A pesar de mostrar un aumento, el Ministerio de Transición Ecológica considera que la población de lobos en España está bajo el umbral de seguridad para que se pueda considerar en estado favorable. Actualmente hay 333 manadas frente a las 500 que consideran que son necesarias para la viabilidad de la especie. En total, hay 1.700 lobos en toda España. Leer A pesar de mostrar un aumento, el Ministerio de Transición Ecológica considera que la población de lobos en España está bajo el umbral de seguridad para que se pueda considerar en estado favorable. Actualmente hay 333 manadas frente a las 500 que consideran que son necesarias para la viabilidad de la especie. En total, hay 1.700 lobos en toda España. Leer
Ya se han hecho públicos los datos sobre el estado del lobo en España. El Ministerio para la Transición Ecológica los ha dado a conocer este viernes, tras la oleada de polémica que ha surgido por la retirada de su protección especial y la autorización para su caza a principios de año.
La información se ha publicado una vez finalizado el último censo nacional, acordado con el conjunto de las comunidades autónomas con el objetivo de homogeneizar la obtención de datos poblacionales sobre el animal. Su conclusión: el lobo ibérico en España se encuentra en un estado de conservación desfavorable.
El intercambio de información facilitada por las Comunidades, finalmente indica un número de 333 manadas en todo el territorio. Según los datos ofrecidos, esta cifra está muy por debajo de las 500 manadas que conforman el umbral de seguridad para la viabilidad de la especie. El número de manadas significa la presencia de unos 1.700 lobos en toda España.
Este cómputo se traduce en un leve incremento del 12% respecto al informe remitido en 2019. Ante este ligero aumento, el Ministerio de Transición Ecológica ha querido matizar que para que se considere válido, se deben «dar por buenos los números del informe sexenal del 2019, así como los del informe de este año».
Este matiz llega tras la polémica en la que, en 2019, las Comunidades Autónomas, alegaron que los datos poblacionales del lobo obtenidos en el informe no eran ciertos. Así pues, se sostuvo que el número de manadas que el Ministerio había computado para remitir a la Unión Europea había sido falseado. El número de manadas, según mantenían, era en realidad, mucho mayor.
«Nosotros damos por buenos los datos del 2019, como no puede ser de otra forma», ha añadido Morán. El secretario de Estado ha anunciado, además, que serán las propias Comunidades Autónomas las que tengan que «aclarar» si siguen defendiendo su postura.
Si así fuese, advierte, significaría que no ha habido «ningún incremento» en el número de manadas de lobo. «Si sugieren que el número en 2019 era mayor, y en estos momentos habría un leve repunte en función de aquel número, eso quiere decir que prácticamente no se habría movido», ha explicado. Por lo tanto, si diesen por bueno los datos del censo actual, «implícitamente estarían rectificando su postura anterior».
Mientras tanto la polémica continúa. Miles de personas se congregaron el pasado 22 de junio en Madrid, unidas por el canto «¡Lobo vivo, lobo protegido!». Los manifestantes, convocados por asociaciones ecologistas como Lobo Marley y Ecologistas en Acción, denunciaron el «retroceso» que está sufriendo el lobo ibérico en España. Tras haber gozado de protección especial en todo el país, el cánido fue expulsado del listado que lo protegía de la caza y la gestión.
El lobo ibérico, excluido en marzo de 2025 del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), en el que había sido incluido en 2019, ha perdido su régimen de protección en España. A pesar de ello, desde el Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el animal se encuentra en estado de conservación desfavorable y que su caza no debería permitirse.
Según los manifestantes, la desprotección del lobo en España se ha materializado en los últimos meses mediante enmiendas introducidas en la Ley de Desperdicio Alimentario, que originalmente tenía como objetivo reducir el desperdicio de alimentos producidos por ataques de lobo a ganado. Estas modificaciones fueron impulsadas por el Partido Popular en el Senado y contaron con el respaldo de Vox, Junts y el PNV en la votación final del Congreso.
Según se ha expuesto en la convocatoria, el marco legal vigente estipulado por la Directiva de Hábitats y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de julio de 2024; el estado de conservación de una especie debe evaluarse a escala nacional, no por comunidades autónomas. Si una especie ha sido exterminada en parte del territorio, como es el caso del lobo en el sur peninsular, su estado de conservación se debe considerar desfavorable, a pesar de haber poblaciones viables en otras zonas.
«En aplicación de la directiva, la especie no puede ser objeto de gestión mediante herramientas de caza», han asegurado desde el Gobierno. Con independencia de que el lobo sea considerado fuera del listado, «no puede ser objeto de gestión mediante técnicas letales». El informe deberá ser remitido a las comunidades antes de finales de julio.
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