Antonio Piña, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado una denuncia presentada en enero por una asociación ultra contra Óscar Puente (PSOE), ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales. Fuentes jurídicas subrayan que el juez ha tomado este decisión al concluir que carece de competencia. Precisamente, la Fiscalía ya apuntó que debía archivarse la denuncia por ese mismo motivo: Puente, al ser ministro, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y, además, un juzgado de Montoro (Córdoba) ya dirige actualmente unas pesquisas para indagar sobre la tragedia y posibles responsables.
El magistrado Piña concluye que carece de competencia para abrir una causa sobre la tragedia, que ya investiga una jueza de Montoro
El tribunal carece de competencia para investigar al ministro de Transportes, aforado ante el Supremo
Antonio Piña, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado una denuncia presentada en enero por una asociación ultra contra Óscar Puente (PSOE), ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales. Fuentes jurídicas subrayan que el juez ha tomado este decisión porque carece de competencia para abrir una investigación. Precisamente, la Fiscalía ya apuntó que debía archivarse la denuncia por ese mismo motivo: Puente, al forma parte del Ejecutivo, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y, además, un juzgado de Montoro (Córdoba) dirige actualmente las pesquisas sobre la tragedia.
Como ha avanzado eldiario.es, el instructor da así carpetazo al intento de la Asociación Libertad y Justicia de abrir una causa contra Óscar Puente. La denuncia se presentó en enero en la Audiencia Nacional y, tras recaer en el juzgado de Piña, el magistrado abrió diligencias —un mero trámite para poder tomar decisiones sobre el caso— y simplemente pidió opinión al ministerio público sobre si era competente. Entonces, fuentes del tribunal ya indicaban que el la denuncia difícilmente prosperaría, como así ha ocurrido.
La denuncia achacaba al ministro de Transportes presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación.
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