Seis claves para no perderse en este momento relevante para las pesquisas contra el empresario Alberto González Amador, imputado en dos líneas de investigación
El caso contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegará el 18 de agosto a un hito relevante. Ese lunes, según fuentes judiciales, se retira la magistrada Inmaculada Iglesias, que ha llevado la investigación durante 16 meses. Iglesias se jubila voluntariamente a los 65 años —un magistrado puede permanecer en activo hasta los 72— y la titularidad del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid será asumida previsiblemente por Antonio Viejo, si se confirma su nombramiento por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El madrileño Viejo, que esta semana cumplirá 66 años y lleva 35 en la judicatura, asume uno de los casos más mediáticos por el impacto en la presidenta Ayuso, quien lleva todo este tiempo defendiendo que ella y su pareja son víctimas de una cacería política. Iglesias le dejará al juez entrante un asunto dividido en dos procedimientos, uno muy avanzado por un presunto fraude fiscal, que está a punto de llegar a la fase final de juicio, y otro en ciernes, por un posible soborno.
Dada su relevancia, cada movimiento procesal es noticia. Y esto hace fácil perderse. Estas son algunas cuestiones para comprender hacia dónde va la investigación que ha perseguido a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 12 de marzo de 2024.
La jueza se va. ¿Qué sucede?
Viejo ha ganado un concurso de traslado convocado por el CGPJ que se decidía por el único criterio de la antigüedad en la carrera, pero aún no se ha hecho oficial porque cabe recurso de los magistrados que habían optado a la plaza. Con todo, en estos casos, el proceso raramente suele verse alterado. Se calcula que su nombramiento saldría publicado en septiembre en el BOE y, tras esto, tendrá ocho días para incorporarse.
La ley prevé mecanismos para llenar ese vacío de semanas en el juzgado 19 entre la salida de Iglesias y la incorporación de Viejo. Todos los jueces tienen asignado de antemano un juez sustituto para asumir temporalmente esos órganos vacantes. En este caso es otro compañero de los juzgados de Plaza de Castilla, Javier Ignacio Reyes, titular del 46. Puede darse el caso de que ese juez esté de baja o que su agenda se solape, advierten fuentes judiciales, que añaden que entonces el decanato echaría mano de la bolsa de jueces voluntarios.
¿Quién es Antonio Viejo?
Antonio Viejo es un histórico de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las principales agrupaciones judiciales, a la que se suele situar en un punto intermedio entre la más conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria, y la más progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
Comenzó su carrera en Badalona (primera instancia), y pasó por Barcelona (instrucción) y Segovia (social) antes de llegar a la capital, donde fue decano de los Juzgados de Plaza de Castilla, entre 2014 y 2018, y secretario general en el Ministerio de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez —siendo ministra Dolores Delgado—. Este último es un cargo que varias fuentes consultadas describen como técnico, con poco contenido político. Es como un enlace entre el Ministerio y la carrera judicial. Desempeñó este puesto durante un año y siete meses, hasta febrero de 2020. Desde 2021, tiene destino en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid.
Este nuevo puesto pudiera parecer un paso atrás en su carrera, pero hay que considerar que los puestos de juez en Plaza de Castilla son muy codiciados para los magistrados por sus altos salarios, debido a que se pagan incluso mejor que cargos en algunas instancias superiores.
¿Puede González Amador apartar a Viejo?
La ley permite a las partes recusar a un juez, es decir, solicitar que se retire de un asunto si aprecian que incurre en conflicto de interés. En este caso, fuentes judiciales no descartan que Alberto González Amador lo haga, atendiendo a cómo ha basado su defensa en presentarse como víctima de una causa política. Así, cabe la posibilidad de que cuestione la parcialidad del juez argumentando que trabajó para el Gobierno de Pedro Sánchez. Su abogado Carlos Neira no ha contestado a este periódico si lo hará.
