En torno a una mesa caoba, en un despacho del Parlamento andaluz, se sentaban Teodoro García Egea (PP), Javier Ortega Smith (Vox), el por entonces juez estrella de la ultraderecha Francisco Serrano y quien acabó siendo el principal beneficiario de la reunión, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aquel 9 de enero de 2019 salió de la sala con su investidura en el bote. El precio fue firmar el primer acuerdo de Vox con el PP, que empezaba a incorporar planteamientos del repertorio extremista, entre ellos comprometerse a “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”.
Desde su primer pacto en 2019, el partido de Feijóo no ha dejado de aceptar premisas extremistas, aunque luego trate de disimularlo
En torno a una mesa caoba, en un despacho del Parlamento andaluz, se sentaban Teodoro García Egea (PP), Javier Ortega Smith (Vox), el por entonces juez estrella de la ultraderecha Francisco Serrano y quien acabó siendo el principal beneficiario de la reunión, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aquel 9 de enero de 2019 salió de la sala con su investidura en el bote. El precio fue firmar el primer acuerdo de Vox con el PP, que empezaba a incorporar planteamientos del repertorio extremista, entre ellos comprometerse a “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”.
No es una expresión inocente. Desde hace décadas, las extremas derechas europeas la usan para estigmatizar, sin hacerlo explícitamente, a los extranjeros que profesan el islam, presentándolos como incompatibles no solo con la democracia occidental, también con la identidad nacional. Es decir, el mismo esquema que el PP y Vox aplican ahora en Jumilla (Murcia), donde pretenden vetar las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas públicas para defender las “costumbres del pueblo español”.
Aquel acuerdo de 2019 puso la primera baldosa de un camino de coincidencias sobre inmigración entre el PP y Vox que llega hasta hoy. De Sevilla a Jumilla, estos seis años y medio de acuerdos han acabado por dibujar un patrón. Por un lado, Vox los celebra como éxitos que validan sus premisas xenófobas: que los musulmanes amenazan nuestro estilo de vida, o que los “menas” (menores extranjeros no acompañados) son un peligro, o que las ONG colaboran con las mafias, o que los extranjeros vienen para vivir de las ayudas. El PP, por su parte, consigue con ellos una investidura, o un presupuesto, o simplemente trata de zafarse de la presión de Vox, todo ello mientras niega que haya ninguna cesión grave. ¿Extremismo? ¿Dónde?
Es justo lo que ocurre en Jumilla, con Santiago Abascal sacando pecho por la discriminación conseguida mientras el PP, en pleno temblor de piernas ante el escándalo organizado, se afana en asegurar que la moción no va contra nadie, a pesar de que todo parte de una acometida islamófoba de Vox contra el Ramadán y la Fiesta del Cordero.
Vuelve a repetirse la regla: el PP da la razón a Vox sin admitirlo, mientras Vox se apunta una victoria y anuncia ya nuevas batallas. Ahora quiere extender las limitaciones al rezo a otras poblaciones y lograr “la prohibición del velo islámico”, la supresión de la enseñanza de “Lengua Árabe y Cultura Marroquí” y la “prioridad nacional” al conceder ayudas públicas.
“Primero, lo nuestro”
Aunque el caso de Jumilla es llamativo, hasta el punto de haber movido a la Conferencia Episcopal a denunciar una “discriminación” antidemocrática, el repaso a los acuerdos PP-Vox desde 2019 evidencia que la moción aprobada no brota de la nada, sino de un terreno pacientemente abonado. Pacto tras pacto con el PP, Vox ha ido dando visibilidad y legitimidad a ideas marginales y medidas impensables antes de su irrupción.
Un ejemplo entre muchos: Moreno logró unos presupuestos a cambio de medidas para “contener” los “riesgos externos” de los “centros MENAS”, fórmula que daba cobertura a las campañas de Vox vinculando inmigración y delincuencia. Poco después, los de Abascal aprovechaban la atención mediática para intentar montar un escándalo en La Macarena, en Sevilla, alertando contra las “manadas de menas”. Eran los primeros ensayos de la función de Torre Pacheco.
