El Ayuntamiento de Madrid va a darle un giro a la red para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Juntará en 19 centros los servicios que ahora se reparten entre los llamados Espacios de Igualdad y los puntos de atención ambulatoria a víctimas. Se convertirán en los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), cuya gestión dependerá de empresas privadas. Este verano, salió a licitación el contrato para 18 de ellos, valorado en 50 millones de euros y que tumbó el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por considerar ilegales varias cláusulas sobre los derechos de huelga. El consistorio madrileño dice que las cambiará y sacará adelante una nueva licitación. El resto del pliego quedará igual, incluida la posibilidad de rebajar las horas de experiencia exigidas en violencia machista e igualdad cuando resulte difícil cubrir vacantes. Los profesionales podrán incorporarse a un servicio de atención directa a víctimas y a familiares de mujeres asesinadas sin haber completado la formación si prometen hacerlo después.
Las empresas podrán incorporar trabajadores sin las horas de experiencia o instrucción exigidas cuando sea difícil cubrir vacantes o bajas, o si se comprometen a adquirirlas después. El consistorio defiende que ocurre “desde hace años” y es “totalmente excepcional”
El Ayuntamiento de Madrid va a darle un giro a la red para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Juntará en 19 centros los servicios que ahora se reparten entre los llamados Espacios de Igualdad y los puntos de atención ambulatoria a víctimas. Se convertirán en los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), cuya gestión dependerá de empresas privadas. Este verano, salió a licitación el contrato para 18 de ellos, valorado en 50 millones de euros y que tumbó el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por considerar ilegales varias cláusulas sobre los derechos de huelga. El consistorio madrileño dice que las cambiará y sacará adelante una nueva licitación. El resto del pliego quedará igual, incluida la posibilidad de rebajar las horas de experiencia exigidas en violencia machista e igualdad cuando resulte difícil cubrir vacantes. Los profesionales podrán incorporarse a un servicio de atención directa a víctimas y a familiares de mujeres asesinadas sin haber completado la formación si prometen hacerlo después.
“En caso de que sea necesaria la incorporación de nuevo personal, bien para cubrir una vacante o de forma temporal y/o por incapacidades temporales […], la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Géneropodrá excepcionar, previa solicitud motivada por la entidad adjudicataria, el cumplimiento de alguno/s de los requisitos de experiencia laboral y formación especializada, en función de la valoración que se realice de su currículum vitae y de las dificultades existentes para la cobertura inmediata y temporal de dicho puesto”, recogen los pliegos.
Esto no es nuevo y ya estaba previsto en contratos anteriores ―como los adjudicados en 2020, 2023 o 2024―, tanto para los Espacios de Igualdad como para los puntos de atención directa a víctimas (que ahora se fusionarán). Y lo reconoce el consistorio: “Los pliegos de los diferentes recursos de igualdad y violencia del Ayuntamiento contemplan esta posibilidad desde hace años”, indica una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. De hecho, varios contratos recogen precisamente que se podrán “excepcionar algunos de los requisitos de experiencia laboral y formación especializada en violencia de género”. También el más reciente, para el CIAM número 19, que se ubicará en Puente de Vallecas y se ha licitado y adjudicado este año. Esto no consta, en cambio, en algunos contratos más antiguos.
En los nuevos centros, que se pondrán en marcha el año que viene, se incluye además otra salvedad: los profesionales podrán incorporarse sin toda la formación si se comprometen a completarla más adelante, sin que se especifique cuándo. “En el caso de que el personal propuesto no disponga de la formación especializada requerida en el momento de su adscripción al contrato, deberá presentarse un compromiso expreso de adquisición de dicha formación en el plazo que se determine por la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género”, dice el texto. Si la empresa no envía la documentación que acredite que se cumplen los requisitos, se considerará falta leve.
En el Ayuntamiento recalcan que los pliegos establecen “estrictos requisitos de formación y experiencia”, y que “la posibilidad de excepcionar alguno es totalmente excepcional” y “siempre está condicionada a la obtención inmediata de la formación requerida”. Aunque no detallan cómo se garantizará que los trabajadores obtengan esa instrucción de forma “inmediata” si para la mayoría de los puestos se exigen mínimo 75 horas de especialización.
