La acusación popular del caso Plus Ultra, dirigida por el PP, ha pedido al juez José Luis Calama que impute y cite a declarar a Laura y Alba Rodríguez, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional, encargado de investigar la causa, considera que la empresa que ambas dirigen, What The Fav, es un “elemento finalista del entramado” dirigido por su padre: una sociedad instrumental para dar apariencia de legalidad a las remuneraciones recibidas a cambio de su ilícito tráfico de influencias. Además, el PP ha solicitado la imputación de, entre otros, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o Daniel Romero-Abreu, administrador de Thinking Heads y fundador y presidente del think tank Gate Center.
La acusación popular solicita que se investigue a José Luis Ábalos, Koldo García y a varios empresarios señalados por el juez Calama por el rescate de la aerolínea
La acusación popular del caso Plus Ultra, dirigida por el PP, ha pedido al juez José Luis Calama que impute y cite a declarar a Laura y Alba Rodríguez, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional, encargado de investigar la causa, considera que la empresa que ambas dirigen, What The Fav, es un “elemento finalista del entramado” dirigido por su padre: una sociedad instrumental para dar apariencia de legalidad a las remuneraciones recibidas a cambio de su ilícito tráfico de influencias. Además, el PP ha solicitado la imputación de, entre otros, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o Daniel Romero-Abreu, administrador de Thinking Heads y fundador y presidente del think tank Gate Center.
En el escrito, la acusación incide en que Zapatero ya reconoció en su momento que una parte del acuerdo para colaborar con Análisis Relevante ―la consultora considerada clave en la trama que, supuestamente, medió para que la aerolínea Plus Ultra lograse su rescate en 2021― fue que sus hijas colaborasen. Su tarea era, según reconoció el expresidente en el Senado, la maquetación de informes.
Entre 2020 y 2025, What The Fav facturó más de la mitad de sus ingresos a empresas señaladas directamente por el juez Calama como claves en la trama de tráfico de influencias. Cuando autorizó el registro de sus oficinas, el instructor definió a esta agencia como “un vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas al entramado”. El PP considera en su escrito que su supuesta participación es constitutiva de un delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.
Además de las hijas del presidente, la acusación popular unificada pide toda una serie de imputaciones y declaraciones, empezando por Ábalos y Koldo García. Y lo hace con base en las comunicaciones intervenidas, y recogidas por Calama, en las que los directivos y mediadores de Plus Ultra comentan que, fuera de la influencia de Zapatero, hay una “vía Ábalos” para conseguir el rescate supuestamente malversado y que trataban con “su mano derecha”. Esto es, Koldo García. El escrito pide que ambos sean investigados por cohecho —en el caso de Ábalos, pasivo—, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. El escrito también solicita la declaración como testigo de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes.
A ellos se suma la petición de imputación de José Ángel Partearroyo, director de Participadas IV de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Ramón Gordils, identificado como “mediador” en la primera aproximación de Plus Ultra a Zapatero; y Raif El Arigie, interlocutor en una conversación en la que se afirma: “Nuestro pana Zapatero detrás”.
Además, los populares han solicitado a Calama que cite como investigados a los administradores de las otras sociedades que, como la agencia de marketing de Laura y Alba Rodríguez, son identificadas como instrumentales por el magistrado. Esto incluye a los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva, S.L., una sociedad sin apenas actividad, pero que canalizó más de un millón de fondos; Carlos Alberto Parra y Óscar Fernández, de Sofgestor; Tomás Guerrero, que, según el escrito, fue “asesor para la constitución en Dubái” de una sociedad para cobrar la comisión por el rescate; y Daniel Romero-Abreu.
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