” con los que podrían obtener premios monetarios en función del número de personas y establecimientos que lograsen captar.
Según detallan fuentes cercanas a la investigación, había fijados 11 niveles, aunque la letra pequeña del contrato revelaba la imposibilidad de ascender en la escala. “Para llegar al penúltimo nivel, el usuario debía haber captado a 3.486 millones de socios, algo imposible”, detallan fuentes policiales tras hacer un análisis matemático de las condiciones que se les imponía a las víctimas para ir progresando en el sistema. La adhesión de las pequeñas y medianas empresas seguía un esquema similar, incluida la aportación de cantidades periódicas, pero además se les vendía una aplicación para poder gestionar sus ventas.
Según la querella admitida por la Audiencia Nacional, la sociedad había creado un sistema en gran parte ficticio porque “los establecimientos que afirmaban formar parte del sistema no formaban parte, los descuentos eran inexistentes o irrisorios y [a los perjudicados] nunca les fue posible obtener el reembolso del dinero inicialmente aportado”. “El negocio ofrecido carecía de toda racionalidad mercantil y no implicaba actividad económica real alguna”, detallaban los afectados en el escrito. La Policía ha constatado, además, que la letra pequeña de los documentos que firmaban era, en la mayoría de los casos, utilizaba una terminología que los hacía ininteligibles incluso para personas con formación legal.
Fuentes policiales cercanas a la investigación detallan que el sistema de captación era muchas veces el boca a boca, con familiares y amigos, pero que la red también celebraba eventos multitudinarios para atraer a más gente, difundían vídeo y folletos o se publicitaban en las redes sociales. En sus actos repetían frases como “¿os gustaría ganar dinero mientras dormís cuando el resto del mundo consume?” o “¿qué prefieres?, ¿ahorrar cada mes 50 euros o ganar cada mes 5.000 euros?”
La Policía detalla que también ofrecían a los asociados invertir en proyectos de negocio como una agencia de viajes o una moneda virtual ―“se va a disparar (…) como pasó con el Bitcoin!!!”, auguraban― que nunca salían adelante porque, entre otros motivos, “no tenían licencia para operar”, añaden estas fuentes. De hecho, camuflaban estas actividades “para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de las cuales la sociedad carecía de autorización”. Estas inversiones engordaban los millonarios beneficios obtenidos por el entramado y que las primeras estimaciones cifran en 52 millones de euros en los 14 años que llevaba operando en España.
Siempre según la denuncia, Lyoness ya ha tenido problemas legales en otros países, como Suiza, Italia, Polonia, Austria, Noruega y Turquía, y por ello había cambió en 2014 su estructura societaria para separar formalmente sus negocios y gestionarlos bajo marcas diferentes en toda Europa. En España, por ejemplo, pasó de llamase Lyoness 2011 a Lyoness España y, finalmente, MSW Myworld Customer & Retail Services Spain, vinculadas siempre a sus matrices europeas. Lyoness siempre ha negado las acusaciones.
Los problemas legales de Lyoness en España no son nuevos. En 2017, una asociación de usuarios de servicios financieros inició en nombre de más 700 presuntos afectados un proceso judicial ante un juzgado mercantil contra la sociedad para reclamar de cuatro millones de euros. La vista terminó con un acuerdo para reintegrar a los denunciantes una parte de las cantidades.
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