El Govern ha logrado encarrilar las negociaciones para aprobar el tercer y último suplemento de crédito que da oxígeno a las cuentas prorrogadas de la Generalitat. La nueva inyección económica, de 468 millones, fue aprobada por el Ejecutivo el pasado 22 de mayo, pero debe ser convalidada por el Parlament. La votación es este miércoles. El PSC solo cuenta ahora mismo con el apoyo ERC y necesita el aval de los Comuns para lograr la mayoría de 68 diputados. Según fuentes de las negociaciones, el acuerdo está prácticamente cerrado “a falta de algunos detalles”. Uno de los elementos que ha allanado el proceso es que el Govern haya recogido la propuesta de Jéssica Albiach de sancionar a las escuelas que difundan discursos de odio o antidemocráticos, lo que podría acabar en la retirada del concierto.
El acuerdo encarrila la convalidación del tercer suplemento de crédito, que se vota el miércoles en el Parlament
El Govern ha logrado encarrilar las negociaciones para aprobar el tercer y último suplemento de crédito que da oxígeno a las cuentas prorrogadas de la Generalitat. La nueva inyección económica, de 468 millones, fue aprobada por el Ejecutivo el pasado 22 de mayo, pero debe ser convalidada por el Parlament. La votació es este miércoles. El PSC solo cuenta ahora mismo con el apoyo ERC y necesita el aval de los Comuns para lograr la mayoría de 68 diputados. Según fuentes de las negociaciones, el acuerdo está prácticamente cerrado “a falta de algunos detalles”. Uno de los elementos que ha allanado el proceso es que el Govern haya recogido la propuesta de Jéssica Albiach de sancionar a las escuelas que difundan discursos de odio o antidemocráticos, lo que podría acabar en la retirada del concierto.
Los tres suplementos de crédito aprobados ―siempre con la mayoría de la investidura― suman un total de 3.936 millones, un balón de oxígeno teniendo en cuenta las limitaciones que supone tener los Presupuestos prorrogados. Con el monte del último, 468 millones, se financiarán algunas partidas en salud, educación, vivienda, cultura y política lingüística, explican fuentes de los Comunes, aún pendientes de cerrar flecos de la negociación. El pasado viernes, la coordinadora nacional de la confluencia, Gemma Tarafa, recordó durante el Consell Nacional que el último empujón depende de avances en vivienda y transporte. “Dejemos un mensaje claro: la prioridad máxima es la vivienda, es una prioridad de país”, dijo desde Badalona.
Se espera que el pacto definitivo se pueda sellar entre lunes y martes ―para llegar con tranquilidad a la votación del miércoles en el Parlament―, y que entonces se pueda conocer el desglose. Lo que sí se sabe es que una de las concesiones que han desencallado la recta final de las negociaciones es el compromiso, de carácter político y sin coste presupuestario, de ejercer un mayor control de la concertada y expedientar a las escuelas con mensaje ultra.
El asunto ha saltado a la luz tras la denuncia de un grupo de familias de la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa, que alertaron de un giro ultracatólico y ultraconservador del centro educativo, a raíz de un cambio en el equipo de dirección. No es un caso aislado. Los nuevos responsables del centro han protagonizado polémicas en otros centros y forman parte de una tendencia de ciertos movimientos ultraconservadores para controlar escuelas concertadas, tal y como reveló una investigación conjunta realizada entre EL PAÍS y SER Catalunya. Actualmente, Educación mantiene un expediente abierto al colegio y el Síndic de Greuges también investiga el caso.
La bancada de los Comunes elevó el caso al Parlament, primero a través de una interpelación, y después en forma de moción, el pasado 22 de mayo. La mayoría de partidos (con los votos en contra de PP, Vox y Aliança Catalana) aprobaron la “retirada inmediata” de los conciertos a los centros que difundan discursos de odio, antidemocráticos o anticonstitucionales. La moción apelaba a los servicios de inspección a incorporar, en sus protocolos, la detección, intervención y sanción en estos casos.
Pacto con ERC
Hace dos semanas, ERC presentó su pacto con el Gobierno para el tercer suplemento que incluía partidas para política lingüística; la creación de plazas en la Agencia Tributaria de Cataluña (para adaptarla al reto de recaudar el IRPF el próximo año); partidas para rehabilitación; y un plan para mejorar polideportivos municipales en varias zonas de Cataluña. El vicesecretario de comunicación de los republicanos, Isaac Albert, explicó entonces que, más que un desglose específico de cada uno de los suplementos, se pactaba una voluntad política de cumplir unos acuerdos, sin importar de dónde provinieran los recursos.
Una vez cerrado el capítulo de los suplementos, el Departamento de Economía se embarca en dos tareas clave. Por un lado, en estos dos meses tendrá que presentar tanto la propuesta de financiación singular para Cataluña, que ha sido diseñada en trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y con Esquerra Republicana. La comisión de expertos designados por la consejera Alícia Romero trabaja contrarreloj para que, antes del día 30 de este mes, se conozca ese texto.
Posteriormente, a finales de julio, Economía también ha de publicar el plan que ha de permitir a la Agencia Tributaria de Cataluña recaudar el IRPF el próximo año. El documento explicará cómo se asume ese reto a nivel de personal y tecnológico y de su avance y credibilidad depende que Esquerra Republicana ―que pactó esa medida en la investidura― se avenga a pactar las cuentas del próximo año. Un proyecto que, desde el despacho de Romero, se tendrá que empezar a diseñar también en breve.
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