Las recusaciones previstas en la ley se basan en motivos como vínculos familiares, amistades o haber ocupado cargos públicos relacionados con el asunto a juzgar. Cuando se abre un incidente de recusación, se designa un juez instructor y el asunto puede dilatarse “mínimo un año”, asegura una fuente que conoce bien los juzgados de Plaza de Castilla. En este caso resolvería el tema una de las 15 secciones penales de la Audiencia Provincial. La ley también contempla la posibilidad de que el propio juez se abstenga voluntariamente si reconoce ese conflicto de interés.
En caso de que Viejo sea apartado, el juez sustituto sería Javier Ignacio Reyes, el titular del 46 de instrucción de Madrid. Hasta hace poco fue decano de los juzgados de Alcalá de Henares. Fuentes judiciales califican a Reyes de conservador, pero la asociación mayoritaria no ha querido responder si es uno de sus miembros. El año pasado, antes de marcharse a Plaza de Castilla, tomó una decisión polémica que convenía a la alcaldesa del PP, Judith Piqué. En mayo de 2024, la regidora había promocionado su gestión durante la campaña de las europeas, algo vetado en periodo electoral. El PSOE lo denunció y la Junta Electoral Provincial ordenó que la Junta Electoral de Zona, presidida por este juez, la sancionara. Sin embargo, Reyes se opuso. El PSOE ha puesto una demanda en un juzgado de lo contencioso.
Varias fuentes judiciales consultadas opinan que no debería prosperar esa posible recusación de Viejo. La jueza Natalia Velilla considera que la participación de ese magistrado en un puesto técnico del Gobierno de Sánchez no contamina su neutralidad. “Si aceptamos eso, habría que recusar a todo el mundo que manifestase cualquier opinión o ideología”, dice esta jueza, conocida por su labor didáctica sobre la justicia. “Entiendo que desde el punto de vista periodístico se vea con la lente de la polarización, y todo el mundo esté etiquetado, pero desde el punto de vista jurídico ese argumento es muy, muy, muy peregrino. Los jueces no funcionamos así”.
¿En qué punto está la investigación?
Alberto González Amador, dueño de dos consultoras de estándares de calidad, fue investigado por la Agencia Tributaria entre mayo de 2022 y enero de 2024 por un presunto fraude fiscal en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. El expediente reunía dos requisitos que hacían obligatorio su envío a la Fiscalía: más de 120.000 euros defraudados, el umbral del delito contra la Hacienda Pública, y una supuesta voluntad de delinquir (dolo).
La Fiscalía asumió las conclusiones de Hacienda y en febrero remitió su denuncia a los juzgados de instrucción de Madrid. El ministerio público valoró que se habían cometido dos delitos de fraude fiscal por un total de 350.910 euros en concurso con otro de falsificación de documento mercantil (por el uso de facturas falsas para simular gastos que permitieran reducir la cuota a pagar). Amador supuestamente usó 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros.
Por turno de reparto, el asunto recayó en marzo del año pasado en la jueza Iglesias, quien ha llevado la instrucción hasta el 28 de mayo de este año, cuando procesó a Amador. Ese es el paso previo al envío del caso a un órgano juzgador, que en este caso será la Audiencia Provincial. Ese juicio se celebraría, previsiblemente, en cuestión de unos meses.
Paralelamente, la jueza abrió una segunda línea de investigación tras apreciar en el expediente de Hacienda indicios de otros delitos. Las sospechas se centran en un supuesto soborno de casi 500.000 euros en 2020 al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que lleva años contratando a las consultoras de Amador. En esta pieza separada, la jueza Iglesias ha citado los posibles delitos de corrupción en los negocios (soborno empresarial) y administración desleal (daño a un patrimonio administrado).
¿A qué penas se enfrenta?
Amador se arriesga a la cárcel. Sus opciones se complicaron mucho en marzo, cuando la Audiencia Provincial abrió el camino al segundo procedimiento contra él. Su problema reside en que los jueces pueden eximir a un condenado de ir a prisión si no tiene antecedentes penales, pero esa posibilidad desaparecería si es hallado culpable en las dos piezas.
