Cuando España se fue a negro el 28 abril de 2025, durante el gran apagón eléctrico que afectó a la Península, el magistrado José Luis Calama estaba de guardia en la Audiencia Nacional. El juez instructor decidió entonces dar un paso al frente y abrir de oficio una investigación para indagar si detrás del fallo energético se encontraba un ataque “ciberterrorista”. Calama, que ya había dirigido antes otras causas delicadas contra altas instituciones del Estado, asumió unas pesquisas de enorme sensibilidad (y repercusión política), las declaró secretas para evitar filtraciones y, en apenas medio año, las dio por finalizadas y archivó tras no encontrar un “mínimo indicio” de que se tratase de un “sabotaje”. Lo hizo sin mayores estruendos.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha llevado otros casos sensibles: como las pesquisas sobre el gran apagón, el espionaje al Ejecutivo de Sánchez o la causa de Alvise por financiación ilegal
Cuando España se fue a negro el 28 abril de 2025, durante el gran apagón eléctrico que afectó a la Península, el magistrado José Luis Calama estaba de guardia en la Audiencia Nacional. El juez instructor decidió entonces dar un paso al frente y abrir de oficio una investigación para indagar si detrás del fallo energético se encontraba un ataque “ciberterrorista”. Calama, que ya había dirigido antes otras causas delicadas contra altas instituciones del Estado, asumió unas pesquisas de enorme sensibilidad (y repercusión política), las declaró secretas para evitar filtraciones y, en apenas medio año, las dio por finalizadas y archivó tras no encontrar un “mínimo indicio” de que se tratase de un “sabotaje”. Lo hizo sin mayores estruendos.
Este martes, el nombre de Calama vuelve a colocarse bajo los focos. Y le resulta mucho más complicado evitar el ruido que ha generado una de sus últimas decisiones. Este magistrado “discreto” y “exhaustivo”, como le definen distintas fuentes jurídicas, ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, con una enorme ascendencia sobre la actual dirección socialista y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su resolución, el juez lo define como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para obtener “beneficios económicos” con “la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Desde que aterrizara en la Audiencia Nacional en 2018, procedente del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y cuando sumaba 30 años de carrera, Calama ha dejado su impronta propia en múltiples investigaciones que ha encabezado. “Es meticuloso, trabajador y muy exhaustivo en las investigaciones de delitos económicos”, le describe un juez que trabajó junto a su despacho. Un abogado, que estuvo personado en uno de los casos que ha dirigido, destaca su capacidad para manejar procesos de gran “magnitud” y “complejidad”. “Es un tipo riguroso y prudente, que huye del foco mediático. No concede entrevistas ni sale en la prensa”, añade una fuente del Consejo General del Poder Judicial. Y otro magistrado de la Audiencia Nacional, ya jubilado, remacha: “No le adscribo a nada. Él no opinaba nunca de nada”.
Desde luego, al juez Calama no le ha temblado el pulso a la hora de pisar charcos y sumergirse en asuntos de todo pelaje. Ya sean financieros: abrió juicio oral contra Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, por estafa a los inversores en la operación de ampliación de capital de 2016, además de sentar en el banquillo al Banco Santander como responsable civil. O de repercusión internacional: acusó con duras palabras al Estado de Israel de “frustrar” la investigación de la justicia española sobre el espionaje a varios miembros del Gobierno de Sánchez con el software Pegasus, comercializado y desarrollado por una de las empresas del Estado judío. O deportivos: rechazó la querella presentada por el Real Madrid contra la Liga de Fútbol y su presidente, Javier Tebas, por delitos societarios.
Y, por supuesto, políticos. En 2017, cuando estaba en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, archivó la causa contra el marido de Manuela Carmena, entonces alcaldesa de la capital, por un delito contra el derecho de los trabajadores. En 2024, ya desde el Juzgado de Instrucción 4 de Audiencia Nacional, pidió al Tribunal Supremo que imputase al eurodiputado ultra Luis Pérez, más conocido como Alvise, por un delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos, ya que concluyó que existen indicios de que el dirigente de Se Acabó La Fiesta (SALF) recibió 100.000 euros en metálico de forma irregular de un empresario para sufragar su campaña electoral.
Calama, que se ha destacado dentro de la Audiencia Nacional como una de las figuras que más se ha familiarizado con los nuevos métodos delincuenciales, tuteló también las complejas pesquisas del caso Arbistar, centradas en una enorme plataforma de inversión de criptomonedas que operó entre 2019 y 2020, constituyendo una macroestafa piramidal que defraudó 200 millones de euros a 32.000 inversores. Hace apenas unos meses, precisamente, el tribunal ha condenado a su cabecilla, Santiago Fuentes, a 16 años de prisión.
Calama tiene fama de ser un juez garantista. Incluso demasiado, para alguna fuente policial, que apunta que mantuvo poco tiempo en prisión provisional al joven José Luis Huertas, alias Alcasec. Este hacker logró penetrar en octubre de 2022 en el Punto Neutro Judicial —la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado—, de donde extrajo datos bancarios de 575.186 contribuyentes. Según confesó el propio pirata informático ante el magistrado, esa información se transfirió a dos servidores alojados en Lituania y después se vendieron a terceras personas. Tras ser detenido en abril de 2023, el instructor lo dejó en libertad en mayo de ese año, al reconocer que estaba colaborando. Sin embargo, Alcasec volvió a ser arrestado en 2025 por orden del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, encabezado por la magistrada María Tardón, por su presunta implicación en otra trama de compraventa de datos robados.
Sin embargo, pese a la dimensión de todas esas causas, ninguna alcanza la relevancia de la que cayó en sus manos hace unos tres meses sobre la aerolínea Plus Ultra y que sentará ante él a Zapatero el próximo 2 de junio, cuando lo ha citado para declarar. Será la primera vez que un magistrado interrogue en democracia como imputado a un expresidente del Gobierno.
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