La pelota para la demolición del hotel del Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, vuelve a estar en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Después de que el Ayuntamiento de Carboneras, el término municipal almeriense en el que se levanta el hotel declarado ilegal, decidiera aplazar el pasado miércoles la celebración del pleno en el que debía anula la licencia de obras otorgada para levantar la edificación en 2003 —debido a los votos a favor de los ediles del PSOE—, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) como la Junta de Andalucía anunciaron que acudirían al alto tribunal de la comunidad para que dejara sin efecto esa licencia, paso previo para proceder al derribo de la edificación. Y esa es la vía que ambas administraciones han defendido esta mañana en la reunión de la comisión mixta para el Algarrobico que han mantenido de manera telemática.
Las dos Administraciones instan al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a que anule la licencia del hotel
La pelota para la demolición del hotel del Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, vuelve a estar en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Después de que el Ayuntamiento de Carboneras, el término municipal almeriense en el que se levanta el hotel declarado ilegal, decidiera aplazar el pasado miércoles la celebración del pleno en el que debía anula la licencia de obras otorgada para levantar la edificación en 2003 —debido a los votos a favor de los ediles del PSOE—, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) como la Junta de Andalucía anunciaron que acudirían al alto tribunal de la comunidad para que dejara sin efecto esa licencia, paso previo para proceder al derribo de la edificación. Y esa es la vía que ambas administraciones han defendido esta mañana en la reunión de la comisión mixta para el Algarrobico que han mantenido de manera telemática.
El Miteco ha requerido al TSJA que inste al Ayuntamiento de Carboneras a que en el plazo de 72 horas convoque un nuevo pleno en el que anule la licencia y que, en el caso de que incumpla, sea el alto tribunal el que la deje sin efecto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 108.1.a de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que indica que si una administración incumple un acto establecido en una sentencia, esta puede ser ejecutada directamente por el juez. Esta es la petición que ya presentó al TSJA la organización Greenpeace, el mismo 17 de junio, cuando el consistorio carbonero votó a favor de posponer la anulación de la licencia y en la que, según han informado los representantes de la Consejería andaluza de Medio Ambiente en funciones en la reunión, están trabajando los servicios jurídicos de la Junta.
En 2021, el TSJA obligó a Carboneras a iniciar el expediente de revisión de oficio de la licencia, pero, a la vez, negó la posibilidad de demoler el edificio mientras ese título no se anulara. Desde entonces, y pese a que los ultimatums del alto tribunal a las autoridades municipales de la localidad almeriense para que cumpliera con el fallo han sido continuos, siempre se ha encontrado con excusas por parte del Consistorio tendentes a evitar la ejecución de la sentencia. Cuando parecía que por fin no había más impedimentos administrativos para aprobar la anulación de la licencia, una moción presentada por un concejal no adscrito para aplazar esa decisión, apoyada por una exedil del PP y los del PSOE, impidió que se adoptara una medida clave para dar vía libre a la ansiada demolición del Algarrobico. Los representantes socialistas fueron expulsados del partido ese mismo miércoles.
Ese día, la Junta de Andalucía decidió convocar la comisión mixta del Algarrobico, de la que forman parte el Gobierno y la Administración regional y cuya presidencia ahora corresponde al Gobierno en funciones de Juan Manuel Moreno, para abordar la situación en la que quedaba el proceso de demolición del Algarrobico. En el encuentro han estado presentes los viceconsejeros de Sostenibilidad y de Fomento; la directora general de Sostenibilidad y el de Ordenación del Territorio, además de técnicos y letrados de la Junta; el subsecretario y el director general de la Costa y el Mar y técnicos del Miteco y del Servicio de Costas de Almería.
En el encuentro, como ya hiciera la semana pasada la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, los representantes de la Consejería de Medio Ambiente han defendido la vía de la anulación de la sentencia frente a la de la expropiación que puso en marcha el Gobierno de la mano de la que entonces era su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que anunció la apertura de esta vía en febrero del año pasado.
El Miteco no ha renunciado a la expropiación —a la que siempre se ha opuesto la Junta, que nunca ha aclarado si, en caso de prosperar, iniciaría el mismo proceso con la parte del terreno público perteneciente a la administración andaluza sobre el que se levanta el hotel—. El Gobierno va a esperar a que el TSJA se pronuncie sobre sus peticiones en relación con la responsabilidad de Carboneras en el incumplimiento de su obligación de anular la licencia y con la eventual ejecución de esa medida por parte del alto tribunal andaluz, pero la vía de la expropiación sigue vigente, precisan fuentes ministeriales.
De hecho, en la reunión de esta mañana, los representantes de la Junta han solicitado información sobre el procedimiento de expropiación y sobre la vigencia del protocolo suscrito entre ambas administraciones. Por parte del Miteco se ha recalcado que “todas las herramientas jurídicas disponibles deben ser analizadas con el máximo rigor para determinar su alcance y sus efectos, siempre con el objetivo de garantizar una solución definitiva para El Algarrobico con plena seguridad jurídica” y que en este sentido, la expropiación iniciada por el Gobierno de España “sigue su curso dentro del marco legal establecido y constituye uno de los instrumentos disponibles para hacer efectiva la recuperación de este espacio protegido”.
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