Paloma Rodríguez, trabajadora en uno de los puntos de atención a víctimas, confirma que esto lleva tiempo sucediendo y que cada vez es más difícil cubrir bajas y vacantes. “Todo el mundo conoce cómo funciona la red, la presión, el volumen de trabajo y el salario que se cobra”. Ella lleva casi 10 años en su puesto y además cobra un plus. Gana algo menos de 1.500 euros al mes. A esto se añade la sobrecarga, que llevan años denunciando y ha ido a más, señalan Rodríguez y otras profesionales de la red municipal. Entre una cita y otra con la psicóloga, una mujer puede llegar a esperar mes y medio. Y para una primera atención, hasta dos meses, detalla la profesional. Los datos más recientes son de 2024: en los puntos de atención a víctimas atendieron a 2.292 mujeres, 88 hijos menores a cargo y 63 familiares.
“Y como hay problemas de cobertura, rebajan los requisitos. Cuando yo entré, se pedían para algunos perfiles tres años de experiencia en violencia. Ahora es uno. Trabajas con trauma diariamente y bajar requisitos significa que siempre va a haber una complicación en la atención a las mujeres o que una mujer pasará por cuatro psicólogas porque no se cubren las vacantes”, añade Rodríguez. En el centro en que trabaja, una vacante para psicóloga lleva tres años sin cubrirse.
La explicación que se ofrece en los pliegos es que así se “facilita la especialización de profesionales en la materia, al tiempo que se vela por el mantenimiento de la calidad del servicio”.
“Eso es un agujero negro. La violencia de género es compleja y no puede haber alguien no especializado haciéndose cargo. Es una de las grandes debilidades del sistema, que todo lo que decimos que es especializado en realidad no lo está. Si además las condiciones son tan laxas, abres la puerta a que cualquiera atienda. Me parece una irresponsabilidad. Hablamos de atender situaciones donde la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas muchísimas veces puede estar en riesgo”, señala Nuria Varela, escritora y teórica feminista, que fue la primera directora de gabinete del Ministerio de Igualdad en 2008 y directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias entre 2019 y 2023.
Varela explica que la falta de especialización es muy habitual en las redes de atención de violencia de género, y considera que las horas de especialización exigidas, en general, son insuficientes. “Las 75 horas, por ejemplo, eso es para aproximarte a un tema y aquí hablamos de espacios que se definen como especializados”, comenta. También se pregunta qué haría el profesional sin experiencia o con la formación incompleta en el momento en que tuviera que atender a una víctima que llega con una batería de dudas, preguntas y miedos. “Esta violencia tienes que conocerla, contextualizarla, entender el marco legal y luego aplicarla a tu especialización, si eres abogada o psicóloga, por ejemplo. ¿Cómo va a gestionar una crisis? ¿Cómo va a ayudar a valorar si debería denunciar?”, reitera.
Entre el personal de estos centros habrá coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de desarrollo profesional, asesores jurídicos, monitores de tiempo libre o técnicos de intervención comunitaria. A todos se les exige un mínimo de horas de formación en igualdad y violencia de género, y a la mayoría se les pide experiencia laboral en la materia. Por ejemplo, los psicólogos deben acreditar “experiencia laboral de al menos 1 año como profesional de la psicología en un centro de atención social a víctimas de violencia de género”. Y a los coordinadores, al menos 75 horas de formación especializada. Suben a 100 en el caso de los trabajadores sociales o asesores jurídicos.
La ley del solo sí es sí, aprobada en 2022,recoge en el artículo 23 que “la especialización profesional se garantizará, en todos los niveles de la Administración, a través de la formación inicial obligatoria y la formación continua” para todos los profesionales que “intervienen, directa o indirectamente, en la prevención, detección, reparación y respuesta a las violencias sexuales, en la atención a las víctimas que tienen relación directa con los agresores”. La ley autonómica de violencia de género es menos explícita respecto a la formación, pero sí dice en el artículo 10 que “deberán adoptarse medidas para realizar, impulsar y facilitar formación a los colectivos de profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia en los centros sanitarios y de servicios sociales”.
Varela señala que la legislación recomienda la formación, pero no la exige. “En cualquier caso, los ayuntamientos tienen competencia en atención directa a víctimas, y no hay ninguna ley que lo pida expresamente de superior categoría. Es una debilidad de la que el Estado no se hace responsable”, comenta.
Así, en Madrid, el Ayuntamiento deja en manos de la Dirección General de Igualdad ―el organismo municipal encargado de dirigir, desarrollar y ejecutar la política local en materia de prevención y atención frente a la violencia de género― la rebaja de la formación exigida, al no existir tampoco una norma municipal que lo recoja. “Y en vez de dignificar el trabajo, reducen las exigencias”, se queja una trabajadora.
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