El dilema del prisionero es una paradoja de la teoría de juegos que demuestra cómo dos individuos, al actuar guiados únicamente por su propio interés, pueden quedar lejos de una estrategia ganadora. Algo similar parece haber ocurrido en la política valenciana, tras la tragedia ocasionada por la dana, y donde pueden extraerse algunas conclusiones reveladoras sobre los eventuales escenarios posibles.
El ensayo de la moción “fake” registrada por Compromís demostró la solidez de los números con que cuenta la mayoría
El dilema del prisionero es una paradoja de la teoría de juegos que demuestra cómo dos individuos, al actuar guiados únicamente por su propio interés, pueden quedar lejos de una estrategia ganadora. Algo similar parece haber ocurrido en la política valenciana, tras la tragedia ocasionada por la dana, y donde pueden extraerse algunas conclusiones reveladoras sobre los eventuales escenarios posibles.
Para ello debemos partir de los principios que guían un régimen parlamentario: la confianza y la responsabilidad; y los instrumentos para su verificación y exigencia, respectivamente. En este contexto, la decisión o no de dimisión de la primera autoridad autonómica se haría depender de los cálculos coste-beneficio que pueda sopesar el presidente de la Generalitat; una decisión directamente proporcional a la presión recibida. Así, una eventual renuncia abriría las puertas a lo que se conoce como crisis gubernamental “extraparlamentaria”, ligada a situaciones ingobernabilidad política, derivadas de una serie de situaciones (debilidad gubernamental, falta de cohesión interna, ausencia de liderazgo, imposibilidad de sacar adelante proyectos de especial trascendencia…). Ahora bien, es ésta la circunstancia que se da en la actualidad parlamentaria valenciana? Me temo que no.
De momento, la cohesión del grupo mayoritario en la Cámara se mantiene firme y nadie se atreve a cuestionarla. Sólo el último de los supuestos aludidos abonaría dicha tesis; pero el propio presidente Mazón condicionó su permanencia en el cargo a dicho avance en una de sus intervenciones parlamentarias más escrutadas. No así la prórroga de los presupuestos, que históricamente se ha producido hasta en tres ocasiones distintas, aunque la tragedia ocasionada impidió cumplir con la obligación estatutaria de presentación anticipada y en plazo del proyecto de Ley.
La decisión de plantear o, incluso, someterse a una cuestión de confianza es otra de las alternativas posibles a la luz del conocido dilema. Un respaldo positivo permitiría afianzar la continuidad y permanencia de Mazón, reforzando sus expectativas de alcanzar una colaboración demandada al mismo tiempo que denegada por parte del Gobierno estatal. Por el contrario, un resultado adverso, conduciría a su relevo o sustitución. Devolviéndonos, nuevamente, a la casilla de salida: el proceso de investidura, en este caso, de un nuevo presidente. Un escenario que, por supuesto, conlleva riesgos evidentes. Basta pensar con su denegación o, incluso, no alcanzarla en un plazo máximo de dos meses, que conduciría a un incierto horizonte electoral -el mismo escenario que acarrearía el ejercicio de la facultad discrecional de convocatoria anticipada de elecciones, con que se cuenta desde la reforma estatutaria de 2006- paralizando necesariamente los esfuerzos de reconstrucción. La generación de este escenario, podría incentivar una estrategia por parte del último grupo de Les Corts como vía de ganar influencia y control sobre la agenda política; especialmente, si perciben un rédito electoral inmediato derivado de su eventual decisión.
Por último, la moción de censura constituye la otra gran herramienta para exigir la responsabilidad política extraordinaria al gobierno, posibilitando la sustitución presidencial en caso de éxito. Ahora bien, dado que el sistema parlamentario vigente prima la estabilidad, la censura debe adoptar un carácter “constructivo”, algo que limita sus posibilidades ya que no puede forzar la caída del gobierno sin la sustitución en su liderazgo, debiendo el eventual candidato tener la condición de diputado, algo que no sucede en el Congreso y que posibilita un panorama más abierto de posibilidades.
El Reglamento de Les Corts exige un número mínimo de diputados (20) para su presentación; número con el que sólo cuenta el primer grupo de la minoría (socialistas). Pero para que la iniciativa prospere se exige además un requisito formal: la mayoría absoluta de la Cámara, lo que exigiría que el otro gran grupo que secunda al gobierno deje de formar parte de la mayoría parlamentaria. Un escenario que, por el momento, se antoja de difícil consecución, pero que nunca se puede descartar.
El ensayo de la moción “fake” registrada por Compromís -y cuya admisión por la Mesa jamás debería haberse producido al tratarse de una iniciativa en manifiesto “fraude” parlamentario, al usar una proposición no de Ley para presentar una censura para la que no se tenía el número mínimo de diputados- sirvió como anticipo de lo que podría estar llegar. Su rechazo demostró la solidez de los números con que cuenta la mayoría, con lo que el problema podría venir no tanto de una gobernabilidad crítica sino en un cuestionamiento sobrevenido de la confianza, derivado de la gestión post-dana. Una confianza que, según la tradición y práctica parlamentaria, se presume mientras no se ha perdido.
Una cosa resulta evidente. Cualquiera de las soluciones que se planteen ante el escenario generado deberá surgir, necesariamente, del centro de referencia de nuestra institucionalidad democrática y nunca a sus márgenes, como algunos pretenden. Un ámbito donde ha quedado demostrado que no existen incentivos (ni internos, ni externos) por el momento, que propicien un cambio de estrategia por parte de los dos grandes partidos valencianos; a pesar de que quien, por el momento, está recogiendo los réditos de ese resultado óptimo del que nos habla el dilema del prisionero es quien tiene mano en todas las opciones que pueden darse en un escenario abierto como el actual.
Mariano Vivancos es profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València
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