El juez Juan Carlos Peinado ha acordado dar un paso más y colocar al borde del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. El instructor ha dejado fuera el delito de intrusismo profesional por el que la investigaba hasta ahora. En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, reconoce que no hay indicios “plurales y sólidos” de que Gómez cometiera este delito al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre “lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral”. Gómez se encuentra este lunes de viaje oficial junto a su marido, el presidente del Gobierno, a China.
El instructor deja fuera el delito de intrusismo profesional por el que estaba investigada hasta ahora. Indignación en La Moncloa con el magistrado por comparar al Gobierno con “regímenes absolutistas”
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado dar un paso más y colocar al borde del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pero dejando fuera uno de los cinco delitos que le atribuye: el delito de intrusismo profesional. “Al no haber más que un indicio endeble, (el informe de una asociación de carácter cuasiprivada), no habiendo indicios plurales, y sólidos, y existiendo contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego, por la investigada, deben sobreseerse las actuaciones respecto de ese delito de intrusismo”, dice la resolución. El instructor ha adoptado esta decisión después de la vista celebrada el pasado 1 de abril. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre “lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral”. Gómez se encuentra este lunes de viaje oficial junto a su marido, el presidente del Gobierno, a China.
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid también ha acordado el procesamiento de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés. El juez da este paso después de dos años de investigación. La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se fue ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investigaba la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intentaba determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”.
La defensa de Gómez reafirmó el pasado Miércoles Santo, cuando el magistrado citó a las partes para comunicarles que, si la causa llega a juicio, será ante un jurado popular, que no hay fundamento para investigar ninguno de los cinco delitos (ahora cuatro) que Peinado atribuye a la esposa del presidente. El abogado que representa a Gómez, Antonio Camacho, denunció que el procedimiento era un constante «déjà vu», una “pesadilla” sin garantías jurídicas. Camacho alertó que el magistrado persigue “otra cosa” que no es Justicia y le reprochó una ausencia de imparcialidad. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, lamentó, según informaron fuentes presentes en la vista a este periódico.
En la resolución, Peinado detalla los indicios en los que, según su criterio, Gómez presuntamente incurrió en los cuatro delitos que le atribuye. Sobre el de tráfico de influencias, el magistrado argumenta que “desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas a favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”. Del mismo modo, el instructor rechaza los argumentos de la defensa de los investigados sobre que la dirección de la cátedra extraordinaria no tenía retribución y que los fondos iban al patrimonio de la UCM. “El beneficio puede ser indirecto y a favor de un tercero”, dice la resolución.
Sobre la posible falta de jurisprudencia para apoyar esta resolución, Peinado justifica que “por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal (…) no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teológica y hermenéutica”. Fuentes de La Moncloa han asegurado a EL PAÍS que en estas líneas de Peinado han causado indignación y señalan que una vez más Peinado ha hecho coincidir la publicación de sus decisiones con viajes oficiales del presidente al extranjero.
El instructor también afirma que la asistenta era “personal eventual integrado en la estructura de la Presidencia del Gobierno, siendo, por tanto, funcionaria a efectos penales” y que, pese a ello, “participó en la captación de fondos, en la interlocución con Google y otras empresas”, etc. “Fue reconocido por terceros como integrante del equipo de la cátedra, dando apariencia institucional al proyecto”, asegura la resolución, que concluye: “Su participación puede calificarse provisionalmente como presión moral ante quien debía decidir y, por lo menos, puede calificarse en esta fase procesal como cooperadora necesaria de la presunta autora principal”. En cuanto a la participación de, empresario Barrabés en este delito, Peinado señala que “no se limita a que simplemente impartiera dos clases en el máster que codirigía Gómez”, sino que existen otros indicios, como las reuniones en el palacio de La Moncloa, su asesoramiento sobre contenidos estratégico del máster y “la coincidencia temporal de esa relación con la emisión de cartas de apoyo para las licitaciones de la UTE de Innova Next y The Valley”.
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