El presidente de AME, Jesús Arzúa, ha enviado un escrito al departamento de Mónica García en el que exige responsabilidades y también cambios urgentes en el MIR tras las últimas polémicas Leer El presidente de AME, Jesús Arzúa, ha enviado un escrito al departamento de Mónica García en el que exige responsabilidades y también cambios urgentes en el MIR tras las últimas polémicas Leer
La Asociación MIR España (AME) avisó antes de la realización de las pruebas este año. «Están dañando de manera irreversible la imagen del examen MIR. Un proceso serio no tendría que estar expuesto a este tipo de riesgos», dijo entonces Jesús Arzúa, presidente de la Asociación.
Y ahora ha materializado la crítica reclamando al Ministerio de Sanidad una «auditoría externa, independiente y pública» de todo el proceso de este año por el «progresivo proceso de degradación institucional del sistema de Formación Sanitaria Especializada».
Según ha podido saber este periódico, AME ha remitido al ministerio un escrito en el que argumenta «que el conjunto de retrasos, cambios técnicos y medidas de última hora han generado incertidumbre y potencial indefensión, así como una pérdida objetiva de confianza en el sistema […] vulnerando los principios de eficacia, buena administración, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad […] así como el deber de motivación de los actos administrativos en procedimientos de concurrencia competitiva».
En opinión de AME, el MIR necesita un cambio de timón urgente: «La FSE se está orientando a maximizar números (incrementar plazas) sin garantizar proporcionalmente la calidad formativa, la supervisión real ni mecanismos efectivos de auditoría y consecuencia».
La reclamación de transparencia incorpora acciones específicas muy claras. En primer lugar, «y como mínimo», un cronograma real de decisiones y responsables por unidad u órgano para entender quién tomó qué decisión en cada momento del proceso. Además, piden un análisis técnico del fallo del sistema de inscripción, una evaluación de la contratación administrativa y su impacto en los plazos (que recuerdan que fueron sistemáticamente incumplidos).
AME exige también la publicación íntegra del informe técnico de dicha auditoría y la comparecencia pública de las personas responsables del proceso para dar explicaciones ante los aspirantes y la ciudadanía. Y, como consecuencia, la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en función de los hallazgos, con «medidas correctoras verificables y no meramente declarativas».
A este respecto, mencionan explícitamente la salida de Celia Gómez, exdirectora de Ordenación Profesional con rumbo a la dirección del Finba en Asturias. «Su relevo se produce sin informe público de evaluación del proceso ni comparecencia explicativa. La salida, por sí sola, no esclarece causas, no depura responsabilidades y no repara el daño institucional».
Pero no se quedan ahí: temen que la situación se repita en futuros ejercicios, de modo que reclaman también un calendario futuro vinculante, «blindado normativamente», que impida cambios sin resolución motivada, así como una «moratoria inmediata de innovaciones estructurales hasta que exista consenso técnico y social, estándares nacionales homogéneos y evaluación independiente transparente».
Jesús Arzúa, presidente de la asociación, termina la carta explicando que no se puede «aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural, opacidad administrativa y ausencia de responsabilidades. Exigimos rigor institucional, transparencia y respeto a quienes sostendrán el Sistema Nacional de Salud en los próximos años».
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