Cuando el Tribunal Supremo dio la razón en mayo al Gobierno aragonés y ordenó la devolución de las pinturas románicas de Sijena expuestas en el MNAC, en la Cataluña institucional se hizo el silencio. La Generalitat, principal patrón del museo catalán, dijo que acataría la sentencia y ordenó bajar el volumen al mínimo nivel, mientras que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) apenas apeló a criterios técnicos para mostrar que el fallo era inejecutable, ya que los restos de los murales sufrirían daños irreparables ante cualquier movimiento. Así han transcurrido dos meses, hasta que esta semana el president Salvador Illa ha reaccionado de forma inusual y por dos veces ha reclamado a Aragón que agradeciera a Cataluña haber salvado y cuidado ese patrimonio artístico durante 80 años. Y el museo, a la par, ha salido a la defensiva justo cuando un equipo técnico aragonés analizaba los murales en sus instalaciones. El cambio responde a una razón: el hastío por el bombardeo diario de ataques del Gobierno de Aragón, que consideran basados en falsedades.
El presidente catalán y el museo asumen la sentencia que obliga a devolver las obras y consideran que las críticas de Azcón no responden a la realidad
Cuando el Tribunal Supremo dio la razón en mayo al Gobierno aragonés y ordenó la devolución de las pinturas románicas de Sijena expuestas en el MNAC, en la Cataluña institucional se hizo el silencio. La Generalitat, principal patrón del museo catalán, dijo que acataría la sentencia y ordenó bajar el volumen al mínimo nivel, mientras que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) apenas apeló a criterios técnicos para mostrar que el fallo era inejecutable, ya que los restos de los murales sufrirían daños irreparables ante cualquier movimiento. Así han transcurrido dos meses, hasta que esta semana el president Salvador Illa ha reaccionado de forma inusual y por dos veces ha reclamado a Aragón que agradeciera a Cataluña haber salvado y cuidado ese patrimonio artístico durante 80 años. Y el museo, a la par, ha salido a la defensiva justo cuando un equipo técnico aragonés analizaba los murales en sus instalaciones. El cambio responde a una razón: el hastío por el bombardeo diario de ataques del Gobierno de Aragón, que consideran basados en falsedades.
Fuentes del Gobierno catalán confirman ese cambio de rol, sobre todo por unas acusaciones concretas vertidas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una entrevista a La Razón, que enfadaron a Illa. “Cuando ha venido a Aragón y hemos hablado de este asunto concreto —decía el popular—, me ha dicho una cosa y luego ha ocurrido la contraria. Hay dos posibilidades: que me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña». Desde Pekín, donde empezó su viaje oficial a China, Illa fue directo y entró en el relato simbólico sobre el papel de Cataluña en la preservación de los murales: “Lo que tendría que hacer es dar las gracias a las autoridades de Cataluña, y en concreto al MNAC, por la preservación de unas pinturas que, si no es por el MNAC, hoy no existirían”. Este viernes, en Shangái, cuando ya había concluido la rueda de prensa del balance final del viaje y sin pregunta previa de los periodistas, afirmó: “Quiero hacer un comentario. Desde Shangái, China, aún espero ese reconocimiento. Es la primera línea. Respeto todas sus posiciones y que reclamen todo lo que tengan que reclamar. Es de buena educación primero agradecer y reconocer que si no hubiera sido por autoridades y por gente de Cataluña, esas pinturas desgraciadamente hoy no existirían”.
