La sala segunda del Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que estudie una querella del PSPV-PSOE contra el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por un presunto delito de falso testimonio en el Congreso de los Diputados, según un documento del alto tribunal al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los socialistas denunciaron al popular por mentir supuestamente en noviembre en la comisión de investigación de la cámara baja sobre la dana, la catástrofe que dejó 231 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.
El alto tribunal designa como ponente al magistrado Manuel Marchena para resolver la denuncia que presentó el PSPV-PSOE por falso testimonio contra el ‘expresident’
La sala segunda del Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que estudie una querella del PSPV-PSOE contra el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por un presunto delito de falso testimonio en el Congreso de los Diputados, según un documento del alto tribunal al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los socialistas denunciaron al popular por mentir supuestamente en noviembre en la comisión de investigación de la cámara baja sobre la dana, la catástrofe que dejó 231 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.
“Pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia y el contenido de la querella formulada”, recoge un escrito del alto tribunal fechado el pasado 13 de julio.
Para resolver la querella, el Supremo ha designado como ponente al magistrado Manuel Marchena, el juez que presidió en 2019 el tribunal en la causa del procés -referéndum ilegal catalán de 2017- y redactó la sentencia que condenó a elevadas penas de cárcel a nueve dirigentes independentistas por sedición y malversación.
El Código Penal contempla en su artículo 502.3 penas de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses por mentir en una comisión de investigación parlamentaria.
La querella de los socialistas se centra en las contradicciones entre las tesis expuestas por Mazón en el Congreso y la investigación de la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, que desde hace 19 meses indaga la gestión de la tragedia. La magistrada ha desmontado punto por punto el relato exculpatorio de la Generalitat y de los dos imputados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su número dos durante la riada, Emilio Argüeso.
La tesis del ‘apagón informativo’
En su intervención en la cámara baja, el popular esgrimió la teoría del apagón informativo. Una tesis a la que se aferró durante más de un año y que ha sido desmontada por la jueza en decenas de autos. La idea sostenía que, si el Ejecutivo valenciano no reaccionó mejor y más rápido a la tragedia, fue porque organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no informaron con antelación de la dimensión de la riada. Mazón apeló en el Congreso al “apagón informativo” para tratar de justificar la no modificación de su agenda, que la jornada de la desgracia contempló un almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro y un paseo verpertino por el centro de Valencia mientras se desbordaba el barranco del Poyo, la rambla que originó la desgracia. La querella recoge que Pradas envió un informe a un grupo de WhatsApp –en el que figuraba Mazón- que advertía a las 10.40 horas de la mañana del riesgo, tal y como reveló este diario.
El dilema de ‘El Ventorro’
Mazón también incurrió en contradicciones al explicar su itinerario desde que salió de El Ventorro hasta que llegó al Cecopi, el órgano de la Generalitat en L’Eliana (Valencia) que coordinó la crisis y donde el president desembarcó a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar a la población de la magnitud de la inundación. “Mazón faltó a la verdad al responder a la cuestión sobre dónde estaba entre las siete y las ocho de la tarde”, apunta la querella. En ese lapso temporal, el dirigente estuvo con la periodista Maribel Vilaplana en un aparcamiento del corazón de Valencia, según desveló la informadora en su comparecencia como testigo ante la jueza.
A vueltas con los muertos
La constancia sobre cuándo se confirmaron los primeros fallecidos también centra la querella de los socialistas. Pese a que Mazón aseguró en el Congreso que “no hubo pérdidas humanas hasta bien entrada la madrugada”, las pesquisas de la jueza han revelado que, a las 11.45 el día 29 de octubre de 2024, el camionero José Hernaiz ya no contestaba al teléfono. Hernaiz fue la primera víctima mortal de la dana. Entre las 13.00 y las 16.59 de la tarde se registraron 10 fallecimientos. Cuando la Generalitat envió la alerta al móvil, a las 20.11, al menos ,156 personas ya habían fallecido y otras 37 estaban en situación crítica, según el sumario.
La alarma de la discordia
Las contradicciones sobre el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió a las 20.11 horas y cuya tardanza centra las pesquisas de la jueza, también planean en la querella de los socialistas. En la cámara baja, Mazón aseguró que la notificación se remitió “cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo”. Sin embargo, la consejera Pradas fue la encargada de autorizar la remisión de esta misiva, pese a que, en su primera declaración como investigada, llegó a decir que ella ―que orgánicamente era la máxima responsable de Emergencias de la Generalitat― “no dirigía nada”.
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