El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió los teléfonos de los exdiputados de la CUP David Fernández y Carles Riera, con autorización del Tribunal Supremo, durante el procés. En respuesta a uno de los jueces que investiga el espionaje a líderes independentistas a través del software israelí Pegasus, el Consejo de Ministros ha admitido que el organismo escudriñó los teléfonos e interceptó las comunicaciones de Fernández y Riera, que fueron diputados en el Parlamento catalán, tras la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas.
El Consejo de Ministros informa, al juez que investiga el espionaje con Pegasus, que sus móviles fueron rastreados tras la sentencia del Supremo
El Consejo de Ministros informa, al juez que investiga el espionaje con Pegasus, que sus móviles fueron rastreados tras la sentencia del Supremo
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió los teléfonos de los exdiputados de la CUP David Fernández y Carles Riera, con autorización del Tribunal Supremo, durante el procés. En respuesta a uno de los jueces que investiga el espionaje a líderes independentistas a través del software israelí Pegasus, el Consejo de Ministros ha admitido que el organismo escudriñó los teléfonos e interceptó las comunicaciones de Fernández y Riera, que fueron diputados en el Parlamento catalán, tras la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas.
El informe del Consejo de Ministros levanta el secreto de la información clasificada relativa a los dos exdiputados de al formación anticapitalista e independentista, que está ahora en manos del juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Fernández y Riera presentaron una querella por la infección de sus teléfonos móviles con Pegasus, que fueron destapadas por el laboratorio Citizen Lab.
El CNI “interceptó” las comunicaciones de los diputados por presuntas “actividades contrarias a la seguridad nacional” y lo hizo, según el Gobierno, de forma legal y autorizada por el juez del Supremo que se encarga del control de los servicios secretos. El espionaje a Fernández se prolongó cerca de año y medio, entre finales de 2019 y junio de 2020, es decir justo después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia que condenó a penas de prisión a los líderes políticos del procés, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras. Fernández había dejado la política institucional, pero seguía vinculado al independentismo y, en particular, a las movilizaciones surgidas tras esa resolución.
Fernández no constaba en la lista de 18 espiados por el CNI que la exdirectora del organismo de inteligencia Paz Esteban —investigada en diversos procedimientos relacionados con el caso Pegasus— facilitó, en 2022, a los grupos del Congreso en la comisión parlamentaria celebrada a puerta cerrada. Sí figuraba, en cambio, Riera, cuyo teléfono fue espiado entre junio de 2020 y mayo de 2022, etapa que coincidió, en parte, con su cargo como diputado en el Parlament.
En el mismo informe, el Gobierno niega que investigara al exdiputado de la CUP Albert Botran, pese a que los informes técnicos de Citizen Lab hallaron igualmente rastros del software Pegasus —desarollado por la empresa israelí NSO Group— en su móvil.
La desclasificación de la información secreta por parte del Consejo de Ministros permite a la actual directora del centro, Esperanza Casteleiro, informar sobre la “naturaleza” de las actividades de Fernández y Riera que motivaron el espionaje. El Gobierno ha dispuesto, sin embargo, la “ocultación expresa” de los fragmentos de los autos del Supremo que autorizaron el espionaje si desvelan “las actividades, medios y procedimientos y fuentes de información” del CNI.
El espionaje con Pegasus suma ya una decena de investigaciones abiertas, que han tenido distintos recorridos en los juzgados de Barcelona.
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