El Gobierno declara nula la condena a muerte a Humberto Baena, uno de los últimos fusilados del franquismo

Flor Baena llevaba toda la vida luchando por limpiar el nombre de su hermano, Xosé Humberto Baena, uno de los últimos cinco fusilados del franquismo. Medio siglo después de la ejecución, ha conseguido que el Estado escriba “la palabra asesinado donde decía asesino”. Acaba de recibir, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un documento de “reconocimiento y reparación personal” que declara “ilegal e ilegítimo el tribunal” que juzgó a Baena, “así como ilegítima y nula la condena dictada” contra él. “Al leerlo”, relata, “lloré de alegría y de pena a la vez. Le devuelven su honor, pero la vida no se la pueden devolver. Y siento que mis padres no llegaran a ver esto. Lucharon mucho por reabrir el caso. La última vez que lo vio con vida, mi padre le dijo: ‘Si supiera que eres culpable, sentiría un poco de alivio, pero así tengo un dolor tan grande…’. Él le respondió: ‘Papá, no puedo darte ese consuelo. Yo no fui”. Luis Eduardo Aute dedicó a Baena y los otros cuatro ejecutados aquel 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador, el poema Al Alba (1974), que burló la censura como canción de amor y que Rosa León popularizó como un himno contra la pena de muerte.

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 “Por fin he conseguido que el Estado escriba asesinado donde decía asesino”, celebra su hermana Flor  

Flor Baena llevaba toda la vida luchando por limpiar el nombre de su hermano, Xosé Humberto Baena, uno de los últimos cinco fusilados del franquismo. Medio siglo después de la ejecución, ha conseguido que el Estado escriba “la palabra asesinado donde decía asesino”. Acaba de recibir, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un documento de “reconocimiento y reparación personal” que declara “ilegal e ilegítimo el tribunal” que juzgó a Baena, “así como ilegítima y nula la condena dictada” contra él. “Al leerlo”, relata, “lloré de alegría y de pena a la vez. Le devuelven su honor, pero la vida no se la pueden devolver. Y siento que mis padres no llegaran a ver esto. Lucharon mucho por reabrir el caso. La última vez que lo vio con vida, mi padre le dijo: ‘Si supiera que eres culpable, sentiría un poco de alivio, pero así tengo un dolor tan grande…’. Él le respondió: ‘Papá, no puedo darte ese consuelo. Yo no fui”. Luis Eduardo Aute dedicó a Baena y los otros cuatro ejecutados aquel 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador, el poema Al Alba(1974), que burló la censura como canción de amor y que Rosa León popularizó como un himno contra la pena de muerte.

Baena fue fusilado junto a Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros, como él, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Ángel Otaegui y Juan Paredes, Txiki, de ETA. A los tres miembros del FRAP los habían condenado, en un consejo de guerra sumarísimo que aplicaba de forma retroactiva la ley antiterrorista, por el asesinato de un policía y un guardia civil. A sus abogados los echaron de la sala porque, según denunciaron después, no tenían “una sola prueba”. Christian Grobet, un observador de la Liga Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos que había logrado colarse en el juicio, calificó el proceso de “simulacro” y “farsa siniestra”. La dictadura, en sus estertores, tampoco permitió que declarase una testigo que exculpaba a Baena. “Fue tres veces a la comisaría”, recuerda Flor, “porque al ver su foto en la televisión se dio cuenta de que estaban acusando a uno que no era. La primera vez no quisieron atenderla; la segunda la metieron en un despacho, un policía sacó su pistola, se puso a jugar con ella, y le dijo: ‘Señora, olvídese. Todos están en el mismo saco’. Al año siguiente ella le escribió una carta a mi padre diciéndole que tenía muchos remordimientos por no haber podido hacer más. Mi padre le contestó que no era culpa suya, y con esa carta, intentó reabrir el caso para demostrar la inocencia de mi hermano, pero no lo consiguió. En el Tribunal Constitucional nos dijeron que no podían hacer nada porque en ese año aún no había Constitución española. Y en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, algo muy parecido, que España no había ratificado entonces el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Flor Baena tenía 21 años cuando mataron a su hermano. “Acababa de llegar del Algarve, así que ni siquiera hubiera tenido tiempo material de estar en el lugar del asesinato del que le acusaban, pero todo dio igual. En aquel momento, el Régimen estaba muy nervioso por la movilización en la calle, incluso dentro del Ejército, y quisieron dar un escarmiento”. “En mi casa éramos mucho de juntarnos toda la familia los fines de semana, pero desde aquel día no volvió a haber una reunión feliz. Mi madre siempre estaba callada. De repente suspiraba y decía: ‘Qué fillo perdín” [qué hijo perdí]“.

A Fernando Baena no le dejaron enterrar a su propio hijo. El cadáver de Xosé Humberto estuvo 10 días en Madrid. “Mi padre y mi hermano mayor”, relata Flor, “fueron a la capital para embalsamarlo y volvieron a Vigo con la promesa de que dos días después lo traería la funeraria y nos esperarían en el camino para el entierro. Les dijeron que sería sobre las 12, pero a las ocho de la mañana ya estaban allí. Mi hermano se encontró de casualidad con un coche fúnebre matrícula de Madrid escoltado por la policía y fue corriendo a casa a avisar. Cuando llegaron al cementerio, tomado por la policía, no dejaban entrar a mi padre. Les dijo que entonces tendrían que matarlo a él también y finalmente lo dejaron pasar, pero como no pudo ver el cadáver, temía que dentro del ataúd no estuviera mi hermano. En 2012, conseguí un permiso del Ayuntamiento para levantar el cadáver y pude verlo. Tenía el golpe en la frente de cuando cayó fusilado; le conté los tiros que tenía… Por lo menos, me quedé con la tranquilidad de que era él. Mi padre murió con la duda”.

Amnistía Internacional, que ya en aquel septiembre de 1975 había lanzado una acción urgente, en inglés, pidiendo un envío masivo de cartas al palacio de El Pardo en contra de las ejecuciones, lleva más de 20 años asistiendo a la familia. “Para nosotros es una satisfacción enorme este reconocimiento del Gobierno”, explica el portavoz de la organización Alberto Estévez. “La primera vez que nos reunimos con Flor, en 2003, le dijimos que tendría derecho a una indemnización por todo lo que habían sufrido y ella nos dijo que no quería dinero, que solo quería que el Estado reconociese la injusticia que habían cometido con su hermano. Medio siglo después, por fin, los hemos conseguido”.

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