El PP mueve ficha el primer día de precampaña y se lanza a la ofensiva contra el PSOE en la Audiencia Nacional. Los populares apenas han tardado 24 horas en solicitar al magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que impute a la formación de izquierdas como persona jurídica en esas pesquisas por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. Los conservadores, que encabezan el grupo de acusaciones populares personadas en el sumario, dan este paso después de confiarse a los tribunales para desplegar buena parte de su estrategia de oposición durante esta legislatura. Fuentes jurídicas apuntan que, antes de tomar una decisión al respecto, Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía.
Los populares solicitan al juez Pedraz, que pregunta antes a la Fiscalía, que actúe contra el partido del Gobierno por cinco delitos
Los populares solicitan al juez Pedraz que actúe contra el partido del Gobierno por cinco delitos


El PP mueve ficha el primer día de precampaña y se lanza a la ofensiva contra el PSOE en la Audiencia Nacional. Los populares apenas han tardado 24 horas en solicitar al magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que impute a la formación de izquierdas como persona jurídica en esas pesquisas por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. Los conservadores, que encabezan el grupo de acusaciones populares personadas en el sumario, dan este paso después de confiarse a los tribunales para desplegar buena parte de su estrategia de oposición durante esta legislatura.
El caso Leire Díez se centra en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para “desestabilizar” las causas judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Este sumario describe un supuesto doble plan urdido para boicotear esas investigaciones: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participaban en las pesquisas, para “erosionar” así su “credibilidad”; y, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en la Guardia Civil para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
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