El Código Penal castiga el fraude fiscal con prisión de entre uno y cinco años. En este caso, Amador cometió presuntamente dos delitos de fraude, uno por cada ejercicio fiscal investigado (2020 y 2021). En cuanto a la falsedad en documento mercantil, es sancionada con cárcel de entre seis meses y tres años.
Las partes han enviado a la jueza sus escritos de conclusiones en la causa por los delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicitó el 16 de julio tres años, nueve meses y un día de cárcel para Amador y multa de 623.000 euros. La Abogacía del Estado hizo lo propio este lunes. Pidió la misma pena de prisión y una multa de 448.000 euros. Y PSOE y Más Madrid solicitaron este jueves cinco años de cárcel.
En la segunda causa, aún en instrucción, los delitos son la corrupción en los negocios que contempla prisión de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, con cárcel de seis meses a tres años.
¿Qué alega Amador?
Su defensa ha dado un bandazo en la pieza original, la del fraude. Inicialmente admitió su culpa y su voluntad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para recibir a cambio una condena menor. Se ha hecho famoso su correo del 2 de febrero al fiscal del caso en el que su abogado, Carlos Neira, admitía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Ese pacto estuvo a punto de ser una realidad en junio de 2024, pero la jueza lo paró a petición de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, que creían inadecuado cerrar de esa forma el caso porque apreciaban otros delitos. Esa pretensión prosperó y derivó en la apertura de la pieza separada.
Tras esto, Amador no ha retomado las negociaciones de pacto y ha defendido su inocencia en ambas piezas. Ha recurrido a la Audiencia Provincial su procesamiento por fraude fiscal, alegando indefensión porque no se habían practicado pruebas solicitadas. La jueza las denegó reprochándole que solo pretendía dilatar el proceso y que los indicios de que usó facturas falsas para pagar menos son “claros”.
En cuanto al posible soborno, el caso versa sobre si Amador le hizo un pago indebido a un ejecutivo del grupo sanitario Quirón de forma camuflada. La operación bajo lupa se produjo en diciembre de 2020, cuando Amador compró a la esposa del ejecutivo una empresa que, según los indicios recabados por la jueza, no valía esos 500.000 euros. La dueña es una farmacéutica, Gloria Carrasco, que había montado años antes otro negocio paralelo de estética, Círculo de Belleza SL.
La empresa carecía de trabajadores o activos, pero Amador aduce que Círculo contaba con un contrato que le iba a permitir desarrollar un proyecto para que las farmacias ofrecieran una atención segura en tiempos de covid. No obstante, tras adquirir Círculo, Amador nunca desarrolló ese supuesto plan y, en su lugar, usó esa sociedad para simular operaciones con su otra empresa de consultoría, Maxwell SL, y así pagar menos impuestos, según concluyó Hacienda.
Las acusaciones sostienen que la verdadera razón de esa compra pudiera ser el pago de una comisión oculta al esposo de la farmacéutica, Fernando Camino, que es el ejecutivo de Quirón que desde 2017 ha contratado a Maxwell, la principal consultora de Amador.
Es muy llamativo que la compra de Círculo en diciembre de 2020 se produjo meses después de que Amador recibiera unos ingresos extraordinarios de 1,9 millones de euros por intermediar en una operación de venta de mascarillas también relacionada con Camino. El ejecutivo de Quirón es consejero de Mape, la empresa compradora de los cubrebocas.
La acusación sospecha que meses después de ese “pelotazo”, Amador devolvió el favor a Camino de forma soterrada, comprando por un precio desproporcionado la empresa de su mujer. Los indicios de que esa era su intención se ven reforzados por una operación previa entre Camino y su esposa. En septiembre de 2020, el ejecutivo vendió su participación del 20% en Círculo a su mujer por un precio muy inferior al que tres meses más tarde ella se lo revendió a Amador, quizás para eliminar pruebas del verdadero propósito de esa compra. La unidad especializada en delitos complejos de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), está examinando este posible soborno.
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