El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el primer paso para avalar la tan discutida ley de amnistía justo en vísperas de que el PP celebre su sexta gran protesta callejera de la legislatura. Todas las cinco anteriores se dirigieron precisamente contra las medidas de gracia a los independentistas catalanes. Ahora el foco ha cambiado de objetivo. Ahora el lema ideado en el número 13 de la madrileña calle Génova, con que los populares llevan días golpeando y llaman a manifestarse el próximo domingo en Madrid, es “democracia o mafia”. Así que el PP añadió el anticipo de la futura decisión del TC a las “muchas razones” para echarse a la calle contra el Gobierno. La guinda argumental la puso el líder en persona: Alberto Núñez Feijóo porfió en declarar la ley de amnistía “inconstitucional” por mucho que diga lo contrario el único órgano del Estado competente para declararlo.
Feijóo corrige al tribunal e insiste en que la medida de gracia es “inconstitucional”
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el primer paso para avalar la tan discutida ley de amnistía justo en vísperas de que el PP celebre su sexta gran protesta callejera de la legislatura. Todas las cinco anteriores se dirigieron precisamente contra las medidas de gracia a los independentistas catalanes. Ahora el foco ha cambiado de objetivo. Ahora el lema ideado en el número 13 de la madrileña calle Génova, con que los populares llevan días golpeando y llaman a manifestarse el próximo domingo en Madrid, es “democracia o mafia”. Así que el PP añadió el anticipo de la futura decisión del TC a las “muchas razones” para echarse a la calle contra el Gobierno. La guinda argumental la puso el líder en persona: Alberto Núñez Feijóo porfió en declarar la ley de amnistía “inconstitucional” por mucho que diga lo contrario el único órgano del Estado competente para declararlo.
El Gobierno ha vivido muchas semanas malas en esta legislatura, pero la pasada podría competir por el dudoso título de la peor. La falta de explicaciones sobre las oscuras andanzas de la militante socialista Leire Díez para airear trapos sucios de la Guardia Civil ha puesto al PSOE completamente a la defensiva. En medio de tales tribulaciones, la difusión de lo que ya se anuncia como el criterio formado del TC sobre la ley de amnistía concede un respiro al Ejecutivo. De un lado avala el gran asunto con que la derecha intentó deslegitimar el inicio del actual mandato de Pedro Sánchez. Y al mismo tiempo crea un clima favorable a fin de mantener el diálogo con los dos grupos independentistas catalanes, indispensables para cumplir el objetivo de Sánchez de llegar a 2027. Feijóo apeló a ellos la pasada semana para que se sumen a una moción de censura. Ni los movimientos de días atrás para impedir la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en la UE, ni ahora este rechazo del TC a un recurso precisamente del PP contribuyen a hacer posible el hoy por hoy imposible empeño del líder de la oposición.
El Gobierno, eso sí, evitó cualquier manifestación de euforia, sobre todo porque lo que se conoció este lunes es todavía un proyecto de sentencia. La única reacción fue la del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que se limitó a subrayar que la ley es “plenamente constitucional”, que ha surtido efectos positivos al apaciguar el conflicto político en Cataluña y a expresar su “máximo respeto” al TC. “Espero, confío y deseo que sea positiva la sentencia”, remarcó. Por parte de Sumar, su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aun sin dar por definitiva la decisión, apuntó que respaldaría la actuación del Ejecutivo: “Estaríamos ante una buena noticia que confirmaría la política del Gobierno ante la judicialización del conflicto y desmontaría las mentiras de la derecha y el PP”.
El PP y los medios de la derecha venían desplegando desde hace tiempo una campaña de deslegitimación del TC, personalizada en su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Uno de los vicesecretarios populares, Esteban González Pons, llegó a calificar al Constitucional de “cáncer del Estado de derecho”, palabras que se vio obligado a retirar tras la polvareda levantada. Las primeras reacciones oficiales de los populares este lunes obviaron el choque con el tribunal. La secretaria general, Cuca Gamarra, no fue más allá de añadir el futuro fallo a las “muchas razones” para acudir a la manifestación del sábado en Madrid. En su habitual comparecencia semanal en la sede de Génova, el portavoz del partido, Borja Sémper, cargó las tintas en los acuerdos del PSOE con los independentistas, también sin entrar en valoraciones sobre el tribunal. La amnistía constituyó “una inmoralidad profunda”, “una indecencia”, un acto de “corrupción política”, palabras que revelaron donde pretende situar ahora el marco de debate el PP.
Fue Feijóo quien se lanzó un poco más allá, en un acto por la tarde en Cáceres. El líder del PP tampoco atacó directamente al TC, pero hizo caso omiso de su ponencia y se situó por encima de ella, ignorando la consideración del tribunal de garantías como intérprete supremo de la Constitución: “Hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal. Yo digo que no. Ni es ético, ni es moral, ni es legal. Es inconstitucional porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Los letrados del Senado, del Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, los constitucionalistas más prestigiosos… han dicho que la amnistía es inmoral”.
La permanente presión de Vox sobre el PP se ha incrementado en las últimas semanas, con ataques cada vez más frecuentes en sede parlamentaria. Y Santiago Abascal no dejó pasar la ocasión para cargar también contra los populares y culparles de la decisión del TC por haber pactado su renovación con el Gobierno. “No se puede decir que el Gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia”, recriminó el líder de Vox en una entrevista en el El programa de Ana Rosa.
Tampoco los independentistas ofrecieron muestras de euforia, entre otras cosas porque la futura sentencia no afectará a sus dos líderes, Carles Puigdemont, de Junts, y Oriol Junqueras, de ERC. La ponencia elude pronunciarse sobre los delitos de malversación por los que ambos están condenados y sobre los que el Tribunal Supremo mantiene el criterio de que no son amnistiables. Las dos formaciones confiaban en esta decisión. Recuerdan que siempre han insistido en que la ley se redactó con cuidado de no rebasar límites constitucionales y teniendo en cuenta la jurisprudencia europea. Ahora se sienten avalados en sus argumentos, pero insisten en que la batalla no se ha acabado. “El problema no es la constitucionalidad de la ley, sino la rebelión del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla”, afirmó el portavoz de Junts, Josep Rius. “Un paso más para restaurar la justicia”, apuntó Junqueras, sin dejar de subrayar que el camino está resultando “demasiado largo”.
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