Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Palafrugell (Baix Empordà) detuvieron el pasado miércoles a Josep B. M. de 57 años y vecino de la población, que fingía -según la policía autonómica- ser administrador de fincas como presunto cabecilla de una trama que ha permitido al menos 30 reagrupamientos familiares fraudulentos desde 2020, a cambio de grandes sumas de dinero. Los agentes le arrestaron como por ser el presunto autor de 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 23 de falsificación documental. El detenido pasó este jueves a disposición del juzgado de guardia de la Bisbal d’Empordà que le dejó en libertad a espera de juicio.
Los investigadores calculan que el acusado habría propiciado 30 agrupamientos familiares desde 2020 a cambio de 6.000 euros por familia
Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Palafrugell (Baix Empordà) detuvieron el pasado miércoles a Josep B. M. de 57 años y vecino de la población, que fingía -según la policía autonómica- ser administrador de fincas como presunto cabecilla de una trama que ha permitido al menos 30 reagrupamientos familiares fraudulentos desde 2020, a cambio de grandes sumas de dinero.Los agentes le arrestaron como por ser el presunto autor de 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 23 de falsificación documental. El detenido pasó este jueves a disposición del juzgado de guardia de la Bisbal d’Empordà que le dejó en libertad a espera de juicio.
Los investigadores sostienen que el acusado utilizaba, presuntamente, casas o pisos de ancianos, fallecidos o segundas residencias sin el conocimiento de sus propietarios o con la connivencia de ellos, -algunos con necesidades económicas- que accedían a cambio de dinero. Las pesquisas han arrojado que el hombre see lucraba de los extranjeros no comunitarios, todos ellos marroquíes de la localidad o entorno, cobrándoles unos 6.000 euros por familia, a cambio de falsearles los contratos de alquiler que les permitirían conseguir el NIE y finalmente el reagrupamiento y ayudas.
La policía ha implicado a 30 personas más en la trama de falsificación de contratos de alquiler para obtener empadronamientos y el posterior reagrupamiento familiar, 15 investigadas y 15 detenidas por delitos de falsificación de documento público, por falsear contratos de alquiler.
Los hechos se remontan a hace más de un año, cuando una vecina manifestó en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento que unas personas habían hecho un contrato de alquiler sobre un piso de su marido, que llevaba tiempo muerto. A partir de ahí, en la OAC se detectaron irregularidades en los procedimientos de obtención de empadronamientos, como la detección de muchos personas censadas en los mismos pisos que solicitaban reagrupamientos.
Por ello se creó una comisión sobre el tema con la participación de la oficina municipal, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra de la Bisbal. La investigación permitió aflorar varios ilícitos penales vinculados a los requisitos necesarios para pedir reagrupamientos familiares por parte de extranjeros, hechos a través de falsificaciones documentales. También se comprobó que se habían cometido delitos contra los ciudadanos extranjeros, favoreciendo la inmigración ilegal y el fraude a la Administración Pública local, autonómica y estatal.
Las pesquisas, que se remontaron hasta el 2020, señalaban a Josep B.M., que había sido copropietario y administrador de una correduría de seguros, como el presunto jefe de la trama. Aunque la empresa no estaba registrada como negocio dedicado al sector inmobiliario y la actividad en el registro mercantil estaba extinguida desde 2023, se aprovechaba de los contactos de que disponía para su actividad laboral. La policía revisó todos los reagrupamientos familiares entre 2020 y 2024, y de las 300 solicitudes detectaron 30 fraudulentos. Muchos de los expedientes de reagrupación eran para cuatro o cinco familiares.
La policía también investigó 16 domicilios utilizados con contratos de alquiler y posteriores empadronamientos falsos ya que el detenido, aprovechando su amplia cartera de clientes desde la creación de la empresa en 2009, hacía contratos ficticios. Se hallaron contratos de alquiler de casas que estaban a la venta sin que el propietario supiera que estaba arrendada; fincas heredadas, la casa de una anciana que vivía en una residencia, casas que eran segundas residencias o incluso casas en las que vivían sus propietarios. Los contratos de alquiler falsos a personas que nunca vivieron realmente en la vivienda donde figuraban, servían para esquivar la ley y falsear los requisitos legales necesarios para obtener los reagrupamientos, ya que para la obtención del reagrupamiento familiar es necesario, entre otros requisitos, la obtención del NIE, un trabajo remunerado para mantener a la familia sin el apoyo de las ayudas y un domicilio en propiedad o alquilado.
El detenido localizaba presuntamente a personas en situación de vulnerabilidad económica, titulares de viviendas, y les proponía recibir entre 300 y 500 euros al mes a cambio de permitir empadronar en su domicilio a inmigrantes sin que nunca llegaran a vivir, simulando un contrato de alquiler formal. Así, proporcionaba a inmigrantes contratos de alquiler fraudulentos y se aprovechaba de su situación para conseguir grandes sumas de dinero, unos 6.000 euros por familia, a cambio de tramitarles los papeles, asesorarlos y conseguir la reagrupación familiar, incurriendo en delitos contra los ciudadanos extranjeros.
La dueña de una gestoría de Palafrugell, de 68 años, también está investigada por dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos de falsificación de documento público, oficial o mercantil. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones ni más personas investigadas cuando se compruebe toda la documentación y se analicen las ayudas obtenidas fraudulentamente, con fraude a la Administración Pública local, autonómica y estatal.
Josep B., que fue detenido el 30 de julio como presunto autor de 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 23 de falsificación documental, ayer pasó a disposición del juzgado de guardia de la Bisbal d’Empordà que le dejó en libertad a espera de juicio.
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