Illa, como el MNAC, no ha modificado su posición de acatar la sentencia, pero ha ido modulando su respuesta al considerar injustificadas y gratuitas ciertas críticas. Cuando se difundió el fallo, el president estaba en Japón y defendió acatarlo advirtiendo de que había discrepancias técnicas sobre los daños que podían sufrir las obras en función de si los informes procedían de Aragón o Cataluña. Su estrategia fue despolitizar al máximo Sijena, conflicto que explotó en plena aplicación del artículo 155. El asunto ya planeó en la Conferencia de Presidentes, donde Azcón le pidió que cumpliera el fallo, y días después Illa avisó en Rac 1 que no dejaría que se hablara “mal del MNAC y de Cataluña”. Poco después, cargó contra Azcón y en la víspera lamentó también que se critique el nuevo modelo de financiación porque la propuesta surge de Cataluña: “Yo, según qué cosas, en mi casa no me las dejo decir”, ya deslizó en la Conferencia de presidentes.
El plan del Govern no era alzar la voz. Al contrario que el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), Illa no ha visitado el MNAC como muestra de apoyo. Y el PSC apenas ha mantenido un papel secundario, si bien votó a favor de una declaración institucional en la Cámara dando apoyo al museo e instando al Govern a agotar todos los recursos para que las obras se queden en Cataluña. También dio su sí a una moción de Junts a favor de la incidencia de ejecución de sentencia por si ponía en riesgo los murales y de pedir al Gobierno español que actúe igual que ha hecho con otras obras frágiles que no permitió su traslado. Se refería a la Dama de Elche, que no fue traslada por un informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que advertía del riesgo de trasladarla. La diferencia es que ese caso no estaba judicializado.
La misma discreción del Govern ha mantenido todo este tiempo el MNAC, presidido por Joan Oliveras, pero sobre todo bajo la batuta de su director, Pepe Serra. Sus administradores dieron por bueno un acuerdo con el patronato —en el que además de la Generalitat están el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona— en el que se les permitía maniobrar sin salir un centímetro de lo que es su terreno de juego: la experiencia en conservación y restauración de obras de arte. Los técnicos del museo siempre han defendido que cualquier traslado provocará alteraciones químicas y físicas que dañarán la obra de forma irreparable. Además, aseguran que solo el desmontaje requerirá el corte de los bastidores, con todo lo que ello implica. Y desconfían de las condiciones ambientales de la sala capitular del monasterio de Sijena, donde se tendrían que montar después. Son esos argumentos los que quieren que la jueza tenga en cuenta para considerar la inejecutabilidad de la sentencia a través de un incidente de ejecución de sentencia, último recurso judicial que le queda al museo.
El MNAC aspira, en síntesis, a ahondar en sus argumentos ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca de que mover las pinturas, sobre todo las que decoraban la sala capitular del monasterio de Sijena, pone en serio riesgo un patrimonio calificado de bien de interés cultural (BIC), el mayor nivel de protección que otorga el Estado. Y lo hacen quedándose al margen de una posible batalla política.
Pero el mutismo del museo, maniatado por el silencio de las administraciones que figuran en su gobernanza, también ha saltado por los aires. Por primera vez ha alzado la voz para aplacar las críticas, que consideraba falsas, del Gobierno aragonés. Su director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha hecho declaraciones durante los tres días que el equipo enviado por su Gobierno al MNAC ha estado trabajando esta semana en las instalaciones catalanas.
El primer día, Olloqui aprovechó la protesta convocada por la Assemblea Nacional Catalana a las puertas para protestar por la llegada de sus empleados para afirmar que los técnicos habían vivido momentos de “tensión” —que no sufrieron porque no pasaron cerca de la protesta—, además de “restricciones” en el interior del museo. El segundo, que el MNAC no había facilitado material técnico —un foco y un traje de seguridad— para realizar los trabajos. Una portavoz del museo desmintió todas esas afirmaciones. Cansada de las continuas críticas de Aragón, la dirección del museo ha decidido que el juzgado le sirva como único punto de encuentro con las demandas aragonesas. Allí ha dejado la documentación sobre las obras románicas que tenía que entregar y no permitió extraer muestras hasta no tener una orden judicial. El futuro del conflicto, ahora sí más tenso que nunca, está encima de la mesa de la jueza Rocío Pilar Vargas Magallón.
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