La Fiscalía europea abre otra investigación por corrupción que salpica a Marine Le Pen

Las sospechas de malversación de fondos europeos que amenazan con enterrar las ambiciones presidenciales de la líder ultra francesa Marine Le Pen no acaban. La Fiscalía Europea ha confirmado este martes que ha abierto otra investigación, esta vez sobre el uso indebido de hasta 4,3 millones de euros por parte de Identidad y Democracia (ID), el grupo que agrupó a los partidos de extrema derecha del Parlamento Europeo, incluido el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, en la pasada legislatura.

“Puedo confirmar que la EPPO ha abierto una investigación”, ha indicado una portavoz de la fiscalía europea a este diario, haciendo uso de las siglas de la agencia europea en inglés (European Public Prosecutor’s Office).

La portavoz ha declinado dar más detalles sobre las pesquisas “para no poner en peligro el resultado de la investigación”. Pero según informaron a comienzos de mes varios medios europeos, entre ellos Le Monde, el grupo ID es sospechoso de haber “gastado indebidamente” más de 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024.

De acuerdo con estos reportes, aunque la dirección de la formación ultra europea estaba en aquellos momentos dominada por la Liga del italiano Matteo Salvini, habría sido el entorno del RN, y más específicamente de la propia Marine Le Pen, uno de los principales beneficiados de los fondos presuntamente desviados: buena parte de ese dinero que ahora investiga la fiscalía europea habría ido a parar a beneficio de dos sociedades vinculadas a personas muy cercanas a la candidata presidencial ultra francesa, su exconsejero Fréderic Chatillon y su esposa. Chatillon es un amigo filonazi de Le Pen desde la juventud que también tuvo un papel clave en otro escándalo de financiación de la campaña del partido de extrema derecha francés cuando aún se llamaba Frente Nacional.

El actual presidente del RN y eurodiputado, Jordan Bardella, ha calificado la investigación de “operación de acoso” contra su formación. “No creo que nadie se engañe con este tipo de operación”, ha declarado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, según Reuters.

A la par, se ha apresurado a desvincularse de esta nueva investigación en la que está implicado el partido que lidera y que incluso podría intentar llevar al Elíseo si se mantiene la inhabilitación política de Le Pen dictada por la justicia gala a comienzos de año, precisamente tras ser declarada culpable de otro caso de malversación de fondos europeos por su partido RN.

Tras las elecciones europeas de junio del año pasado, ID se disolvió. El RN, junto al partido Fidesz del primer ministro ultranacionalista Víktor Orbán, fundó un nuevo grupo parlamentario, Patriots, que con 84 eurodiputados es actualmente la tercera fuerza en la Eurocámara, tras el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D). Vox, que hasta la legislatura pasada militaba en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), se pasó entonces a Patriots, cuya rama a nivel europeo, el partido Patriotas por Europa, preside su líder, Santiago Abascal. El grupo europeo está presidido por Bardella.

Pese a que Le Pen negó la semana pasada ya tener nada que ver con el nuevo escándalo que le acecha, esta investigación amenaza con enturbiar más aún su ya de por sí complicado futuro político. La líder de extrema derecha fue declarada en marzo culpable de malversación de fondos públicos por usar dinero del Parlamento Europeo para pagar a asistentes del RN en Francia. Además de una pena de cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes con brazalete electrónico, Le Pen recibió una fulminante inhabilitación política de cinco años, que acaba a priori con sus ambiciones de aspirar una vez más a la presidencia francesa en las elecciones de 2027.

La noticia de la nueva investigación de la EPPO ha llegado de hecho en el mismo día que el RN anunciaba que Le Pen ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pidiendo el levantamiento urgente de la ejecución provisional de la sanción de inhabilitación política para “eliminar el riesgo de vulneración grave e irremediable de sus derechos y los de los electores que constituiría la imposibilidad de presentarse a las próximas elecciones”.