Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 6 de agosto pasado a un empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) acusado de explotar laboralmente a trabajadores sin papeles, a los que hacía contratos fraudulentos con datos de terceras personas y a los que obligaba a hacer jornadas de hasta 90 horas semanales por 850 euros. La empresa se dedicaba a la gestión de residuos y servicios de limpieza públicos y privados en varios municipios, tanto de la provincia de Barcelona como de la de Girona, en localidades como Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidrieres, Maçanet de la Selva o Fogars de la Selva.
El empresario pagaba 850 euros al mes y utilizaba datos de otras personas
El empresario pagaba 850 euros al mes y utilizaba datos de otras personas

Barcelona –
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 6 de agosto pasado a un empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) acusado de explotar laboralmente a trabajadores sin papeles, a los que hacía contratos fraudulentos con datos de terceras personas y a los que obligaba a hacer jornadas de hasta 90 horas semanales por 850 euros. La empresa se dedicaba a la gestión de residuos y servicios de limpieza públicos y privados en varios municipios, tanto de la provincia de Barcelona como de la de Girona, en localidades como Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidrieres, Maçanet de la Selva o Fogars de la Selva.
La investigación sobre uno de los empleados despertó las sospechas de los policías, puesto que el 27 de junio solicitaron a la empresa el horario que había desarrollado esos días, a lo que el dueño les aseguró que había estado trabajando y les mostró su contrato. Este hecho evidenció que había irregularidades en la contratación, puesto que, aunque la empresa aseguraba que el individuo había estado trabajando, la realidad es que había sido detenido.
Los Mossos d’Esquadra contactaron con Inspección de Trabajo de la Generalitat, con la que hicieron el 24 de julio una entrada y registren la empresa, donde detectaron a nueve personas que, o bien no disponían de documentos identificativos, o se acreditaban con copias de otros documentos que pertenecían a terceros. Una vez que los agentes pudieron identificarlos correctamente, los agentes contactaron con la Policía Nacional, que confirmó que se encontraban en situación irregular en España.
Los agentes pudieron constatar que algunos de ellos habían comenzado a trabajar sin contrato y que, pasado un tiempo, la empresa les pidió que aportaran algún documento de alguien que estuviera residiendo legalmente en España para formalizar su relación laboral. A otros trabajadores, el empresario les hacía directamente un contrato laboral a través de los datos de una tercera persona.
En todos los casos, los trabajadores, que se encontraban en situación de vulnerabilidad, cobraban menos de lo que constaba en su contrato laboral, trabajaban más horas de las regladas y no disponían de días de fiesta obligados, con jornadas laborales de 90 horas semanales de media por 850 euros mensuales.
Al día siguiente de la inspección, la empresa notificó a casi una veintena de empleados con contratos irregulares que no volvieran a trabajar. El propietario de la empresa quedó detenido el 6 de agosto, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de falsedad documental. Además, otras tres trabajadoras de la compañía investigada fueron denunciadas por los Mossos, acusadas de los mismos hechos.
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