“Desgraciadamente, la delincuencia es igual a inmigración ilegal”. Ricardo Ferris, el exinspector de la Policía Nacional acusado de vincular a la población extranjera con el delito en una conferencia organizada por Vox en Valencia en 2022, ha defendido este miércoles ante el juez la tesis que le ha sentado al banquillo.
Ricardo Ferris se ha sentado en el banquillo por un presunto delito de odio tras asegurar en 2022 que todas las violaciones eran cometidas por extranjeros
“Desgraciadamente, la delincuencia es igual a inmigración ilegal”. Ricardo Ferris, el exinspector de la Policía Nacional acusado de vincular a la población extranjera con el delito en una conferencia organizada por Vox en Valencia en 2022, ha defendido este miércoles ante el juez la tesis que le ha sentado al banquillo.
Durante su juicio en la Audiencia de Valencia, este exmando procesado por un delito de odio ha esgrimido, de nuevo, ante los magistrados argumentos basados en sus propias estadísticas. “Gran parte de los delitos están protagonizados por inmigrantes”, ha reiterado. Y ha rechazado que las frases que dijo hace tres años y que le han conducido ante el juez –“todas las violaciones están siendo cometidas por gente de fuera”- persiguieran estigmatizar a los extranjeros.
La Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen las asociaciones pro inmigrantes València Acull y CIM Burkina, solicitaban inicialmente tres años de prisión para Ferris. En el juicio, han reducido su petición a un año y dos meses de cárcel por un presunto delito de odio (510 del Código Penal).
Pese a que fue presentado en la conferencia como inspector de la Policía Nacional, Ferris ha defendido ante el magistrado que asistió al acto organizado por Vox a título personal y como delegado del sindicato Justicia Policial (Jupol), célebre por sus enfrentamientos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. También ha dicho que sus afirmaciones fueron técnicas y basadas en 40 años de experiencia. “Soy anti político”, ha reiterado.
El acusado es uno de los tres socios en República Dominicana de una empresa de seguridad de José Luis Roberto, abogado y fundador de España 2000, una formación ultra con 2.500 militantes radicada en Valencia que agita el discurso anti inmigración, tal y como reveló este diario.
En su alegato final, el exinspector, que no ha respondido a las acusaciones populares, se ha presentado como un “activista social”. “Es falsa la imagen de racista y xenófobo que han dado de mí las acusaciones […]. Mi discurso y mis acciones solo van dirigidas a los delincuentes”, ha zanjado nervioso.
La fiscal de delito de odio, Susana Gisbert, ha destacado que Ferris transmitió fake news y pronunció un discurso “plagado de datos falsos”. A su juicio, el exinspector buscaba “estigmatizar” y “señalar” a los inmigrantes. Y una testigo propuesta por la acusación popular de València Acull ha defendido que, a raíz de las palabras de Ferris, amigos de su hija, de 15 años, dejaron de ir a su casa en el barrio valenciano de Orriols, donde el 70% de la población es extranjera.
A consecuencia del terremoto originado por el funcionario, otro de los testigos extranjeros vinculado a las acusaciones ha sostenido: “Llevo 21 años cotizados. Los hijos de inmigrantes se sienten hijos de delincuentes”. Y un policía propuesto por la defensa del exinspector ha asegurado que en 2022 un total de 608 de los 903 delitos contabilizados en la Comisaría Centro de Valencia, donde Ferris fue el máximo responsable, fueron cometidos por inmigrantes.
El abogado del acusado, el penalista Juan Carlos Navarro, ha basado su estrategia de defensa en apelar a la libertad de expresión. “Es la base de la democracia”, ha concluido.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, una treintena de partidarios de Ferris, han insultado a los periodista- “¡guarros, manipuladores!”- y a los abogados de las acusaciones populares. “Duchaos”, han clamado a gritos y señalando con el dedo mientras enrollaban sus pancartas.
Para entender esta historia hay que retroceder tres años. Octubre de 2022. El mando, entonces inspector jefe de la Comisaría Centro de Valencia, participa en unas jornadas sobre inmigración y seguridad ciudadana organizadas por Vox y el think thank ultra Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). En el marco de su intervención, aireada después con profusión en las redes sociales, dispara frases como “inmigración ilegal es igual a delincuencia” o “todos los que vienen en patera son expresidiarios”. En otra soflama, asegura: Y remata con una insólita estadística: “Hace cinco años que no trabajamos [en la comisaría] con delincuentes nacionales. Cuando llega uno, hacemos la broma de que no hay que enviarlo al juzgado, sino al Centro de Especies Protegidas de El Saler (Valencia) [un organismo especializado en recuperar a la fauna]”.
Sus declaraciones encienden pronto la mecha de la polémica y fuerzan al Ministerio del Interior a su destitución. Ferris solicita entonces su pase a segunda actividad. Hoy, el exmando, criminólogo, está jubilado.
La Fiscalía sostiene que Ferris desplegó sus controvertidas afirmaciones “a sabiendas de que los datos a los que aludía eran falsos” y difundió mensajes “encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” a los extranjeros. El exinspector negó ayer a EL PAÍS esta acusación. Y aseguró que las palabras que le atribuyen “están sacadas de contexto”. “Los datos de la Fiscalía son falsos. No estoy alentando a ningún tipo de discriminación racial hacia el extranjero”, apuntó este policía, que llegó a ser asesor del exdelegado del Gobierno socialista en Valencia Toni Bernabé.
El caso ha quedado visto para sentencia.
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