La Audiencia Nacional imputa a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por el supuesto amaño de obra pública del ‘caso Cerdán’

El magistrado Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputados el próximo 21 de julio a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, después de que ambos fuesen señalados por la Guardia Civil por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas investigadas en el caso Cerdán. Ismael Moreno, que ya aprobó el registro de sus domicilios el pasado junio, ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo le indicase que existían “indicios consistentes” de que los dos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios bajo sospecha.

Los nombres de estos dos ex altos cargos sobrevolaban la causa desde hace meses. De hecho, Pardo de Vera ya se encuentra imputada por la presunta contratación irregular de una expareja de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Pero la investigación contra ellos ha dado un nuevo salto en las últimas semanas. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el 12 de junio sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, dejaba también a Pardo de Vera y a Herrero al pie de los caballos.

Leopoldo Puente, el magistrado instructor que lleva la parte de la investigación del Supremo, concluyó que el informe del instituto armado arrojaba suficientes indicios contra la expresidenta de Adif y el director general de Carreteras. Pero, como el alto tribunal ha acordado que solo indagará sobre Ábalos (actualmente es el único aforado salpicado, puesto que Cerdán dejó el escaño) y aquellas actuaciones o personas que tuvieran una vinculación relevante con el diputado, reenvió la causa a la Audiencia Nacional para que fuese Moreno quien estudiase si debía imputarse a Pardo de Vera o a Herrero.

Un paso que el juez Moreno ya ha dado. El magistrado de la Audiencia Nacional lo hace tras haber ordenado el registro del domicilio de los dos; y tras tener sobre la mesa un contundente escrito de Leopoldo Puente que apunta sin paliativos contra Herrero y Pardo de Vera. “Hubieran podido prestar asistencia al aforado José Luis Ábalos a través de quien oficiaba como su asesor, el también investigado Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, escribió el instructor del Supremo.

El magistrado señalaba que, según se desprende de las comunicaciones interceptadas y de los audios grabados por Koldo García, exasesor de Ábalos, constan indicios suficientes de que Pardo de Vera y Herrero podrían haber “facilitado de manera inmediata” a la trama toda una serie de “información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros”. “Siguiendo las directrices que [Ábalos], a través de su asesor, les impartía”, remachó Puente.

El informe de la UCO recoge grabaciones y comunicaciones de los dos exdirectivos donde conversan con Koldo García de las adjudicaciones bajo sospecha. Entre otras, los agentes destacaron el siguiente mensaje de WhatsApp enviado en abril de 2019 por Javier Herrero al asesor de Ábalos: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”.

Pardo de Vera ya se encontraba imputada en la Audiencia Nacional por otra línea de investigación del caso: la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica R., antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Al igual que ha pasado ahora, Puente reenvió esa parte a la Audiencia Nacional para que esta decidiera si la imputaba por ello. Un paso que dio el juez Ismael Moreno el pasado 20 de mayo, cuando le atribuyó los delitos de malversación y tráfico de influencias.