Junts per Catalunya ha pactado con el Gobierno que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán, cuando así se requiera. El compromiso afecta a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros. “Se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no”, refiere el texto de la enmienda que ha presentado Junts, por vía de su diputado Josep Maria Cruset.
La modificación legal empieza a debatirse la semana que viene en la ponencia en el Congreso
Junts per Catalunya ha pactado con el Gobierno que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán, cuando así se requiera. El compromiso afecta a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros. “Se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no”, refiere el texto de la enmienda que ha presentado Junts, por vía de su diputado Josep Maria Cruset.
Desde JxCat se pone de relieve que se trata de “un cambio de paradigma” porque la medida garantiza poder recibir atención en catalán, con independencia del lugar donde se encuentre la persona que hace la reclamación o la consulta. Las comunicaciones escritas de la empresa con el consumidor también se tendrán que adaptar a la lengua que haya elegido el cliente.
Se precisa que queda fijado el compromiso de que el personal reciba la formación necesaria, no solo para atender en catalán sino también en las otras lenguas cooficiales, y es aplicable a las compañías eléctricas y telefónicas, y a las suministradoras de servicios como el gas o el agua. También regirá para las empresas que prestan servicios ferroviarios y de transporte por carretera, a los bancos y a las aseguradoras.
La política de “carpeta a carpeta” que esgrime en cada pleno el grupo de Junts en el Congreso lo abarca todo, no conoce aliados predeterminados, ni asuntos vetados. “Todo lo que interese a Cataluña”, es la frase que emplea en cada ocasión, Miriam Nogueras, la portavoz parlamentaria del partido de Carles Puigdemont, y en la misma jornada vale para llevar a pleno la semana que viene la negociación de la competencia de inmigración para la Generalitat o que se empiece a discutir, en la ponencia de la Cámara baja, la modificación de la ley de atención a la clientela para blindar el uso del catalán en las grandes empresas. Esa negociación la ha cerrado Junts hace meses con el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, de Sumar.
Al mismo tiempo que la portavoz de Junts departía en el patio del Congreso con un grupo de periodistas sobre que aún le queda una semana de puertas abiertas a la negociación para que no fracase su propuesta de que la Generalitat de Cataluña asuma la competencia sobre inmigración, que Podemos amenaza con tumbar al sumarse a los votos negativos previstos de PP, Vox y UPN, ese grupo parlamentario distribuía una nota de prensa en la que se apunta el tanto de haber conseguido “blindar el catalán” en la ley de la clientela.
En el comunicado de Junts se apunta que con ese acuerdo, que se fraguó hace meses con el Ministerio de Consumo y Derechos Sociales, se asegurará el derecho de los ciudadanos “a ser atendidos en catalán por parte de las empresas” y se evitará “la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido”. Junts indica así que en la negociación de las enmiendas a esa ley con Consumo, que se empezarán a debatir la semana que viene en la ponencia, se han acordado entre otros puntos “la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de los servicios de atención a la clientela y la sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo en la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa”.
Junts sostiene que pone por delante “el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial”. El partido de Puigdemont detalla que las grandes compañías suelen tener centralizados sus servicios de atención al cliente y que, por lo tanto, la medida no implica un quebradero de cabeza organizativo para dar la formación lingüística comprometida. Se destaca que gracias a esa modificación legal se verá mejorado el trato de compañías eléctricas, suministradoras de gas y de agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago, entidades bancarias y servicios financieros, empresas aseguradoras y empresas que presten servicios públicos.
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