Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Mariano Rajoy (PP), ha quedado en libertad tras dictarlo la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que lo envió a prisión el pasado 29 de mayo en el marco de la Operación Borraska. La magistrada ha adoptado esta decisión una vez que el fiscal lo ha solicitado este mismo jueves, atendiendo a que la Comisaría General de Información de la Policía había confirmado que las pruebas en haber de Martínez no corrían peligro de desaparición o destrucción.
La instructora acuerda la medida porque no hay riesgo de destrucción de pruebas
La instructora acuerda la medida porque no hay riesgo de destrucción de pruebas


Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Mariano Rajoy (PP), ha quedado en libertad tras dictarlo la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que lo envió a prisión el pasado 29 de mayo en el marco de la Operación Borraska. La magistrada ha adoptado esta decisión una vez que el fiscal lo ha solicitado este mismo jueves, atendiendo a que la Comisaría General de Información de la Policía había confirmado que las pruebas en haber de Martínez no corrían peligro de desaparición o destrucción.
El abogado de Martínez había pedido este martes la excarcelación de su cliente. La defensa del ex número dos del Ministerio del Interior, que ingresó en prisión provisional el pasado jueves por su vinculación con una supuesta red de blanqueo y compraventa de datos robados, alegó que las imputaciones contra su cliente no “superan el universo de la especulación y de la sospecha”; y, además, niega que exista un riesgo de destrucción de pruebas, como argumentó la magistrada María Tardón al decretar su reclusión. “Todo son generalidades y un relato tan pomposo como artificial”.
Martínez fue detenido el 27 de mayo en el marco de la Operación Borraska, durante la que también se arrestó al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec; al youtuber Álvaro Martín (capturado en Andorra); y a un supuesto socio, Adrián Molina. Dos días después, la jueza Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, ordenó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos en España por conformar parte de una supuesta “organización criminal” dedicada al robo de datos confidenciales mediante complejos ciberataques, para la posterior venta de la información sensible en el mercado negro y el blanqueo de los beneficios a través de una estructura societaria creada ad hoc.
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