Una y otra vez, Vox ha visto cómo el PP hacía concesiones que suponían aceptar su marco excluyente. Carlos Mazón llegó a president en 2023 acordando el fin de las subvenciones para ONG que colaboren con la “inmigración ilegal”. Claro, eso era solo el acuerdo explícito. Lo implícito era la ratificación de la tesis sin prueba alguna de Vox: que existen múltiples entidades que, bajo su apariencia benéfica, están coaligadas con “mafias” del norte de África. Marga Prohens consiguió el poder en Baleares tras comprometerse con Vox a exigir la “residencia legal” y no solo el “empadronamiento” para optar a subvenciones, también vetadas para ONG que “colaboren con las mafias”. De una tacada, dos acuerdos que permitieron a Vox proclamar: ¿veis como nosotros teníamos razón?
La reciente ronda de acuerdos presupuestarios ha engordado el listado. Allí donde se han producido, ha sido tras la negativa del PP a acoger menores inmigrantes, que según Vox son un riesgo para la seguridad. Mazón logró el sí de Vox solo tras pagar el peaje de exigir al Gobierno que informe sobre la nacionalidad de los implicados en el “pillaje” tras la dana, dando pábulo al prejuicio de Abascal de que la mayoría de los saqueadores eran extranjeros.
En Murcia, Fernando López Miras ha aceptado un protocolo para comprobar la edad de los “inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores”, otra vez validando las ideas de la ultraderecha, que sostiene que entre los supuestos menores que aguardan acogida abundan fornidos adultos con intenciones delictivas. En Baleares, el precio del acuerdo ha incluido condicionar la renta social contra la exclusión a una acreditación de tres años de residencia legal en las islas, todo tras una campaña de Vox cebando la idea de que hay en España una legión de extranjeros que han venido solo a por la paguita.
Feminacionalismo
Los acuerdos han ido acompañados de una deriva retórica del PP que no se limita a la vinculación entre inmigración y delincuencia incorporada a su discurso por Alberto Núñez Feijóo. También ha habido mensajes específicos contra la inmigración musulmana. El líder del PP ha exigido a los extranjeros “respeto a las mujeres, a los homosexuales”; lo que tras su fachada irreprochable constituye una utilización del discurso “feminacionalista”, que lanza contra los musulmanes una generalizada acusación de misoginia y homofobia. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso no se corta al distinguir entre unos extranjeros deseables, los “hispanos”, que “no son ni siquiera inmigrantes” porque “rezamos la misma religión”, y otros indeseables, los que “defienden que las mujeres nos quedemos en casa”. “No es lo mismo un tipo de inmigración que otra”, dijo en una entrevista el año pasado.
Al igual que Feijóo, Ayuso evitó decir cuál era la “otra”, pero no hacía falta: es la musulmana. La misma contra la que ahora se dirige el dedo acusador en Jumilla, aunque el PP insista en que no entiende de dónde ha podido salir esa idea. ¿Extremismo? ¿Dónde?
¿Es esta una forma inteligente de actuar del PP? Los antecedentes indican que cuando las fuerzas centrales se aproximan a las radicales, son estas las que a la postre salen ganando. Se ha visto en Francia, en Italia. Y también, todavía en otra escala, en España, donde el endurecimiento del discurso del PP coincide con una trayectoria cada vez más ascendente de Abascal en las encuestas y una consolidación de la inmigración como grave preocupación social.
“El PP profundiza en un error estratégico al partir de la hipótesis de que, amoldando sus propuestas a Vox, saca rédito político”, afirma Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Parecido enfoque aporta Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management: “Se ve al PP arrastrado por Vox, pero a la vez intentando justificarse. Para la izquierda, parece extremista; para Vox, es derechita cobarde. No sabe cómo encontrar su espacio en este terreno”.
Feijóo tendrá en breve nuevas oportunidades para buscar ese espacio, porque Vox no va a dejar de ponerlo a prueba, ahora con el “velo islámico”. Incluso cuando no iba tan bien en las encuestas, Abascal tenía claro que ese era el camino a seguir: conseguir que se hable de sus temas. “Todos los debates que nadie quería afrontar hoy se afrontan”, reivindicaba en 2022 como gran logro. Entre esos debates que “nadie quería afrontar” salvo Vox, estaba entonces si obstaculizar o no el rezo musulmán. Hoy, tras una moción aprobada en un pueblo del interior de Murcia, el asunto forma parte de la conversación popular española. Como dijo el concejal de Vox en Jumilla en el pleno que aprobó la medida: “Objetivo cumplido”.
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