La crisis de la vivienda entra en los ambulatorios: “No son trastornos de ansiedad, son problemas con la casa”

Primero fueron los maestros: alertaron del impacto que la crisis de vivienda tiene en sus alumnos, por extensión, en las escuelas. Ahora se suman los sanitarios: médicos, enfermeras e incluso personal administrativo denuncian que la emergencia habitacional ha entrado en los ambulatorios y relatan el empeoramiento de la salud física y mental de quienes tienen problemas de vivienda. Y no solo en los centros de salud de los barrios más vulnerables, sino que se extiende, mientras ven cómo sus propios pacientes son expulsados a barrios más periféricos. La alerta la lanzó este martes en Barcelona el colectivo Capçalera, que agrupa a personal sanitario de la atención primaria.

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 Médicos y enfermeras de atención primaria alertan en Barcelona de las consecuencias que tiene la inestabilidad habitacional en la salud mental y física  

Primero fueron los maestros: alertaron del impacto que la crisis de vivienda tiene en sus alumnos, por extensión, en las escuelas. Ahora se suman los sanitarios: médicos, enfermeras e incluso personal administrativo denuncian que la emergencia habitacional ha entrado en los ambulatorios y relatan el empeoramiento de la salud física y mental de quienes tienen problemas de vivienda. Y no solo en los centros de salud de los barrios más vulnerables, sino que se extiende, mientras ven cómo sus propios pacientes son expulsados a barrios más periféricos. La alerta la lanzó este martes en Barcelona el colectivo Capçalera, que agrupa a personal sanitario de la atención primaria.

“Los problemas de vivienda se traducen en un deterioro notable tanto en la salud mental como en la física, con mayor ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades crónicas. Además, se ven afectados los hábitos de vida, con dietas menos saludables, mayor sedentarismo y mayor consumo de alcohol y tabaco. Consecuencias que se agravan en situaciones de desahucio”, alertan los sanitarios en un manifiesto conjunto con los maestros de la plataforma 080, que remite al código postal de la ciudad. Los profesionales piden que la vivienda sea “el verdadero cuarto pilar del Estado del Bienestar” y se preguntan “cómo puede ser que, siendo un derecho básico, siga siendo una mercancía sometida a las lógicas del beneficio”.

Marcelo Covelo, joven médico de familia de 29 años que trabaja sobre todo con población del barrio del Raval, explica que llevan años detectando el impacto en barrios donde los problemas de vivienda están muy presentes, pero que la mancha se extiende territorialmente y en población. Antes eran solo familias vulnerables, ahora es más transversal. “El primer efecto que vemos es sobre la salud mental, porque se vive en una situación de estrés constante. Cuando no puedes pagar el alquiler, destinas todos tus recursos a la vivienda”, cuenta. Y continúa: “Esto afecta a los hábitos alimentarios, dejas el ejercicio físico, no tienes ganas de quedar y ver gente, te aíslas. La gente que fuma, fuma más; la que bebe, bebe más… Y todo esto tiene impacto en la salud física con descompensaciones en la tensión, el azúcar, el peso”. Lo que describe ocurre en casos no graves, como subidas de precio del alquiler o no renovaciones contrato. Cuando irrumpe la palabra desahucio y se vive entre cajas, la situación da un salto a peor: para los hábitos es fatal, hay irritabilidad, y puede aparecer ansiedad o depresión.

“Una sacudida que además va acompañada de vergüenza y culpa, porque los problemas de vivienda siguen siendo tabú, pese al trabajo que han hecho entidades como la PAH o los Sindicatos de Inquilinas”, relata Covelo. “La vivienda es el lugar donde se configura nuestra vida, donde pasan las cosas más íntimas e importantes, hablar de esto con tu entorno es complicado”. El médico explica que una de las cuestiones que reclaman es “mayor vigilancia epidemiológica activa de la problemática, porque si no se nombra, no se puede estudiar, y si no se puede estudiar, no ocurre”.

