La Iglesia catalana firma un convenio con Illa para ceder propiedades para vivienda social

La Iglesia catalana ha firmado este lunes un convenio con el Govern por el que se compromete a ceder propiedades a la Administración para crear vivienda social. El acuerdo, el primer acto presidido por Salvador Illa tras su baja por una osteomielitis, debe permitir aumentar el parque público de vivienda pública en los próximos años con la puesta a disposición de edificios y suelos cuya titularidad seguirá en sus manos, según fija el pacto. A la firma ha acudido el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, que ha firmado en nombre de todos los obispos y diócesis catalanas.

Las posesiones de la Iglesia han estado tradicionalmente en el punto de mira de la Administración. La tenencia de un vasto patrimonio ha planteado en múltiples ocasiones los impuestos que debía pagar o no por ellos. En esta ocasión, la Iglesia ha acordado que al menos parte de ese patrimonio se destinará a contar con más pisos sociales en plena emergencia por la vivienda en Cataluña. “La falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de la nuestra sociedad catalana, en la que casi el 25% de la población tiene algún problema de exclusión social en el ámbito de la vivienda”, ha sostenido Planellas.

El convenio fija que se creará una mesa de trabajo integrada por cinco miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconsense y otros cinco designados por la Generalitat, entre los cuatro habrá cuatro correspondientes al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, dirigido por Sílvia Paneque, y uno de la consejería de Justicia que provendrá del área de Asuntos Religiosos.

Esa mesa se reunirá, según los firmantes del acuerdo, una vez cada semestre y se encargará de convertir en vivienda pública el patrimonio que pongan a disposición las diócesis. Eso incluye cambios normativos, convenios con las partes involucradas y la vigilancia en las adjudicaciones para que vayan a colectivos vulnerables con criterios de “transparencia y equidad”.

También se creará una comisión de seguimiento del protocolo integrada por seis miembros ―tres de cada parte― y que se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de ese pacto. El convenio tiene una duración de cuatro años, pero puede ser prorrogado si las partes así lo deciden.

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