Tras siete años de investigación, la titular del Juzgado número 3 de Valencia, Pepa Tarodo, ha acordado el sobreseimiento parcial de una de las siete derivadas de la macrocausa del denominado caso Azud, que investigó una presunta trama de cobro de comisiones y sobornos vinculada a la adjudicación de contratos y financiación de campañas. Las pesquisas indagaron a cargos del PSPV-PSOE, como a su extesorero de finanzas José Cataluña, y a empresarios como al castellonense Enrique Gimeno. La instructora ha decidido finalmente el sobreseimiento de las imputaciones de Cataluña y Gimeno después de que la Fiscalía emitiera un informe que concluía que sus presuntos delitos –entre los que figuraba la financiación irregular de campañas- estaban prescritos, según el auto.
Pepe Cataluña estaba investigado en una derivada de la macrocausa que indagaba el cobro de comisiones y la financiación de campañas electorales
Pepe Cataluña estaba investigado en una derivada de la macrocausa que indagaba el cobro de comisiones y la financiación de campañas electorales
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Tras siete años de investigación, la titular del Juzgado número 3 de Valencia, Pepa Tarodo, ha acordado el sobreseimiento parcial de una de las siete derivadas de la macrocausa del denominado caso Azud, que investigó una presunta trama de cobro de comisiones y sobornos vinculada a la adjudicación de contratos y financiación de campañas. Las pesquisas indagaron a cargos del PSPV-PSOE, como a su extesorero de finanzas José Cataluña, y a empresarios como al castellonense Enrique Gimeno. La instructora ha decidido finalmente el sobreseimiento de las imputaciones de Cataluña y Gimeno después de que la Fiscalía emitiera un informe que concluía que sus presuntos delitos –entre los que figuraba la financiación irregular de campañas- estaban prescritos, según el auto.
El sobreseimiento parcial por prescripción acordado por Tarodo llega pese a que, durante la fase de instrucción, en 2022, el que fuera gerente del PSPV-PSOE Francisco Martínez declarara ante la jueza que la constructora Gigante de Edificaciones y Obras pagó gastos a los socialistas en 2007 y señalara a Cataluña como autor de un desvío de facturas que, finalmente, acabó abonando la empresa.
La UCO de la Guardia Civil, por su parte, también apuntó a Enrique Gimeno por hacerse cargo, a través de su compañía Facsa, del pagó de 70.000 euros de gastos electorales de la campaña de 2008. El empresario es autor confeso de la campaña de la financiación irregular del PP.
La magistrada también ha archivado las imputaciones de una decena de investigados en el caso, entre los que se encuentran el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entre 2004 y 2011 -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica-, Juan José Moragues; y el exconsejero delegado de Aguas del Júcar José Antonio Marugán. La instructora, tras asumir un informe de la Fiscalía, decreta el sobreseimiento provisional porque -según el Ministerio Público- “no ha quedado acreditada la participación en los hechos de los investigados”.
El caso Azud se enmarca en una macro causa, que investigó la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos públicos entre 1999 y 2013 otorgados por PP y PSOE. Las pesquisas rastrearon las mordidas cobradas supuestamente por el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau, del PP, quien, según la UCO, percibió dos millones de euros en comisiones. También indagó al cuñado de la exalcaldesa (ya fallecida) Rita Barberá, el abogado José María Corbín. La instructora ha indagado la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental por la que han llegado a estar imputados medio centenar de empresarios, dirigentes autonómicos del PP y escargos del PSPV-PSOE
El pasado 30 de julio, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación a Grau por el denominado caso Taula, que rastreó una trama de corrupción política y financiación irregular del PP.
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