El independentismo prueba alternativas para frenar la sentencia del ‘caso Sijena’

El caso Sijena, que ha avanzado lentamente en los tribunales durante la última década, llega a su recta final tras la confirmación de sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado 28 de mayo y que obliga a devolver las pinturas románicas del monasterio oscense que hoy se exhiben en Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). La jueza del tribunal de Instrucción número 2 de Huesca deberá decidir a partir de septiembre si ordena ya la ejecución de la sentencia y el inicio de los trabajos para la restitución o si hace caso a los actualizados argumentos técnicos del MNAC y frena el calendario del Gobierno de Aragón (que cree que todos los trabajos pueden hacerse en siete meses). O incluso si suspende la devolución ante el riesgo de comprometer aún más el estado de una joya patrimonial de 800 años protegida por el Estado como bien de interés cultural.

El museo catalán dará, a la vuelta de las vacaciones, los últimos coletazos a su estrategia judicial, basada en exprimir la idea de la extrema fragilidad. Pero no es el único actor que se ha implicado en esta batalla judicial de elevada dialéctica política. Ajeno al MNAC, el independentismo también se ha sumado a esa campaña en los tribunales para intentar evitar el fallo judicial in extremis y con hojas de ruta legales totalmente divergentes de las del MNAC.

Acció Cassandra, una plataforma jurídica que se define como “defensa civil de la minoría catalana”, decidió el pasado junio presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando “el derecho fundamental” de la ciudadanía a disfrutar del patrimonio “en condiciones de acceso universal y adecuadas”. Se oponen, pues, a que las obras vuelvan a ser expuestas en el monasterio de Sijena, de donde fueron arrancadas en 1936 para salvarlas, al considerar que es un espacio “privado y de difícil acceso”, situado en Villanueva de Sijena y en un monasterio propiedad de la Orden de San Juan, si bien su explotación corresponde al Gobierno aragonés. Acció Cassandra intentó sin éxito que el MNAC se adhiriera a su demanda.

El Constitucional asignó el caso a la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que deberá tomar una decisión en septiembre acerca de si mantiene el caso abierto, lo que podría suponer, según los impulsores de la iniciativa, el dictado de medidas cautelares que frenaran la ejecución de la sentencia. Si su propuesta decae, tendrían la vía abierta para escalar su denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Mientras la vía del TC sigue su camino, el exvicepresidente del Parlament nombrado por Junts y exmiembro de la dirección de la Assemblea Nacional Catalana, Josep Costa, ha decidido recurrir ante el Ministerio de Cultura, abriendo la vía contenciosa. El fondo de su denuncia son las condiciones de los restos de los murales del siglo XII y el riesgo de que tanto el transporte como el estado del nuevo emplazamiento, la antigua sala capitular del monasterio de Santa María de Sijena, pongan en peligro unas obras que “poseen la calificación legal de Bien de Interés Cultural […] y están sujetas a la máxima protección derivada de esta cualificación”.

El escrito remitido a Cultura utiliza el concepto de “expolio”, en referencia a la definición existente en la Ley de Patrimonio Histórico Español: “Cualquier acción u omisión que ponga en peligro de pérdida, destrucción o deterioro los bienes integrantes del Patrimonio Histórico”. Y subraya que ese potencial daño, igual que esgrimen los técnicos del MNAC, no es necesario que se haya consumado, sino que “hay suficiente con la constatación de un peligro objetivo, grave y verificable”. Por ello, Costa reclama al ministerio de Ernest Urtasun que asuma medidas provisionales como la asunción de la tutela eventual de las obras y ordene al Instituto del Patrimonio Cultural de España elaborar “un informe técnico urgente y vinculante” sobre el estado de las pinturas, los riesgos de su traslado y las condiciones del monasterio de Sijena para preservarlo. No es la única petición para que Cultura, que está en el patronato del MNAC, actúe, pero todas han sido obviadas por el momento.

Las vías representadas por ­Acció Cassandra y Josep Costa dejan de lado un elemento que la sentencia avalada por el Tribunal Supremo da por cerrada: la titularidad de las obras. El fallo considera que el MNAC ha sido durante los últimos 80 años un mero depositario y “no ha poseído las pinturas a título de dueño, pues las pinturas fueron arrancadas”.