Interior tendrá que responder como responsable en el juicio por el homicidio de un preso a manos del asesino de Morata de Tajuña

Dilawar Choudhary fue detenido a finales de enero de 2024 acusado del asesinato de tres hermanos ancianos que le debían 50.000 euros en Morata de Tajuña (Madrid). El caso se hizo célebre por la brutalidad del homicidio y porque detrás se escondía una historia de estafas del amor. El juez lo envió a prisión provisional en Estremera (Madrid) y en la cárcel compartía celda con otro preso llamado Ángel A. Cuando apenas llevaba unas semanas conviviendo con su compañero, Dilawar robó, presuntamente, un disco del gimnasio y lo golpeó hasta la muerte. La jueza que instruye este homicidio acaba de decidir que el Ministerio del Interior tendrá que responder como responsable civil del crimen para que se dirima si era el organismo que debía garantizar la seguridad de la víctima.

A mediados de enero de 2024, la Guardia Civil descubrió en una vivienda unifamiliar de Morata de Tajuña los cuerpos golpeados, apilados y semicalcinados de los hermanos Gutiérrez Ayuso, de entre 72 y 79 años. La investigación se centró desde el principio en Dilawar Choudhary, un dueño de un locutorio que había prestado dinero a los hermanos a cambio de recibir el triple en apenas unos días. Pero nunca recuperó su dinero. La investigación desveló que las dos hermanas, Ángeles y Amelia, eran víctimas de una estafa del amor, una organización criminal les había hecho creer que mantenían una relación a distancia con dos militares norteamericanos, uno de los cuales había fallecido y les había dejado una gran herencia.

Las hermanas pasaron años pidiendo dinero a todo su entorno porque estaban convencidas de que tenían que pagar impuestos para cobrar la herencia, que nunca llegaba. Dilawar fue una de las personas que aceptó prestarles dinero bajo la esperanza de recuperar esa inversión con creces. Pero al ver que se quedaba en quiebra y las hermanas nunca cumplían su promesa, acabó matando a los tres. Cuando se descubrieron los cuerpos, un mes después, Dilawar se entregó e ingresó en prisión.

El 15 de febrero, apenas un mes después, llamó en mitad de la noche a los funcionarios de la prisión de Estremera (Madrid) y les anunció que había matado a Ángel A., su compañero de celda. La investigación apunta a que Dilawar se hizo con una pesa del gimnasio de la cárcel y esperó a que el otro preso se durmiera para atacarlo de forma salvaje. Después se duchó, se cambió de ropa y avisó a los funcionarios. Dilawar arguyó que tenía problemas de convivencia con su compañero y que lo miraba mal mientras se duchaba.

El abogado de la familia de la víctima, Rodrigo López del Cerro, solicitó desde el primer momento incluir en el proceso al Ministerio del Interior, del que dependen Instituciones Penitenciarias, como responsable civil subsidiario, es decir, el que tendría que hacerse cargo de la indemnización a la familia del fallecido en caso de que Dilawar sea encontrado culpable en el juicio.

La jueza da dos argumentos. En primer lugar, deja claro que “el hecho se cometió en el interior del establecimiento del que es titular la Administración”. Además, también señala que un preso había dado la señal de alarma sobre el extravío del arma homicida, una pesa de 2,5 kilos. “La desaparición de un objeto contundente, idóneo como arma y perteneciente al material del centro, fue puesta en conocimiento de la institución y, pese a ello, el resultado lesivo llegó a producirse”, detalla la instructora.

Dilawar ya fue condenado por el triple homicidio y ahora se encuentra a la espera de juicio de su cuarta víctima.