La asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha enviado este viernes una “comunicación formal” a la relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para informarle de una “sucesión de irregularidades institucionales” en el proceso contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. El colectivo le pide que “valore” si ha quedado “comprometida la independencia judicial”. La UPF denuncia que se han acumulado “funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”; se ha producido una investigación “con medidas extremadamente invasivas”; los miembros del tribunal han tenido “comportamientos públicos impropios durante el juicio y la deliberación”; y se ha avanzado la condena sin estar todavía redactada la sentencia.
La UPF solicita a la relatora de Naciones Unidas que valore si ha quedado “comprometida la independencia judicial”
La asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha enviado este viernes una “comunicación formal” a la relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para informarle de una “sucesión de irregularidades institucionales” en el proceso contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. El colectivo le pide que “valore” si ha quedado “comprometida la independencia judicial”. La UPF denuncia que se han acumulado “funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”; se ha producido una investigación “con medidas extremadamente invasivas”; los miembros del tribunal han tenido “comportamientos públicos impropios durante el juicio y la deliberación”; y se ha avanzado la condena sin estar todavía redactada la sentencia.
“Nuestra intención no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla. Un Poder Judicial fuerte es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad”, explica en un comunicado la UPF, asociación a la que pertenecía García Ortiz antes de acceder al cargo de fiscal general. El colectivo pide a la relatora de Naciones Unidas que “analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial”; que inste al Estado a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y que considere si procede una visita a España “para evaluar el impacto institucional de este caso”.
Para evitar filtraciones, solo una semana después de acabar el juicio, el Tribunal Supremo acordó adelantar el 20 de noviembre el sentido de su fallo; y anunció que declarará a García Ortiz culpable de un delito de revelación de datos reservados, aunque la sentencia aún seguía “pendiente de redacción” —de hecho, aún no se ha hecho pública—. La decisión se adoptó por cinco votos a dos. Los magistrados imponen al acusado una multa de 7.200 euros, “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años”, el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid) y el abono de las costas (incluidas las de la acusación particular, ejercida por la pareja de la política del Partido Popular).
Ahora, más de dos semanas después de conocerse la condena, la UPF se ha dirigido a la relatora de Naciones Unidas. “Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”, argumenta la asociación de fiscales progresistas, que remacha: “Los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”.
Entre las críticas se encuentra la “decisión del Supremo de anunciar” el sentido de un “fallo condenatorio, sin motivación durante semanas”: “Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican. Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones”.
La UPF censura que los “mismos” magistrados hayan participado en distintas fases del procedimiento: “en la admisión de las querellas”, “la valoración inicial de indicios”, “el control de la instrucción”, “la revisión de decisiones clave”, y “finalmente, el enjuiciamiento”. “Este solapamiento compromete la apariencia de imparcialidad que exigen los Principios Básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura”, recalca la asociación.
El colectivo incide en que varios miembros del tribunal han tenido “comportamientos públicos impropios, como “intervenciones en la sala incompatibles con la neutralidad” o su participación, “en pleno periodo de deliberación”, en un curso impartido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejercía la acusación popular en la vista. “Todo ello, más allá de la intención personal de los magistrados, erosiona la confianza de cualquier observador razonable”, apunta la UPF.
La asociación carga igualmente contra la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, por adoptar unas “medidas extremadamente invasivas”: “La orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas. Parte de información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones”.
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