La Audiencia de Sevilla eleva el ‘caso ERE’ a la justicia europea tras el desafío al Constitucional

La Audiencia de Sevilla ha elevado el caso de los ERE fraudulentos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantearle una cuestión prejudicial después de ganar el pulso mantenido esta primavera con el Tribunal Constitucional. Los magistrados de la Audiencia, en un movimiento inédito, desafiaron por primera vez la doctrina del alto tribunal de garantías español y rehusaron aplicar sus 10 sentencias, que rebajaban las penas a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, al estimar sus recursos de amparo. Ahora, los magistrados suspenden la tramitación de la causa “por un riesgo sistémico de impunidad” y dejan en el aire la aplicación de los fallos del Constitucional hasta que el Tribunal de Luxemburgo aclare sus dudas.

El primer tribunal que condenó a los expresidentes andaluces y otros ex altos cargos de la Junta en 2019 requiere ahora a la justicia europea que aclare cómo se adecuan las sentencias del Constitucional, dictadas hace un año, al derecho europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces aseguran que buscan evitar “un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares (…) y salvaguardar los intereses financieros de la UE”, reza el auto difundido este martes.

La Audiencia critica que el Constitucional “vulneró” con sus sentencias el principio de legalidad penal nacional al “imponer una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción”, subraya la resolución motivada, de 62 páginas. Esto contradice, a criterio de los jueces, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Euro Box Promotion de 2021, lo que generaría “un evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción”.

Para los jueces de la Audiencia, el corazón de su argumentación es que el Constitucional origina un “ámbito de impunidad” a través de sus sentencias que no casa con la seguridad jurídica y que ignoraría el “fin fraudulento, prohibido y contrario a las normas de la UE” iniciado por los políticos andaluces con sus leyes presupuestarias que dotaron el fondo de los ERE con 680 millones durante una década. La Audiencia censura que, en caso de aplicar la doctrina del Constitucional, esto provocaría “una desprotección del patrimonio público, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y su manejo de fondos públicos”. Además, infringiría “la normativa europea de lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y la corrupción en general”.

Tras una larga instrucción de siete años y un juicio que se prolongó otro año, en 2019 la Audiencia sevillana condenó a Chaves y Griñán y 17 ex altos cargos socialistas por prevaricación y malversación; en 2022 el Tribunal Supremo ratificó su tesis con otra sentencia condenatoria; y el pasado año el Tribunal Constitucional (TC) rebajó las condenas de manera notoria y ordenó a la Audiencia de Sevilla que reformulara sus sentencias para adecuarlas a su criterio. Pero los jueces de la Audiencia se saltaron el guión y tras pedirlo el PP como acusación particular, rechazaron la orden del Constitucional y optaron por abrir el cauce para que la justicia europea decida.

La rebelión de la Audiencia de Sevilla comenzó hace cuatro meses y aunque en principio pareció que el Constitucional le impediría elevar el caso a la justicia europea, finalmente el órgano de garantías desistió del pulso. Este martes los magistrados echan la pelota del caso a los magistrados europeos, que tardarán probablemente años en pronunciarse sobre una investigación que surgió en 2011.