A veces tras un desahucio llega otro, sin tiempo de recuperarse”, constata un técnico de la Agencia de Salud Pública

La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) comenzó a estudiar el fenómeno en 2009 y desde 2013 tiene un grupo específico de salud y vivienda. Sus informes señalan que en casos de inseguridad residencial (desahucio o no tener contrato legal), nueve de cada diez personas presentan mala salud mental, seis veces más que la población general. En cuanto a la salud física, empeora la salud percibida, hay más enfermedades cardiovasculares y menos conductas saludables, el triple que la media. Si hablamos de niños, la agencia apunta a “niveles alarmantes de mala salud mental”: el impacto en la salud mental se traduce en 10 veces más ansiedad y depresión, problemas de desarrollo, peor salud general y mayor riesgo de sufrir maltrato que la población general.

El técnico de salud pública y coordinador del grupo de Vivienda y Salud, Juli Carrere, destaca que “el primer impacto es en la salud mental, pero que cuando se cronifica afecta también a la física”. “Y sobre todo en mujeres, que suelen ser las responsables de gestionar la situación y, si hay menores, tienen la sensación de haber fallado y no haberles podido proteger”. El experto recuerda que en muchos casos a los problemas de vivienda se suma la “coexistencia previa de otros factores estresantes: precariedad laboral, pobreza energética, inseguridad alimentaria, itinerarios migratorios”. Y recuerda que hay víctimas de desahucio que no solo lo sufren una vez: “A veces se entra en un ciclo de otro desahucio, sin tiempo de recuperarse, o viviendo en alojamientos temporales [pensiones, habitaciones], que suponen tener techo, pero no hogar, y que a menudo están lejos de su barrio y su red de apoyo”.

Una de las recetas es acudir a entidades o sindicatos de vivienda

Ante estas situaciones, ¿cómo lo abordan en consulta? “En dos direcciones, informando a los otros servicios, como el trabajador familiar o vivienda; y sosteniendo el sufrimiento, validándolo y acompañando en el proceso”, explica el médico. “Si hay necesidad también se da tratamiento, pero desde Capçalera abogamos por no patologizar estos procesos. Si recetamos un antidepresivo y un ansiolítico es un parche, porque la persona no tiene un trastorno de ansiedad, tiene un problema de vivienda”. Lo que sí despachan seguro, ante la evidencia “de la saturación de la vía institucional”, es la recomendación de acudir a entidades de vivienda o al Sindicato de Inquilinas: “El acompañamiento que hacen es muy importante para cambiar la narrativa, que la gente no se sienta culpable, se empodere y pase de un rol pasivo a activo”.

La ansiedad por la vivienda se ha extendido a todas las clases sociales”, explica una enfermera

En un centro de salud de un barrio más céntrico, la enfermera Yaiza Cano (31 años) constata “el desplazamiento de población” fruto de la crisis de vivienda. “Vemos pacientes que se han criado aquí, tienen su entorno, referentes, hijos, nietos o padres, y se marchan a la periferia o fuera de la ciudad”, relata, además de “mucha ansiedad que se ha extendido a todas las clases sociales, cuando antes los problemas de vivienda solo afectaban a la población vulnerable”. Cano cita el impacto de la falta de alquileres asequibles: “Los pacientes destinan menos recursos a alimentarse bien, poderse pagar un gimnasio donde hacer ejercicio, descansar, o tener tiempo de calidad, cuestiones que también son salud”.

Desde el Raval, la veterana enfermera Antonia Raya, celebra la irrupción del colectivo Capçalera ante una situación que describe como “insostenible” y que ha alcanzado a toda la sociedad. “El otro día participé en una comisión parlamentaria sobre integración sociosanitaria donde hablábamos de envejecer en casa… pero lo primero es tener una casa donde envejecer, hay que mirar aguas arriba”, avisa.

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